La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solo tiene bien ubicado el contrato que celebró en abril de 2019 con la empresa Comercializadora Antsua –que tenía la representación para vender en México la tecnología de la empresa NSO Group, desarrolladora del spyware Pegasus–, sino tiene muy presentes los 139 millones 199 mil pesos que entregó a esa compañía entre mayo y diciembre de 2019.
- Los montos desglosados aparecen en una nota informativa de la Sedena, obtenida por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y compartida a Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias; se trata de un documento que la dependencia envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en agosto de 2021, cuando el organismo fiscalizador investigaba una operación irregular entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y Comercializadora Antsua, la cual determinó que la empresa y la dependencia desviaron al menos 324 millones de pesos.
En ese documento, firmado por Jaime Efraín Tinoco Miranda –el enlace de la dependencia con la ASF–, la Sedena recalcó que suscribió el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, por el cual realizó 8 pagos de entre 15 y 30 millones de pesos. Sin embargo, la Sedena indicó a la ASF que no le entregaría la copia del contrato, con el pretexto de que la información se encuentra “reservada como asunto de seguridad nacional”.
- A pesar de este precedente, el pasado 11 de noviembre de 2022, más de un año después de ese correo, la Sedena aseveró, en respuesta a una solicitud de información que presentó R3D, que “después de realizar una exhaustiva búsqueda” en sus archivos, no localizó “expresión documental que atienda” la solicitud, por lo que declaró la inexistencia de la información.
- Esta respuesta no es sorprendente, pues a lo largo de la administración actual las dependencias han abusado de ella, empezando con la propia oficina de López Obrador: de manera muy regular, la Presidencia de la República responde a solicitudes de información con el mismo machote, llegando a menudo a niveles absurdos, como cuando afirmó que no tenía la lista de empresarios que acudieron a Palacio Nacional para comprar “cachitos” de la llamada rifa del avión presidencial.
Más allá de eso, la negativa de la Sedena exhibe, una vez más, que no tiene ninguna intención de cumplir con la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 5 de octubre de ese mismo año prometió que se daría a conocer toda la información sobre este contrato.
- López Obrador lleva años asegurando que su gobierno ya no utiliza el spyware Pegasus, que la administración de Enrique Peña Nieto usó para espiar a cientos de periodistas, activistas y opositores políticos.
- Pero a principios de octubre de 2022, Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) documentaron que una agencia de gobierno de la administración de López Obrador utilizó Pegasus para intervenir los teléfonos de por los menos dos periodistas, un defensor de derechos humanos y un opositor político.
La investigación periodística, bautizada #EjércitoEspía, ya señalaba que la Sedena había ocultado en varias ocasiones la existencia de ese contrato por un «servicio de monitoreo remoto de información» con Comercializadora Antsua, empresa que en aquel entonces tenía la representación para vender la tecnología de NSO Group en México, incluyendo Pegasus.
Después de la investigación, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, trató de demeritar la revelación, al aseverar que “lo único que informa realmente (la investigación) es que Sedena contrató un servicio de monitoreo remoto de información a una empresa particular, además, sin incurrir en ninguna ilegalidad”.
- De hecho, el pleno del INAI ordenó ayer a la Sedena que vuelva a buscar en sus archivos y entregue el contrato al solicitante –en este caso, R3D–, bajo el argumento de que la dependencia “no realizó una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, y existe información pública oficial y notas periodísticas que dan cuenta de la celebración de los contratos solicitados (…) es claro que sí cuenta con la información requerida”.
- Durante la sesión, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas recalcó que el Ejército suele “dar a entender que todo lo que toca, todo lo que le corresponde es hermético, y que desde esta perspectiva está todo imantado de Seguridad Nacional; y eso naturalmente no es, ni es posible, ni es dable”.
De acuerdo con Acuña, las instituciones de seguridad abusan del concepto “amplio y elástico, cada vez más grande de seguridad nacional”, pues recordó que “la seguridad nacional es una excepción a la regla de la información como un asunto público”, y en este caso “se comprobó que Pegasus había sido un arma para perseguir y para espiar”.
Exponen conversación con medios
El pasado 4 de marzo de este año, un análisis forense realizado por Citizen habría revelado que el teléfono de Ramos fue infectado por este programa entre el 16 y 18 de agosto y el 18 y 19 de agosto de 2020, mismo periodo en que esta casa editorial hizo pública la presunta ejecución de tres jóvenes en Nuevo Laredo.
- En ese periodo el Gran Diario de México público la autopsia de los jóvenes asesinados, luego de que soldados los confundieran presuntamente con miembros de la delincuencia organizada y se registraran 12 personas muertas después de un enfrentamiento, desmintiendo la versión oficial de la Sedena quienes asegurarón por medio de un comunicado de prensa emitido el pasado 17 de agosto del 2020, que los jóvenes asesinados habían sido secuestrados.
