Mis estimados lectores, como ustedes saben, un sismo de 5,7 grados ocurrido hoy en Chiautla de Tapia, Puebla, también se sintió en la Ciudad de México aunque de forma un tanto moderada y por fortuna no hubo víctimas.
Pero quien de plano si se tambaleó del susto, la sorpresa e impotencia y no precisamente por el movimiento telúrico, fue René Gavira Segreste,
quien se desempeñaba como director administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), toda vez que fue detenido este jueves 7 de diciembre por elementos de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).
El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sólo especifica que fue detenido a las 11:02 de la mañana de la fecha referida, pero no señala el lugar en que se ejecutó la orden de aprehensión. Preliminarmente, trascendió que las autoridades lo habrían asegurado en Miami, Florida, Estados Unidos.
Mis queridos ciberlectores, les comento que Gavira 
era buscado por la FGR por los delitos de peculado y delincuencia organizada, en los que habría incurrido al autorizar decenas de compras simuladas que representaron un desvío de más de 20 mil millones de pesos de Segalmex en los ejercicios fiscales 2019-2020.
Diversos reportes periodísticos señalan que Gavira Segreste enfrentaba en un inicio cuatro acusaciones por su posible participación en el desfalco millonario de Segalmex.
Una primera orden de aprehensión se había emitido por peculado y delincuencia organizada, derivado de la simulación en la adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar.
Otro de los mandamientos, por los mismos delitos, fue librado por la pérdida de más de mil 600 millones de pesos tras la entrega de leche bronca a proveedores, quienes no cumplieron con el procesamiento de la misma.
Las otras dos órdenes de arresto estaban relacionadas con la compra de cientos de miles de títulos bursátiles con dinero del organismo descentralizado, pero una de ellas fue anulada gracias a un amparo.
El más reciente mandamiento judicial emitido contra René Gavira fue dado a conocer en agosto de 2023 y estaba relacionado con una querella interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debido a que el exfuncionario no reportó dos millones 37 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2019.
APUNTES FIDEDIGNOS
Y ahora nos trasladamos hacia “la hermana república” de Yucatán, específicamente hasta su bella capital Mérida, conocida como la “ciudad blanca”. Resulta que al Congreso local llegó una terna cuyos integrantes desean participar en la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, pero con el “pequeño detalle” de que uno de los aspirantes, y me refiero a Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova,
tiene fuertes acusaciones de violencia contra mujeres. ¡así como lo leen! mis fieles seguidores.
Y es que sus ex parejas denunciaron a este corrupto, maladro, abusador, cínico y cobarde ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia porque las golpeaba e incluso, dicen “las malas lenguas” que las obligaba a tener relaciones sexuales aunque “les doliera la cabeza” y ¡ojo! a eso jurídicamente se le llama violación, de lo que también es acusado.
Extrañamente esas acusaciones no han procedido, pero existen
e incluso tienen un “candado” para protección de datos personales.
Aunque en repetidas ocasiones, el protagonista de esta penosa historia, insiste de manera cínica que tiene “honorabilidad”, pero la ha de tener bien guardada porque hay que recordarle que cuando fue juez, dejó en libertad a un violador consumado.
Es más, cuando a Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova se le nombró consejero de la Judicatura, de inmediato muchas asociaciones civiles y feministas no estuvieron de acuerdo con con esa acción, pues con ello se violenta la ley 3 de 3 que impide que personas que tengan antecedentes o denuncias penales sobre todo de violencia contra las mujeres, ocupen cargos públicos.
Aclaremos pues, que la esfera de competencia de un magistrado –que para serlo se supone que entre otros requisitos también debe tener un currículum y moral intachables- se delimita a ratificar o enmendar las resoluciones dictadas por un juez cuando las partes en una diligencia legal consideran que el veredicto no se adhiere a las regulaciones vigentes.
Entonces, bajo estas circunstancias, me pregunto ¿cómo es posible que a un delincuente se le haya incluído en el proceso de selección ocupar una magistratura?. No quiero ni pensar la clase de togado que sería Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. Obviamente que en lo absoluto no es una persona confiable.
Actualmente, todos estos datos en su contra ya están haciendo eco en el Congreso de Yucatán, porque la mayoría de los diputados están considerando que debe ser retirado de la contienda, porque obviamente, insisto, no sería un digno integrante del Tribunal Superior de Justicia de la entidad maya….¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!
Dudas, comentarios, aclaraciones y amenazas:
