Al menos 22 estados son foco rojo de la violencia, amenazas, inseguridad y extorsiones que viven los empresarios en México, coinciden empresarios y analistas consultados por Publimetro, quienes explican que esta situación repercute directamente en una mayor inflación y una alza de precios para la población del país, quienes al final son los que “pagan los platos rotos”.
“En dos tercios del país, no menos de 22 estados, se presenta algún tipo de violencia en distintas zonas de las entidades, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Morelos, Estado De México, pocos estados se escapan”, revela el profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Apec).
“Es en toda la república, lo más bajos siguen siendo Campeche, estados del sureste sin contar Quintana Roo, donde encontramos un turismo de trata de personas, el foco rojo es en toda la República, Campeche, Mérida o Querétaro tienen números bajos, pero van hacia la alza”, coincide Cristina Eugenia Pablo Dorantes, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
- Para Gerardo López, presidente de ConComercio, organización nacida en 2021 que busca promover y defender los derechos de los comerciantes pequeños, es lamentable el ambiente de inseguridad que se vive en el país, sobre todo después de la pandemia, cuando comenzaron de nuevo a revelarse las zonas de alta conflictividad. “Estamos hablando de Estado de México, Guerrero, Michoacán, los casos en Tampico”, asegura.
“Estamos hablando de delitos como secuestro, extorsión y cobro de piso. Aquí en Ciudad de México, en delegaciones populares, es sabido que negocios familiares han tenido que cerrar, venden carnitas o tienen una papelería, medianos pequeños empresarios”, dice Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Empresarios asesinados
Tan sólo este año, se tiene reporte mediático de al menos siete asesinados en lo que va del 2024, el último en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en el estado, denunció extorsiones y cierres de tiendas debido a la violencia, pero fue asesinado este martes 30 de julio.
No es el único caso, hace un par de semanas, el pasado 10 de julio, se reportó la muerte de la líder de Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), Minerva Hernández, asesinada en Ensenada, Baja California, debido a las denuncias sobre pesca ilegal y extorsiones.
- Sonora, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua o Sinaloa, fueron el foco de atención ante asesinatos de empresarios o comerciantes, que las principales cámaras nacionales demandaron a las autoridades para que esclarezcan todas esas muertes, aunque pueden ser más debido a la falta de denuncia y a la cifra negra que no se cuenta por la falta de confiabilidad en las autoridades del país.
- De acuerdo con Oliva Posada, especialista en Seguridad y Defensa, esta situación ocasiona que se dejen de crear fuentes de empleo, se dejen de pagar impuestos y se genere un proceso de desinversión”.
“Si hablamos de impunidad es uno de los delitos con mayor incidencia, porque no hay denuncia, existe esa cifra negra, por la falta de confianza en las autoridades, cuando llegan a denunciar no hay trabajo de seguimiento o prevención (..) no hay personal capacitado, no existe atención ni medidas”, explica Cristina Pablo Dorantes, especialista en Seguridad.
“Hemos visto que creció la criminalidad, de hace algún tiempo, locatarios de mercados, dueños de pequeñas tienditas, locales que no tienen sucursales, son sujetos de chantajes, extorsiones y amenazas, mucho del pequeño comerciante migró de la reja para protegerse de los robos, que ya no son suficientes ante el incremento de la inseguridad, a instalar alarmas, cámaras, invertir en otros elementos”, comenta Gerardo López.
“(Es muy) lamentable lo que está pasando y el motivo de los sucesos, es un empoderamiento y envalentonamiento de parte de los agentes del mal que están golpeando a la sociedad, nos debe dar preocupación, generar molestia y rechazo a que eso pase”, señala Rivera. “Los compañeros han recibido presión, cobro de piso en los distintos lugares del país, muchos han sabido sortear la crisis, cambiar de domicilio. Quedó claro que este mal le va a todas”, agrega el líder de la Anpec.