- Ramos apoyo a las familias afectadas quienes iniciaron un proceso de denuncia ante la fiscalía estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el apartado titulado como “información”, se da cuenta del resultado del espionaje, con la información sobre seis comunicaciones telefónicas de Ramos con tres periodistas. “El 14 y 15 de julio, Ramos envió a una periodista una publicación de Twitter y un comunicado de prensa sobre la muerte de 3 civiles atribuida a militares, sin que la comunicadora le tomara importancia”, dice el documento.
Mientras que “el 17 de agosto de 2020 envió a un periodista del periódico EL UNIVERSAL, un video sobre la agresión del 3 de julio de 2020, para su edición y posterior difusión, dejando pendiente la probable entrevista a Ramos Vázquez y publicación, para retomar otras 5 quejas que ha interpuesto en contra de las autoridades que no han sido atendidas y difundidas por los medios de comunicación”, se lee en el reporte de la Sedena.
- En el siguiente punto, mencionan otra comunicación con una periodista del equipo de Denise Maerker, el 18 de agosto de 2020, donde le envió vía a Telegram “imágenes de la denuncia interpuesta por Raúl Tercero, por la supuesta muerte de su hijo Damián Genovés Tercero”.
- Fue hasta el 26 de agosto del 2020 cuando Ramos envió a un periodista y colaborador del diario El País las declaraciones del personal militar que participó en los hechos del 3 de julio. El reporte de inteligencia militar número 2001-1661, fue hallado entre los millones de archivos de la Sedena que fueron hackeados por el grupo Guacamaya en octubre del año pasado.
El informe secreto, indicó que los motivos de esta intervención se deben a que el Ejército dice que Raymundo Ramos trabaja para el “Cártel del Noreste”, aunque no ofrece evidencia alguna y solo describe sus comunicaciones privadas con víctimas y periodistas.
Estas irregularidades muestran que el objetivo del espionaje a Raymundo Ramos y los periodistas con los que se comunicaba fue «interferir ilegalmente» en las investigaciones acerca de los abusos militares del 3 de julio de 2020.
Los nuevos hallazgos filtrados por el colectivo Guacamaya se suman a una serie de evidencias que detallan que la Sedena utilizó el programa de espionaje que legalmente no puede operar en el país.
En tanto, el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que no existe registro de ninguna autorización judicial para intervenir las comunicaciones privadas de Ramos.
Sedena oculta espionaje
En julio de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe acerca de sus pesquisas para esclarecer el caso Ayotzinapa. En su entrega final, el GIEI señaló al Ejército como el principal obstáculo para la búsqueda de verdad y justicia, debido a sus constantes obstaculizar el acceso a información valiosa para la investigación.
- Uno de los ejemplos claves es el encubrimiento de la participación del Centro Militar de Inteligencia, una estructura interna secreta de espionaje del Ejército. De acuerdo con el informe, el GIEI recibió numerosos documentos de inteligencia con las siglas C.M.I. Al cuestionar a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre su significado, la dependencia contestó que se referían al concepto contenido mediático de información.
- No obstante, el GIEI no identificó ningún otro archivo clasificado como contenido mediático de información, pero sí numerosas referencias al Centro Militar de Inteligencia como una instancia.
En una de ellas, el C.M.I. es identificado como “un organismo de carácter circunstancial dedicado al desarrollo e investigación de tecnología para apoyar las operaciones militares”, lo que el GIEI cuestiona porque “significaría que es una institución sin continuidad en sus tareas o que estas serían solo en un determinado momento o que se cumplirían por otros organismos, cosa que no responde a la realidad”.
- En informe del GIEI también cita a un testigo protegido que proporcionó documentos y testimonio acerca del funcionamiento del C.M.I. El testigo relata que el Centro no solamente hacía intercepciones telefónicas y de mensajería, sino que estas actividades siguen realizándose en la actualidad.
Así mismo, el testimonio señala que el Centro Militar de Inteligencia resguardó toda la información relativa a los hechos en Iguala sobre el caso Ayotzinapa y que esta información “fue ocultada al GIEI y a la UEILCA [Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa] debido al involucramiento de personal militar y a que el ejército no está facultado para realizar actividades de monitoreo e intervención de llamadas”.
El testigo también refiere que el C.M.I. utilizó el malware Pegasus para intervenir los teléfonos de varios integrantes de Guerreros Unidos, como ha sido previamente sostenido tanto por la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa como por el propio GIEI.
- De acuerdo con documentos internos de la SEDENA, revelados en la investigación Ejército Espía, el Centro Militar de Inteligencia es una dependencia secreta cuyo objetivo es aportar “productos de inteligencia que se generen de la información obtenida por medios cerrados”, es decir, a través de intervenciones de comunicaciones privadas, sin que las Fuerzas Armadas tengan facultades legales para dichas tareas.
