México atraviesa una profunda crisis de seguridad, principalmente por el debilitamiento del Estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local, lo que afecta gravemente los derechos humanos de la población, advierte un informe de las relatorías sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por dicha crisis, exponen los relatores David Kaye y Edison Lanza en el reporte final sobre su visita al país, los periodistas mexicanos son blanco de homicidios, secuestros, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas cibernéticas, tortura, así como agresiones físicas y psicológicas.
«Uno de los aspectos centrales de la crisis es el debilitamiento del Estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país, que facilita y, al mismo tiempo, se ve exacerbada por homicidios, desapariciones y torturas», expone el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y cuya versión obtuvo REFORMA.
- «La delincuencia organizada se ha infiltrado en la vida pública del país, sobre todo a nivel de los estados y los municipios, conforme lo transmitieron decenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y organizaciones no gubernamentales».
- Los relatores Kaye, de la ONU, y Lanza, de la CIDH, realizaron una visita oficial a México entre noviembre y diciembre del año pasado.
- Según su análisis final, tanto delincuentes como autoridades públicas intentan cooptar a periodistas para sus propios fines y coaccionarlos para que difundan información que les favorezca.
En ese sentido, refieren que en el actual proceso electoral los periodistas actúan en medio de intereses contrapuestos y es posible que se conviertan en blanco de amenazas y agresiones físicas, tanto por parte de actores políticos como de actores no estatales.
- Al referirse a la Ley de Comunicación Social, bautizada por la sociedad civil como «ley chayote», los relatores se dicen preocupados porque la legislación no establece normas claras sobre sus objetivos, criterios y procedimientos de asignación de publicidad, lo que deja un amplio margen de discreción y abuso de las autoridades.
- «Los recursos para publicidad oficial deberían asignarse en función de criterios preestablecidos, claros, objetivos y transparentes», plantean los expertos.
- «(Así como) hacer cumplir la obligación jurídica de publicar de manera proactiva información relevante sobre criterios de contratación, motivos para la asignación presupuestaria, gastos y contratos de publicidad de entidades públicas».
Los relatores también piden derogar la Ley de Seguridad Interior, realizar una investigación independiente por el uso del software espía Pegasus y fortalecer la protección de periodistas./ CON INFORMACIÓN DE REFORMA
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