Exigencias
De acuerdo con el presidente de ConComercio, la sociedad en general no debe quedarse a la deriva ante este “cáncer sociales”, además de generar protocolos de acción y atención que combatan la gran falta que es la “impunidad”, que será uno de los retos de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o Clara Brugada en CDMX, porque para él, “la administración que termina no atendió ni resolvió el tema de la inseguridad”, uno de los grandes pendientes, dice, que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador.
- “Vemos que los grupos criminales han rebasado a las autoridades y muchas veces dicen, es que no puedo hacer nada, esa es la manifestación de que cuentan con más recursos, con infiltrados en los cuerpos policiacos o hay corrupción”, denuncia. “Es un tema donde la ciudadanía exige resultados, no podemos convertirnos en estadísticas, las vidas humanas no pueden ser porcentajes de un informe, la percepción de inseguridad con estos acontecimientos, secuestro de trabajadores, genera zozobra e incertidumbre”, sentencia el líder empresario.
- El presidente de la Anpec está de acuerdo: “(debemos) evidenciar el hecho, no debemos dejar que esto ocurra por debajo del agua o no denunciar por temor, ceder a la extorsión, si seguimos en esta tendencia se normaliza y será complicado que esto tenga reversa (…) el llamado a la autoridades es ponerse las pilas”, explica.
“La extorsión es una de las acciones más deleznables, además, contribuye a la inflación, los precios de los alimentos se elevan y se fortalece este problema. Alguien tiene qué pagar los platos rotos y lamentablemente siempre son los consumidores los que acaban pagando”, revela. “Con el cobro de piso el producto se encarece”, agrega la investigadora de la UAEMéx.
- No se aplica (ninguna medida por parte del gobierno) la tecnología es un gran recurso, pero las policías locales y la Guardia Nacional tienen un papel muy importante (…) estamos al final de sexenio y muchas medidas se dejaron de aplicar”, sentencia el investigador de la UNAM.
Pablo Dorantes también expone que se requiere una limpia o reforma a las autoridades investigadoras, no al Poder Judicial, porque deben estar bien las investigaciones para que se haga una verdadera justicia, pero “la seguridad es una obligación del Estado”, aclara al afirmar que se requiere de “voluntad política” con datos reales, para realizar un buen diagnóstico y pronóstico, “no con otros datos que dicen que tienen”.
El crimen impone sus marcas propias
Los sectores productivos en México están atenazados por la delincuencia a través de extorsiones y robos. El impacto inmediato es el alza de precios en productos que paga el consumidor final, a manera de “impuesto”. No es el único efecto negativo. Según Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, la expansión de este problema está alterando los mecanismos y controles de los mercados.
- Rivas se refirió a que hay casos en que los delincuentes actúan para favorecer alguna marca de determinado producto ya establecido en el mercado que no les pertenece a los grupos delictivos. También hay casos con sello delincuencial:
- Por ejemplo, el de los cigarros. Sí tenemos marcas que pertenecen a los mismos grupos delictivos, que es una marca económica, es decir, de baja gama, que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de Sinaloa y que, al llegar a las tiendas, les impiden a los comerciantes vender las que son marcas ya reconocidas.
Obligan a los comerciantes a ofrecer este tipo de productos, y por lo tanto no solamente es un impuesto en términos del precio al consumidor final de lo que cuesta la extorsión, sino en realidad va aún más allá e impide un justo ejercicio comercial en nuestro país”, dijo el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Francisco Rivas aseguró que los números oficiales en materia de extorsiones “no sirven suficientemente para darse una idea” de la profundidad que tiene esta problemática en México.
Comentó, como ejemplo en razón a la coyuntura de los limoneros de Apatzingán y Buenavista de la semana pasada. “Michoacán tiene muy bajos números de denuncias de extorsión, eso debido a que la extorsión genera pocos incentivos para la denuncia. Los números no corresponde a su problemática”, dijo.
