El Informe de Riesgos de Compras (IRC) 2023 reveló que las compras públicas del Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador mantienen prácticas de riesgo, especialmente en cuanto a la falta de transparencia, de acuerdo con un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
- Una de las malas prácticas identificadas es la publicación tardía de los contratos, donde las instituciones registran sus acuerdos semanas o incluso meses después de su inicio. Esto impide que se pueda consultar el proceso de manera completa desde el principio y dificulta el uso eficiente de la plataforma Compranet como una herramienta transaccional.
- Además, se encontró que las instituciones tienen la capacidad de editar de forma continua la información de contratos de años anteriores.
- Esta práctica afecta negativamente el análisis de riesgos y la rendición de cuentas, ya que no se puede tener un registro fiable y constante de las transacciones realizadas, resaltó MCCI. La organización detectó que 3 de cada 10 concursos registrados en Compranet incumplieron con la ley de contrataciones en materia de publicación de documentos.
Se trata de “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por un millón 89 mil 280 pesos en las obras de mantenimiento y rehabilitación de dos de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es lo que arrojó el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentado el viernes 30 de junio, conviene recordar.
- El proyecto ‘Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R’ del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue creado para dar mantenimiento a esas dos pistas del Benito Juárez.
- Para dicho proyecto, tan sólo en el año 2022 se destinaron más de 309 millones de pesos, según datos encontrados en el informe de la ASF. En la elaboración de dicho informe, la Auditoría Superior de la Federación revisó cuatro contratos, uno de obra pública y tres de ellos de servicios relacionados con la anterior.
En el apartado de los tres pagos irregulares realizados durante el ejercicio fiscal 2022, la causa es la misma según el informe: “Falta de supervisión de la ejecución de los trabajos”.
- Durante 2021 se dejaron de ejercer más de 15,498 millones de pesos en medicamentos y atenciones médicas a habitantes sin seguridad social laboral, por diferentes inconsistencias detectadas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como en el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), publicó La Silla Rota en febrero de este año.
- La posible corrupción detectada, incluye el subejercicio de recursos, pagos y prestaciones laborales sin justificar, así como compra de medicamentos a sobrecosto o pago a proveedores sin justificar.
La revisión al “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013)” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), menciona que la falta de recursos equivale una reducción del 24.6% del total de los fondos que se tenía presupuestados.
Fracasa experimento con compras públicas
La Secretaría de la Función Pública (SFP) retomará la rectoría de las compras públicas del Gobierno federal, luego de los intentos fallidos de la Cuarta Transformación de utilizar a las Fuerzas Armadas, Naciones Unidas y Hacienda para consolidar las adquisiciones, algo que generó opacidad en la materia, de acuerdo con especialistas y ONG.
- El principal ensayo fue en la compra de medicamentos e insumos médicos para todos los hospitales públicos del país: IMSS, Issste, Defensa Nacional, Marina, Pemex e Insabi.
- Al respecto, Alejandro Martínez, experto de la Universidad La Salle, dijo que el Gobierno federal debió respetar lo establecido originalmente en la ley para los procesos de contratación.
“Sería algo muy bueno que las compras fueran bajo las reglas y no quedarán en el oscurantismo” y señaló que limitar las adquisiciones como en una compra consolidada, da pie a que no haya claridad ni transparencia en los procesos.
- La administración de Andrés Manuel López Obrador firmó el 31 de julio de 2020 un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para que fuera el intermediario en la consolidación de adquisición de todos los fármacos.
- En febrero pasado, el Gobierno mexicano y la Unops anunciaron el fin del proyecto de compras de medicinas consolidadas bajo su intermediación, con una cifra superior a los 43 mil millones de pesos de inversión y una comisión que se entregó a la agencia internacional de 2 mil millones de pesos, según declaraciones públicas de la agencia.
Al respecto, el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) alertó que la política de compras consolidadas, en la que además de la Unops, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la que llevó la administración de las compras, generó “retrocesos importantes en materia de transparencia y acceso a los datos mínimos sobre los bienes adquiridos”.
- En octubre de 2022, el IMCO publicó un análisis en el que señaló que “la falta de planeación en el modelo de contrataciones genera incertidumbre sobre la efectividad de los procesos de adquisición de medicamentos y material de curación, e impacta en el suministro y calidad de las compras de salud”.
- A su vez, en el libro La Importancia del Combate a la Corrupción, editado por la UNAM en 2021, existe un capítulo dedicado a la política de compras consolidadas del actual Gobierno, en el que señala que se dio la rectoría de ese proceso a la Oficialía Mayor de Hacienda, en 2019, y la mayoría de compras se asignaron por adjudicaciones directas.
Respecto a la actuación de la Unops, el documento señala que hubo retrasos “en las licitaciones internacionales, lo que está impactando en la escasez de medicamentos en los hospitales, con la consecuente afectación e inconformidad de los usuarios”.
Insabi, el otro fracaso
Además de la eliminación del proceso con Naciones Unidas, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) funcionó por casi tres años y fue eliminado para dar paso al Imss-Bienestar, lo que resultó en otro experimento fallido, pues el Insabi fue creado para reemplazar al Seguro Popular.
- En el informe de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó que las compras consolidadas mediante la Unops solo permitieron adquirir 30% de las claves de medicinas, por lo que el Insabi tuvo que adjudicar de manera directa las adquisiciones de ese año, con lo que hubo atrasos en la entrega de los fármacos.
- En julio pasado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realizó una revisión a las compras del sector salud e indicó que la tendencia es que 7 de cada 10 contratos fueron entregados por adjudicación directa se mantiene. “Hay 145 empresas que nunca han ganado una licitación y todos sus contratos son por adjudicación directa.
En 362 contratos no se conoce ni un solo documento del proceso de compra, lo que suma más de 2 mil millones de pesos sin documentos disponibles”, señala el reportaje de MCCI.
- Ayer se informó que respecto al nuevo reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y con motivo de las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta dependencia retoma la rectoría de la política general de contrataciones públicas, la coordinación, mediante disposiciones de carácter general, de las Unidades de Administración y Finanzas y la reorganización de los Órganos Internos de Control (OIC).
A través de un comunicado, la SFP explicó que históricamente, como responsable del funcionamiento del Gobierno federal, ha sido la institución facultada para conducir la política de las compras públicas.
“Con estas reformas, retoma la rectoría en la materia, incluyendo las compras consolidadas y contratos marco para la adquisición de bienes, arrendamientos, servicios y obra pública en la Administración Pública Federal (APF)”, indicó.
Mayor riesgo de corrupción en compras de dependencias y entidades del Gobierno
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2022, 7 de cada 10 dependencias y entidades del Gobierno federal incrementaron su riesgo de corrupción al no acatar, entre otras disposiciones, las reglas para garantizar transparencia y competencia en las compras públicas.
- Al actualizar el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el Instituto señaló que las entidades que se situaron con los puntajes más altos son Birmex (70), Puerto de Salina Cruz (68), Secretaría de Marina (64), Diconsa (58), ISSSTE (58) y Liconsa (52).
El puntaje va de 0 a 100, en donde 0 es ausencia de riesgo de corrupción y 100 una alta probabilidad de su existencia.
- ”La institución que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz. Entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC, sobre todo por la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante que se ha realizado en el puerto en varias décadas y parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, señaló.
- El IRC toma como riesgos de corrupción la falta de transparencia, es decir, que los procedimientos no se difundan de acuerdo con los plazos que establece la ley; falta de competencia, que ocurre cuando no se privilegia la licitación pública; así como los antecedentes de las empresas ganadoras de los contratos, si estas son de reciente creación o han sido clasificadas como fantasmas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En 2022, detalló el IMCO, las instituciones públicas federales hicieron 174 mil 219 compras y gastaron más de 513 mil millones de pesos, monto que representa 9 por ciento del presupuesto programable ejercido ese año.
2 mil contratos por adjudicación directa en 2023
En los primeros cuatro meses del año, las dependencias del gobierno federal iniciaron vigencia de mil 971 contratos por adjudicación directa, que en su conjunto, suman más de 27 mil 179 millones 193 mil 806 pesos.
- De acuerdo con el portal compranet, la mayoría de dichos contratos, han sido adjudicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría del Bienestar, y la secretaría de Turismo (Sectur).
- También destaca el Instituto de Cancerología (Incan), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Fiscalía General de la República (FGR), Once Tv, Conapesca, Coneval, Imcine y el Fidecine, entre otras dependencias. En el top ten de las dependencias con contratos más altos por adjudicación directa, destaca el ISSSTE que tiene nueve de los 10 contratos por montos más elevados por adjudicación directa.
Amos del trinquete
El mayor desvío, por más de mil 91 millones de pesos con la empresa AGROASEMEX S.A. por el “servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales para las dependencias y entidades de la administración pública federal ejercicio fiscal 2023-2024”.
- Detrás del ISSSTE, se encuentra la Fiscalía General de la República (FGR), con una adjudicación directa por más de 568 millones de pesos MICROSOFT MEXICO S de RL de CV, para el “servicio de mantenimiento y soporte de licencias de software servicios de cómputo en la nube soporte unificado y soporte proactivo”.
Además de las licitaciones por adjudicación directa, en 2023, Compranet reporta la entrega de 2 mil 915 contratos por licitación pública, 272 por la vía de “Invitación a Cuando Menos Tres Personas”, así como 3 mil 955 contrataciones con crédito externo, a través de compras consolidadas y contratos entre entes públicos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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