Desde Santiago, la capital de Chile, en Sudamérica, Mauricio Alfonso Toledo Gutiérrez, el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), quien el pasado 12 de agosto fue desaforado y puesto bajo investigación de las autoridades de justicia por presunto enriquecimiento ilícito, declara tajante que no se va a poner “de pechito” para que lo arresten.
“Prefiero demostrar mi inocencia”, declaró vía telefónica a esta columna el también ex delegado de Coyoacán que ahora se autodenomina víctima de persecución política.
Mauricio Toledo salió del país con rumbo a Chile -donde también tiene nacionalidad gracias a sus padres- antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobara su desafuero y fuera blanco de las autoridades policiacas, llámense Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República e Interpol México.
Ahora, el ex legislador es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito; ello porque el diputado tuvo un incremento “inexplicable” de su patrimonio” que no es acorde a sus ingresos.
Por ejemplo, a los 7 meses que Mauricio Toledo tomó protesta como diputado compró 2 departamentos al contado por un valor de 6.2 millones de pesos, cuando él obtiene ingresos por 1 millón 58,098 pesos al año; es decir, 17% del costo total de los inmuebles.
Sin embargo, en redes sociales se ha planteado un debate sobre si el político emanado de la izquierda podría ser traído de vuelta a tierra mexicana para enfrentar a la justicia nacional debido a que los padres de Toledo son chilenos y en el acuerdo de extradición entre este país y México se establece que “ninguna de las partes estará obligada a entregar a sus nacionales”.
El Artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile se establece que la nacionalidad chilena se adquiere para quienes nacen en este territorio y para todos aquellos “hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero”, como es el caso de Toledo quien nació en la Ciudad de México, hijo de socialistas chilenos impulsores de la Unidad Popular, exiliados de la dictadura pinochetista.
No obstante, en el Artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se precisa que “el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”.
Es decir, al momento de haber asumido un cargo como el de Diputado, Mauricio Toledo no pudo tener dos nacionalidades, una situación que sí está permitida para el resto de los connacionales desde 1998, y lo cual está previsto en la Ley de Nacionalidad de México.
De acuerdo con el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, la extradición no será concedida entre ambos países cuando se trate de “delitos considerados como políticos por la parte requerida o conexos con delitos de esta naturaleza”.
La misma normativa señala que sólo el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia, no serán considerados como delito político.
Además prevé que tampoco se concederá la extradición si hay motivos para suponer que ésta “ha sido presentada con la finalidad de perseguir o castigar a un individuo a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de este individuo pueda ser agravada por estos motivos”.
Mauricio Toledo ha asegurado ser inocente, perseguido político y que el delito que se le imputa es fabricado, a la par que ha prometido mostrar 750 pruebas de sus ingresos como servidor público.
No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político en donde quién me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito”, mencionó el exdiputado durante la plática con el autor de esta columna.
Y agregó: “En mi caso, por razones políticas, soy víctima de un juicio sumario en donde el simple señalamiento es suficiente para determinar la sentencia”.
El Tratado entre México y Chile contempla además que la solicitud de extradición será transmitida por la vía diplomática.
La Fiscalía de la Ciudad de México ha señalado que Mauricio Toledo está acusado de enriquecimiento ilícito como servidor público cuando fue delegado en Coyoacán por el PRD, por lo que lo conminó a “volver a México y enfrentar la justicia”. E incluso la instancia a cargo de Ernestina Godoy pidió apoyo de la FGR e Interpol para traerlo de vuelta a tierras aztecas.
Y ya se sabe a detalle el domicilio donde se encuentra «escondido» Mauricio, pero los «dichosos» tratados de extradición entre ambas naciones, son los que han comenzado a trabar este proceso que se ha convertido en un cuento de nunca acabar.
Insistimos, al exdelegado de Coyoacán se le acusa de poseer 55.3 millones de pesos en inmuebles y cuentas bancarias, que presuntamente no corresponde con sus ingresos como servidor público.
De acuerdo con el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, Toledo señaló en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2019 ingresos por 9.4 millones de pesos.
Pero de acuerdo con un análisis de los estados de cuenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sus ingresos ascienden a 20.8 millones de pesos, lo que arroja una diferencia de 11.4 millones de pesos, con lo cual, aparte de autos, joyas, relojes y departamentos de lujo, Mauricio Toledo se compró una superfinca en la alcaldía Tlalpan, pero lo más extraño es que esos bienes no han sido confiscados.
Lo que da a pensar que tras la denuncia en su contra y «persecución política» , Mauricio Alfonso fue protegido por «sus cuates» de la 4T, para que no lo encarcelen; pues al fin y al cabo, pertenece al PT que no es mas que un vil satélite de Morena…¡¡¡Seguiremos informando!!!
APUNTES FIDEDIGNOS
Y en otros temas, a este espacio llegó la información –como siempre bien corroborada-, que durante la tarde de ayer un grupo armado perteneciente al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ingresó a la Unidad Clínica «Vencer Adicciones» que se encuentra ubicada en la calle Hernán Cortés 31, colonia San Diego, en Texcoco, Estado de México y se llevaron por la fuerza a una mujer que ahí estaba internada desde hacía dos meses.
Las informes señalan que el propietario de esa clínica es Victor Sánchez –amigo muy cercano de la conductora de tv Rocío Sánchez Azuara- y que la paciente fue llevada a dicha clínica por sus padres, toda vez que tiene una severa adicción a las drogas y al alcohol, además de que es la cargada de distribuir los enervantes –cocaína y marihuana- en preparatorias y universidades de Texcoco.
Tras los hechos, Víctor Sánchez –quien ha participado en diversos programas televisivos con temas de adicciones- junto con sus abogados acudieron ante el Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente y minutos después, acudieron elementos policiacos y se llevaron a todos los pacientes y empleados para que rindieran su testimonio.
Horas más tarde, los mismos agentes le pidieron a Víctor 100 mil pesos en efectivo para «protegerlo» de cualquier posible agresión por parte de los integrantes de dicha célula criminal. Sesenta minutos después, dicha cantidad les fue proporcionada.
Al momento, no se sabe nada absolutamente del paradero de la víctima y las autoridades de justicia del Estado de México tampoco han proporcionado ningún dato al respecto. Todo este caso se encuentra sumido en un total hermetismo; sin embargo, ¡¡¡Seguiremos informando!!!
Dudas, comentarios, aclaraciones y amenazas:
@juanreportero
[email protected]
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