Rivas señaló que hay entidades, como Nayarit, que ni siquiera tiene el tipo penal de extorsión “por lo tanto no reporta este delito; podrían reportarlo porque la norma técnica Inegi dice que ciertas conductas corresponden a una extorsión, aun cuando el Código Penal no lo tenga previsto, pero el hecho es que no lo reportan. Los números no sirven para entender esta problemática; lo que sirve es la cercanía con las víctimas”.
- De acuerdo con la información recabada en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, dijo Rivas, “no hay una sola categoría en donde no podamos encontrar la extorsión: si hablamos de transportistas, de productores, agricultores de cualquier tipo de productos, de ganaderos, de rastros, de negocios, restaurantes, antros, peluquerías, barberías, hoy en México no hay una sola categoría exenta de extorsión”.
- En la presentación de su informe La Extorsión Bajo el Caleidoscopio muchas modalidades y pocas políticas públicas, Rivas escribió que, de igual forma, el sector empresarial del país -desde el ambulante hasta la empresa transnacional- sufre cada vez más la imposición de proveedores; la prohibición de producir, vender o transportar cierto producto -generando monopolios fácticos- o siendo obligada a pagar “derecho de piso”.
Sobre el mapa de dónde se producen este tipo de actividades delincuenciales, Rivas fue categórico: “En todo el país”.
También afirmó que las actividades de extorsión y robo a los mecanismos de los sectores productivos de México no solamente lo hacen los grandes cárteles como el de Sinaloa o Jalisco.
- Hay desde pequeñas bandas que usurpan en muchos casos el nombre de los cárteles grandes, que se presenta, como Jalisco, como Sinaloa, como la Unión Tepito y no necesariamente lo son, y hay otros que, sí pertenecen, de alguna manera están conectados a esos grupos delictivos”.
- Al explicar que no solamente es un “impuesto” que paga el consumidor final y que el apoderamiento de la delincuencia de los sectores productivos modifica los mercados, Francisco Rivas expuso que conforme los delincuentes van favoreciendo a un producto se van creando “monopolios”.
Que, además, dijo, “genera enormes recursos, y como suele suceder en estas situaciones son vasos comunicantes en donde un determinado grupo delictivo que empezó con la trata de personas, luego se dedicó al narcomenudeo, y pasó después a la extorsión y al secuestro, al robo a trasporte de carga y ese grupo va migrando de actividad delincuencial y al final todo entra en una especie de bolsa y los delincuentes acumulan cada vez más recursos y poder derivado de todos los beneficios económicos que obtienen al dedicarse a la delincuencia. Una especie de corporativo delincuencial”.
- Rivas dijo que contrariamente a la expectativa de las promesas de campaña no es que la gente dejó de delinquir y entonces cambió las armas por tractores, como decía el Presidente, eso nunca pasó.
Lo que sí pasa es que dejan la trata de personas por la extorsión, que es más conveniente en determinado momento”.
A pregunta sobre si hay mecanismos para darle la vuelta a esta problemática que se arrastra desde hace unos tres lustros en México, Rivas dijo:
- Claro que hay mecanismos, el tema es que quieran implementarlos, el problema es que hoy muchas autoridades no quieren investigar a menos que haya denuncia por parte de los ciudadanos, no han adaptado los códigos penales. Nosotros nos acercamos a la legislatura pasada para proponer una ley general para combatir la extorsión y no les interesó, les interesa más destruir al Poder Judicial, adueñarse de los órganos autónomos, que en realidad atender un fenómeno tan grave como la extorsión”.
- Sobre la posibilidad de que este fenómeno delincuencia se pueda revertir en México, Francisco Rivas expuso que a nivel internacional hay ejemplos de que sí es posible, como en Italia, Grecia o Sudáfrica, “la extorsión se combatió en esos lugares con excelentes resultados”.
Sin embargo, aseguró que el problema por el que atraviesa México no es únicamente económico: “Es un tema de gobernanza, de estado de Derecho, de competitividad, de seguridad para los ciudadanos ante el crecimiento de otros delitos.