- Esta instancia sería la responsable del espionaje ilegal en contra del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con la finalidad de acceder e interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según una tarjeta informativa elaborada por el propio C.M.I.
Además, el Centro Militar de Inteligencia ha sido identificado como el usuario final (operador) del “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” que adquirió la SEDENA a través de Comercializadora Antsua, empresa designada con los derechos exclusivos para la venta de Pegasus al Ejército. Así mismo, la SEDENA es la única dependencia que actualmente cuenta con este malware en el país, de acuerdo con The New York Times.
El C.M.I. fue concebido durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y se mantuvo operativo durante la administración de Enrique Peña Nieto, como confirman las evidencias mostradas por el GIEI y la COVAJ. Actualmente, el Centro Militar de Inteligencia opera desde el Campo Militar No. 1 y ha incrementado su número de elementos en el sexenio actual, llegando a 619 militares en 2021, de acuerdo con una investigación de Proceso.
Ejército espío a Alejandro Encinas
Alejandro Encinas fue víctima del espionaje del Ejército a través del programa espía israelí Pegasus. Una investigación del diario estadounidense The New York Times revela que el teléfono celular del funcionario fue hackeado por órdenes de los militares, que tuvieron acceso a toda su información digital, incluidas conversaciones de WhatsApp, imágenes, audios y correos electrónicos. El periódico, que cita a cuatro fuentes que han conocido el espionaje, asegura que un análisis forense independiente confirmó el hackeo.
- El reportaje revela que el espionaje contra Encinas se ha realizado mientras el funcionario llevaba a cabo investigaciones sobre supuestas violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas armadas. A pesar de la estrecha amistad que Encinas tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario es la principal voz crítica contra el Ejército dentro del Gobierno.
- Encinas ha señalado a los militares de estar involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y también los ha acusado de cometer “ejecuciones” contra civiles desarmados y otros abusos.
- “La licencia de Pegasus está permitida solo a agencias del Gobierno, y aunque no hay pruebas definitivas sobre cuál es la que realizó el hackeo al celular de Encinas, el Ejército es la única entidad en México que tiene acceso al programa espía, según cinco personas con conocimiento de los contratos. De hecho, el ejército mexicano ha infectado más celulares con esa tecnología que cualquier otra instancia gubernamental en el mundo”, describe el Times.
Las fuerzas armadas de México han estado en el centro de las críticas por el uso que han hecho del programa espía israelí contra voces críticas. Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló en octubre pasado que el Ejército compró el software Pegasus en 2019 para espiar a activistas y periodistas bajo la Administración de López Obrador.
Según las averiguaciones de R3D, al menos un activista y dos periodistas han encontrado en sus teléfonos evidencia del rastreo a su información personal. Además, en abril, otra investigación de Citizen Lab, R3D, Social TIC y Artículo 19 hizo público que una dependencia del Estado mexicano infectó los teléfonos de dos de los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
También han sido espiados el candidato a consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Netsaí Sandoval; el activista Raymundo Ramos, quien fue espiado para interferir en una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales; y al menos cuatro trabajadores de la Defensoría Pública de México, el órgano que otorga un abogado de oficio a quien lo necesite.
- El presidente López Obrador ha salido en defensa del Ejército y ha dicho que los militares no hacen espionaje con Pegasus a periodistas y activistas. El mandatario es un férreo defensor de las fuerzas armadas, a las que le ha entregado la ejecución y administración de importantes proyectos de infraestructura, cuya construcción, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, suman miles de millones de pesos.
- López Obrador admitió en marzo que el Ejército ha usado el sistema Pegasus “para hacer investigación, no espionaje” y afirmó que en ello no hay ilegalidad. “Es importante que el Instituto de Inteligencia haga una investigación para no usar la fuerza”, dijo el presidente.
Debido a las denuncias de un mal uso de Pegasus por parte del Ejército, el Instituto de Transparencia ha obligado a las fuerzas armadas a publicar los contratos por el sotfware espía. El organismo ha ordenado a la Sedena a que entregue toda la información sobre el uso del malware durante el sexenio de López Obrador.
- El reportaje de The New York Times sobre el espionaje a Encinas revela que la NSO, la empresa israelí que ha desarrollado el software, investiga si el uso de Pegasus en México violó las normas del Ministerio de Defensa israelí, que otorga licencias de venta de programa espía a agencias gubernamentales bajo la condición de que la herramienta sea usada para combatir la delincuencia grave y el terrorismo.
“Si NSO confirma que Encinas y los demás fueron atacados sin motivo legítimo, la empresa podría cancelar de inmediato el acceso del ejército mexicano a Pegasus”, advierte el Times. Hasta ahora, ni Encinas ni el ejército se han pronunciado sobre la investigación del diario estadounidense./Agencias-PUNTOporPUNTO
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