La escritora y periodista Elena Chávez González narra en el capítulo 6 y 7 de su libro «El Rey del Cash», titulados ‘De la primera campaña a la noche triste’ y ‘El montaje de Reforma’, cómo fue que en 2005-2006, durante la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador se fraguó el modus operandi de financiamiento ilícito en el que varias personas cercanas al hoy presidente de México participaron.
Además, relata cómo, tras la primera derrota presidencial de López Obrador ante Felipe Calderón «el odio y la venganza» se apoderaron del político, sentimientos que, según cuenta, lo llevaron a alejarse de su amigo cercano Alberto Pérez Mendoza y a llevar a cabo el plantón de Reforma.
El capítulo 6 de ‘El rey del Cash’
En este apartado, la autora describe que desde el inicio del esquema de financiamiento ilícito hacia las campañas de López Obrador, éste esfuerzo estuvo encabezado por Alejandro Esquer, quien en la primera campaña presidencial fue el encargado de pagar los salarios tanto de López Obrador como de su familia y colaboradores cercanos como César Yañez, Nicólas Mollinedo, Laura Nieto y Gabriela García Hernández.
Esquer, quien hoy es secretario particular del presidente de la República, se convirtió así en el principal operador de este esquema de financiamiento y del manejo del dinero recibido por parte de secretarios y funcionarios principalmente del Gobierno de la Ciudad de México y en el que también estuvo involucrado Alejandro Encinas, hoy subsecretario de Gobernación, y que según relata, en una ocasión fue detenido con una fuerte cantidad de dinero en Tamaulipas, pero que con «una llamada al poderoso Nicolás Mollinedo evitó que pasara a mayores y se hiciera público en los medios».
«Durante ese año (2005), con Encinas al frente del Distrito Federal, continúo el moche a los a los trabajadores de confianza, según me cuentan funcionarios titulares de las secretarías que debían pasar su mensualidad en efectivo, haciendo malabares en sus presupuestos. Con ese dinero y el financiamiento que daba el PRD, López Obrador empezó a tejer redes y estructuras en todos los estados», apunta el libro.
Cercanos a AMLO hicieron esquema de dinero no rastreable, asegura Elena Chávez
En este capítulo, Elena Chávez señala además que el encargado de sentar las bases de la estructura política de López Obrador a nivel nacional fue Alberto Pérez Mendoza, quien fuera titular del Registro Público de la Propiedad en el Distrito Federal, y que según describe «llegó a conocer la ira de su paisano cuando perdió la elección presidencial».
Y es que luego de las elecciones de 2006 López Obrador acusó directamente a Pérez Mendoza de su derrota ante Felipe Calderón, fue así que desde ese año nada se supo de él, hasta que murió en 2013 estando internado en un hospital de la Ciudad de México.
«López Obrador quiso visitar a Alberto Pérez Mendoza cuando estaba internado, pero cuando llegó, el otro “hermano”, de los muchos que ha tenido el tabasqueño, ya había muerto. Fue la única vez, me contaría después César, que vio llorar a López Obrador y pedirle perdón a un hombre que ya no podía escucharlo ni responder sus agravios», describe la autora.
Elena Chávez narra en este mismo capítulo que la noche del domingo 2 de julio del 2006, día en que se llevaron las elecciones presidenciales se convirtió en «la noche triste», pero además en esa noche nació también en el alma de López Obrador «el peor de los sentimientos humanos: el odio y la venganza».
Ese odio, que en palabras de la autora, también lo llevó a «crear estrategias como el plantón de Reforma, el movimiento de “voto por voto, casilla por casilla”, la ‘presidencia legítima’ y la toma de la Cámara de Diputados el día que Calderón llegó hasta el recinto legislativo por la puerta trasera para recibir la banda presidencial y salir de inmediato ante la furia desatada por los perredistas que lo querían crucificar».
Capítulo 7: El Montaje de Reforma
La autora relata cómo se operó y quién estuvo detrás del plantón de Reforma que López Obrador encabezó luego de que perdió las elecciones de 2006.
Según se describe, Alberto Anaya, principal administrador del Partido del Trabajo, fue el personaje de la gran idea del plantón, pese a que la dirigencia nacional perredista lo desaprobaba y había propuesto una huelga de hambre por parte de López Obrador,
Elena Chávez apunta que los encargados de financiar este «montaje» fueron altos funcionarios del gobierno del Distrito Federal, quienes también obligaron a sus trabajadores a participar en el plantón.
«A cada uno se le asignó un tramo de la ciudad perdida y con recursos de sus áreas compraron tiendas de campaña, comida y aportaron el “apoyo monetario” para los que gustosamente permanecieron en el plantón de Reforma», apunta la escritora.
En este capítulo se apunta que los funcionarios de gobierno, delegados, diputados y dirigentes del PRD fueron los encargados de tener siempre personas en las tiendas de campaña para evitar que saliera a la luz pública que todo era un montaje.
«Las y los perredistas estaban obligados a darles de comer a todos aquellos que se prestaron a vivir durante más de un mes en una de las avenidas más emblemáticas de la capital», se lee.
Finalmente, la autora precisa que luego de que López Obrador autoproclamó como el presidente legitimo de México, «decidió que cada uno de los 12 miembros de su gabinete alterno, sin excepción, recibirían un sueldo de 50,000 pesos mensuales», dinero que les era pagado con recursos del gobierno de la Ciudad de México y del PRD.
APUNTES FIDEDIGNOS
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que lleva dos carpetas de investigación en relación a un software de espionaje cibernético contratado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) con el cual, presuntamente, se pudieron cometer diversos delitos contra la libertad de expresión.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero señaló, este domingo 16 de octubre, diversos pormenores en relación a este malware que se instala en dispositivos móviles para tener acceso a toda la información de éste y poder activar los micrófonos y cámara para espiar al usuarios.
De acuerdo con la fiscalía, el costo de “Pegasus” fue superior a los 450 millones de pesos y, dicha adquisición no fue justificada, pues el software se vende a los gobiernos de diferentes Estados para que realicen tareas de vigilancia contra posibles atentados que pongan en riesgo la estabilidad del país…¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!
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