En su opinión, la manera de revertir la problemática en México, como se hizo en Italia, Grecia o Sudáfrica, está en las políticas públicas.
Que una autoridad tenga ganas de investigar el delito, eso resuelve más del 50% (la gente sabe que hay extorsión, yo sé que hay extorsión, si uno se acerca a un restaurantero cuenta lo que vive aquí en la Ciudad de México y si lo sabemos ¿por qué no se investiga?); lo segundo implica mecanismos de denuncia ciudadana que ayuden a soportar las investigaciones, pero que verdaderamente protejan a los ciudadanos (porque sucede que voy y denuncio una extorsión; tres segundos después ya me quemaron la siembra de limones o me mataron a mi hijo o secuestraron a mi esposa, ¿por qué iría y a denunciar?); tercero, investigar bajo la idea y claridad que finalmente cuando este tipo de fenómenos ocurren, se dan en un contexto de multiplicidad de delitos.
Calculan en 200 mil mdp el cobro de piso
El economista Mario Di Costanzo señaló que, de acuerdo con un estudio de la UNAM, entre un 10 y 15% del incremento en los precios de los productos, de los alimentos básicos, obedece al derecho de piso.
Ejemplificó que en 2018 el limón costaba 12 pesos y al día de hoy cuesta 40 pesos, un alza de más del 200 por ciento.
Afirmó que las ganancias del crimen organizado por cobro de piso ascienden a 200 mil millones de pesos anuales.
- Las extorsiones al sector productivo primario en México provocan incrementos de entre 10 y 20% en el precio final de distintos productos, afirmó Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
- Anaya, especialista en operación, logística, almacenamiento, transporte y comercialización de productos agroalimentarios, afirmó que las extorsiones como la que enfrentaron los limoneros de Michoacán la semana pasada no es nueva, pero se ha agudizado en los últimos años.
Tampoco, afirmó Anaya, Michoacán es el único estado que vive azolado por el crimen organizado.
“Hace unos meses fue el aguacate, con el tema de los oficiales; en 2022 el tema del aguacate se dio con las berris –arándano azul, arándano rojo, fresa, frambuesa, grosella, zarzamora–, el mango en regiones de Michoacán, como en una zona de Jalisco, Colima, en Chiapas el tema de tiendas de los productos que están sometidos, el ganado que se mueve tiene que pagar el derecho de paso; está el caso de Tamaulipas que llevamos más de 15 años donde este tipo de situaciones que se presentan en el norte con el maíz y con el sorgo.
- La gente –sigue el director de GCMA– tiene miedo de denunciar, porque enfrenta riesgos con su vida y algunas personas han dejado de sembrar porque no quieren seguir pagando a la delincuencia.
Anaya, en entrevista con Excélsior, dijo que son diversas las formas de cómo están extorsionando los grupos de la delincuencia.
“Te vas a zonas de pollo, que los que distribuyen pollo o tienen tiendas del producto tienen que pagar, o las tiendas de misceláneas en pequeños lugares que también les piden, les exigen y así te vas encontrando que esto se ha venido incrementando porque esto es una forma de generar un recursos a terceros, un impuesto que no genera ningún valor; es lamentable lo que están viviendo muchos sectores de la economía y gente que le cuesta trabajar y dar el dinero así nada más por pagar un derecho de piso es lamentable y que las autoridades no estén haciendo nada al respecto”.
- No obstante que las cantidades de dinero que obtienen los grupos delincuenciales por las extorsiones son una cifra negra, en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, toman en cuenta los datos del Inegi, en el sentido de que la extorsión puede generar un 10 y hasta 20% de aumento en diversos productos.
“Nosotros, en un cálculo que hacemos con los 2 pesos de aumento al limón por semana que se produce en Michoacán, puede andar en los 20, 30 millones de pesos a la semana y si lo suben al doble, como quieren, se multiplica por dos, el limón anda entre 34, 37 pesos y empieza a escasear por la especulación que produce la misma delincuencia”, mencionó Anaya.
