Por supuesto contagio de Covid-19, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia del Centro de Justicia Federal ubicado en el Reclusorio Preventivo Norte, aplazó la audiencia la audiencia que se le realizaría a Ricardo Anaya este 31 de enero hasta el próximo 14 de febrero. Se trata de la tercera vez que la fecha de su comparecencia es modificada.
En esta citación, el excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN) será cuestionado por los supuestos nexos con la empresa brasileña Odebrecht, así como una supuesta captación por $6.8 millones de pesos.
Al político de extracción panista se le señala por su probable participación en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita; el dinero supuestamente provenía de la constructora mencionada.
Se trata de la tercera vez que la fecha de su comparecencia es modificada; la última vez, debía enfrentar a la justicia el 8 de noviembre de 2021; y antes el 4 de octubre del mismo año, así como el 26 de agosto pasado.
En ese entonces, la defensa del ex diputado de la bancada del Partido Acción Nacional informó que necesitaban más tiempo para revisar todo el expediente del caso que les fue proporcionado por las autoridades correspondientes.
Los abogados de Ricardo Anaya señalaron que solicitaron el diferimiento toda vez que “ha sido desproporcionado el tiempo que la Fiscalía ha tenido para integrar la carpeta de investigación, frente a el tiempo dado a la defensa para su estudio”.
La ocasión más reciente, fue el mismo juez, Fuerte Tapia, quien difirió la audiencia a este lunes 31 de enero a las 9:00 horas, pues no “alcanzaron a imponerse la totalidad de las constancias”.
Además, dejó en claro que en esta audiencia tendría que deberá presentarse de forma física, porque ya no hay motivo para realizarla vía remota, de lo contrario, sentenció que la Fiscalía General de la República podrá hacer uso de cualquier medio para llevarlo ante la justicia.
Ricardo Anaya apareció por primera vez en el radar de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo señaló por la supuesta recepción de 6.8 millones de pesos.
El supuesto soborno, probablemente proveniente de las arcas de la empresa Odebrecht, era un tipo de impulso para Anaya, quien fungía como presidente de la Cámara de Diputados, con el objetivo de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en septiembre de 2021, el político publicó una serie de videos en la que desmintió, paso a paso, las pruebas que supuestamente lo incriminan, y que le fueron presentados por la FGR en un montón de cajas con archivos.
Además, lo señalan por diversas declaraciones patrimoniales en las que aseguró poseer dos casas en el Club Campestre, una zona exclusiva de Querétaro, una de ellas donada a su esposa por su suegra.
En otra de las declaraciones informó un par de préstamos hechos a su esposa por parte de él mismo y de su madre; el primero de 3 millones 500 mil pesos, y el segundo por dos millones 75 mil pesos, cantidad equiparable a la recibida en los supuestos sobornos, de acuerdo con las autoridades.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, Un juez autorizó el diferimiento de la audiencia de Ricardo Anaya Cortés, exlegislador panista, ya que a sus abogados no les alcanzó el tiempo para revisar más de 137,000 hojas de la carpeta de investigación donde lo acusan de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho al presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
“Solicitamos diferir 40 días más la audiencia de Ricardo Anaya Cortés”, dijo Eduardo Aguilar Sierra, abogado defensor del también excandidato presidencial de la República del PAN. La acusación de la Fiscalía General de la República es absurda y falsa, manifestó el defensor del político panista, quien estuvo en una audiencia por vía Zoom.
Ricardo Anaya hizo su aparición ante un juez de manera virtual y pidió a su abogado que hiciera la solicitud del diferimiento de su audiencia para darle una lectura rápida a sus acusaciones.
Aguilar Sierra declaró que requieren de 284 días para darle lectura y analizar a detalle cada una de las 137 mil páginas de la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía General de la República.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, determinó el aplazamiento solicitado por Ricardo Anaya y sus abogados, ya que así se cumple el debido proceso.
El abogado del Poder Judicial de la Federación dijo que la audiencia de Ricardo Anaya Cortés estuvo prevista para el 31 de enero de 2022, día en que tendrá que presentarse en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte.
En caso de que Ricardo Anaya no se presentara, la Fiscalía General de la República pudiese solicitar cualquiera de las medidas de apremio establecidas en la Ley, entre ellas está la orden de aprehensión, agregó Fuerte Tapia en ese tiempo.
La Fiscalía General de la República acusa a Ricardo Anaya Cortés de haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la reforma energética promovida y avalada por Enrique Peña Nieto.
“Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, para que votara a favor de la reforma energética, que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras como Odebrecht”, dijo la entidad a cargo de Alejandro Gertz Manero.
Según la FGR, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll, directivos de Odebrecht, señalaron en actas ministeriales en Brasil su intención de obtener a partir de 2021 controles y contratos con Pemex.
“Y para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya Austin, como primer pago de 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera”, detalló la autoridad.
Agregó que las diligencias ministeriales muestran que los 6 millones 800 mil dólares fueron entregados a Ricardo Anaya Cortes a través de una persona de confianza del exdirector de Pemex, conocido con el nombre de Norberto.
Ricardo Anaya Cortés recibió un soborno preventivo de la petrolera brasileña en las instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014.
“De conformidad con lo señalado en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia de que Ricardo Cortes votó a favor de la misma”, manifestó la FGR.
“Los testigos Miguel ‘N’ y Froylán ‘N’ manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Cortés Anaya y otros legisladores a las oficinas de Emilio Lozoya Austin, en la dirección General de Pemex”, añadió.
El Ministerio Público necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere, que se establece un hecho que la ley lo señale como delito y probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión
El 21 de agosto de 2021, el panista Ricardo Anaya denunció que Andrés Manuel López Obrador lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea aspirante en las elecciones de 2024.
“Con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos ‘balines’ (de baja calidad). O sea López Obrador me quiere fregar a la mala”, Anaya en un video publicado en Twitter.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que las acusaciones por corrupción contra Ricardo Anaya provienen de sus mismos compañeros del PAN, cuando pretendía competir por la Presidencia de la República en 2018.
“Se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara. Se le hizo fácil decir ‘me esta persiguiendo Andrés Manuel’; como decía su camarada del bloque conservador, ‘¿y yo por qué?’”, dijo entonces López Obrador en referencia a Vicente Fox.
“No tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar y pues muy mal ese proceder”, añadió en ese momento López Obrador.
APUNTES FIDEDIGNOS
En otros temas, el alcalde en Iztacalco, Raúl Armando Quintero Martínez, permite el funcionamiento de bares y restaurantes sin exigir a los propietarios la utilización de medidas sanitarias para evitar que se conviertan en un caldo de cultivo y fuente de propagación del Covid-19.
Dicen las malas lenguas, que para ello, Quintero, manda a sus colaboradores de máxima confianza como Francisco Sánchez –su cuñado y ex titular de la demarcación- a que pasen «la charola» cada semana para que no les clausuren «el changarro».
Es más que sabida la ambición de poder y dinero que tiene este «flamante alcalde», que busca –al estilo del ex presidente Antonio López de Santana- cualquier estrategia para implementar cuotas y llenar sus arcas personales. Y es que tiene que mantener a su esposa de origen venezolano y a su hijastra, a quienes tiene viviendo en una lujosa residencia –que más bien parece fortaleza- ubicada en la colonia Jardines del Pedregal….¡¡¡Seguiremos informando!!!
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