Respecto a si conocía denuncia de la gente con la que trata en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, su director comentó que ellos “no somos confidentes de nadie, lo que nosotros hacemos es ver cómo están los precios del mercado y por la relación de precios podemos estimar qué sucede; porque estos de las denuncias es una cuestión muy, muy delicada; hay gente como lo que sucedió en Laredo, el líder o la señora de pesca, que perdieron la vida por atreverse a hablar. Es un tema muy delicado y la autoridad no lo toma con seriedad y sin seriedad quién se va atrever a denunciar.”
‘Cobran piso’ a 1.3 personas por hora
De enero a abril de 2024, 3 mil 765 personas fueron víctimas de extorsión en México, lo que representa un aumento de 8.3% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con un reporte de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La organización publicó el Monitor de Seguridad —con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— en el que advirtió que en los primeros cuatro meses de este año se registraron 31 víctimas de extorsión al día, lo que representa 1.3 casos por hora.
Además, indicó que en la actual administración se registraron 50 mil 225 carpetas de investigación por este delito a nivel nacional, lo que representa un aumento de 45.3% respecto del sexenio pasado, en el que se reportaron 34 mil 566 carpetas.
¿En qué estados se registran más extorsiones?
De acuerdo con el Monitor de Seguridad, cinco estados del país tienen las mayores tasas de extorsión por cada 100 mil habitantes, de enero a abril de 2024.
- Estado de México (22.9)
- Colima (22.8)
- Morelos (18.9)
- Guanajuato (17.3)
- Nuevo León (15.3)
El top ten además lo integraron Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Quintana Roo y Campeche.
“En 15 entidades se registró un aumento en el número de víctimas de extorsión con respecto al mismo periodo del año anterior”, advirtió Coparmex.
Top 20 de municipios con mayores tasas de extorsión
De acuerdo con el Monitor de Seguridad, las entidades que tienen más municipios en el top 20 con mayores tasas de extorsión son el Estado de México y Guanajuato.
- Cuautla (Morelos)
- Salvatierra (Guanajuato)
- Tecomán (Colima)
- Cortázar (Guanajuato)
- Atlacomulco (Estado de México)
- Lerma (Edomex)
- Toluca (Edomex)
- Chimalhuacán (Edomex)
- Pesquería (Nuevo León)
- Pachuca (Hidalgo)
- Celaya (Guanajuato)
- Metepec (Edomex)
- Yautepec (Morelos)
- Salamanca (Guanajuato)
- Chalco (Edomex)
- Tenancingo (Edomex)
- Colima (Colima)
- Guanajuato (Guanajuato)
- Silao (Guanajuato)
- Naucalpan (Edomex)
Por otra parte, la Coparmex señaló que el 54.5% de sus socios fueron víctimas de algún delito durante 2023.
Y la extorsión fue el segundo delito más frecuente; “entre los socios víctimas de extorsión, el 70% fue extorsión telefónica y el 30% fue cobro de piso”, añadió.
Además, dio a conocer que datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas estimó que en 2022 las pérdidas monetarias promedio por víctima de extorsión fueron de 3 mil 339 pesos.
Ante este panorama, la organización propuso una reforma constitucional al artículo 73, para incluir el delito de extorsión y el Congreso de la Unión pueda legislar en la materia, entre otras.
Extorsión a comercios aumentó 11% en el primer bimestre del año
El delito de la extorsión que afecta a los comercios en el país no debe ser algo que se normalice en la sociedad ni en México, no debe de permitirse como si fuera un tema de usos y costumbres, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
“Cada vez lo estamos viendo más como algo normal e irremediable”, dijo el líder de los comerciantes.
Destacó que todo mundo sabe que un productor o distribuidor de mercancías, un comercializador tiene que tener claro que debe considerar un tipo de comisión para extorsiones sobre todo al interior de la República.
“Esto no habla bien de nuestro país ni habla bien de nuestra economía, no nos deja bien parados”.
- Criticó que en momentos cruciales donde debemos de impulsar el nearshoring donde resulta atractivo por la cercanía geográfica de México con Estados Unidos, pues la realidad es que muchas inversiones están en duda de llegar por el tema de inseguridad en carreteras y las extorsiones.
- Cuauhtémoc Rivera agregó que al tema de la inseguridad y las extorsiones hay que sumarle el contrabando, ya que tenemos unas aduanas muy porosas que permiten la entrada de cantidades exorbitantes de artículos pirata, “por aire y por tierra y por mar llega todo tipo de mercancía desde China y otros países asiáticos”, lo que afecta al comercio establecido.
Acusó que incluso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es una de las entradas de estas mercancías que no cubren requisitos de ley, no pagan impuestos y se trata de un universo de productos y mercancías.
Resaltó que la Anpec es de las pocas voces que constantemente está alertando de la extorsión, por lo que llamó al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y al próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a poner el foco en estos temas.
“El pequeño comercio es la expresión más diáfana del emprendimiento en México. Cuando una familia busca complementar su economía o generar su propia fuente de ingresos, recurre al viejo oficio de abrir una tienda de abarrotes que adereza con múltiples giros adicionales (venta de alimentos preparados por las noches, ventas por catálogo, tandas de alimentos, entre otras muchas), atendiendo el negocio, sin descuidar las tareas diarias del hogar”, subrayó.
Tan sólo en el primer bimestre del año aumentó 11% de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las víctimas de extorsión pasaron de mil 664 en los dos primeros meses de 2023 a mil 846 en el mismo período de 2024.
- Se estima que esta cifra podría ser mayor, dado que muchas víctimas no denuncian el delito por temor a represalias por parte de los grupos criminales. La Anpec enfatizó que el pequeño comercio genera autoempleos, creando más de dos millones de estas fuentes de ocupación a través de las cuales se da manutención a cinco millones de personas y se responde al 52% de la demanda nacional, representando el pequeño comercio actualmente el 3% del Producto Interno Bruto del país.
Al respecto, pidieron a la siguiente administración reforzar el tema de la seguridad y el cobro de derecho de piso.
Además los comerciantes, dijo, requieren ya de una tarifa preferente en el servicio de energía eléctrica, porque lo elevado del recibo de luz estresa y complica la operación de los negocios.
Otra petición es impulsar el apoyo de créditos, ya que el pequeño comercio, como cualquier empresa, necesita inyección de recursos frescos para el desarrollo y florecimiento de su operación, por lo que la creación de un fondo crediticio revolvente que dé aliento a los pequeños comercios es una acción urgente.
Además los pequeños comerciantes refieren que la tramitología impide una operación de comercios en regla y establecidos, al tener que sortear papeles y papeles para poder abrir un nuevo negocio en el país.
Productores de limón son víctimas de extorsión y pago de cuotas
El limón es una de las frutas que más se consumen en México pues se utiliza para muchas comidas; sin embargo, en los últimos días, los productores de limón han sido víctimas de extorsión y amenazas.
Los productores de limón de Michoacán han tenido que parar sus labores de producción y recolección de limón ante las amenazas y el cobro de piso.
El acoso y extorsión de grupos criminales en los municipios de Apatzingán y Buenavista ha ido incrementando y al menos cinco empacadoras de limón tuvieron que suspender labores.
Grupos criminales tienen bajo control la producción y comercialización de limón y aguacate y aumentaron las cuotas y agresiones contra empacadoras y trabajadores.
¿Cuánto cobran los grupos criminales a los productores de limón?
De acuerdo con reportes locales, el cobro de piso es de 4 pesos por kilo producido, empacado y comercializado. En caso de que no puedan pagar las cuotas impuestas deberán pagar un millón de pesos.
Las denuncias de cobro de piso para los productores de limón son contra el Cártel de los Viagra y Los Blancos de Troya; sin embargo, también operan La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cartel te Tepalcatepec entre otros.
Productores y empacadores industriales de limón advirtieron que retomarán actividades hasta que las autoridades garanticen seguridad para los trabajadores.
El gobierno estatal aseguró que se haría todo lo necesario para garantizar la seguridad en la producción y traslado del limón y aguacate.
Por su parte, el Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña comentó que se trabaja en conjunto con el Gobierno Federal para promover la producción de limón en la región de tierra caliente.
De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que 22 de 32 estados del país son víctimas de extorsión al comercio, es decir el 70% del territorio nacional.
Los estados más afectados por la extorsión son:
- CDMX
- Edomex
- Guerrero
- Michoacán
- Zacatecas
- Sinaloa
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Baja California Sur
El cobro de piso para dejarlos trabajar va desde los 500 pesos semanales.
Cabe destacar que en los últimos días el precio del kilo del limón se ha encarecido y alcanzó los 40 pesos.
En México opera la narcoinflación: Rubén Moreira
En México opera el fenómeno llamado narcoinflación, que genera el crimen organizado a través del cobro por derecho de piso y extorsión a los productores, transportistas y comerciantes, aseguró el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien señaló que esto aplica desde la siembra, distribución o venta de algún producto lícito que posteriormente se traslada y al final del día le cuesta al consumidor.
- En su programa semanal Con Peras, Manzanas y Naranjas, acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el líder congresista expuso la situación que viven los limoneros de Michoacán, donde hace una semana un kilo de limón costaba 32 pesos. De ese valor, precisó, se desencadena la extorsión con dos pesos al productor, otra cantidad similar al transportista y cuando llega a la Central de Abasto, también le cobran al frutero.
Indicó que, según productores, esos dos pesos que pagaban por el derecho de piso, la delincuencia lo aumentó a cinco pesos, situación por la que se han ido a paro los limoneros.
“El gobernador de Michoacán ¿qué hace por eso? Debería atender el problema de la extorsión. Por otro lado, vemos a Morena en la Cámara de Diputados queriendo poner más penas y hacer más grave el delito de extorsión, es más sencillo que vayan y los pesquen”, enfatizó el legislador priista.
Acusó que en el país, muchos de los ingresos del crimen organizado no provienen de la siembra y trasiego de drogas, sino del cobro de piso y del dinero público. En una gran cantidad de municipios, en especial en occidente, pasa que los grupos delictivos ponen a los funcionarios, quienes les otorgan las concesiones para obra pública.
Moreira Valdez reclamó que se comienza a generar un efecto de placebo de que hay cierta paz en el país, “pero lo que viven los limoneros es una prueba del control que tiene el crimen organizado de una parte del territorio, mientras la Guardia Nacional no sirve para resolver este problema”.
- Al respecto, el economista Mario Di Costanzo señaló que, de acuerdo con un estudio de la UNAM, entre 10 y 15% del incremento en los precios de los productos, de los alimentos básicos, obedece al cobro de derecho de piso. Ejemplificó que en el año 2018, el limón costaba 12 pesos y al día de hoy cuesta 40 pesos, un aumento de más del 200%.
- Afirmó que las ganancias del crimen organizado por cobro de derecho de piso, ascienden a 200 mil millones de pesos anuales, lo que, dijo, es preocupante, ya que para este año la Guardia Nacional tiene asignado 76 mil millones de pesos, lo cual significa que el crimen organizado obtiene más de dos veces ese presupuesto.
El abogado Miguel Ángel Sulub relató que está semana se abordó la reforma en materia de prisión oficiosa, iniciativa en la que se amplía el catálogo de delitos, entre ellos la extorsión. Detalló que se estiman 4.9 millones de extorsiones al año, muchas de ellas realizadas desde la cárcel, con lo que los reos pagan cuentas internas.
No es la primera vez, que Moreira Valdez denuncia el tema de la narcoinflación. La semana pasada, durante el debate de la reforma presidencial para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el legislador priista recriminó a Morena por “dejar al país en manos de la delincuencia”./Agencias-PUNTOporPUNTO