CUATROTÉ, fábrica de delitos

Tras permanecer en el letargo durante mas de cuatro décadas, la persecución política en México ha revivido. Con el arribo al poder del Movimiento de Regeneración Nacional, bajo la consigna de lograr la llamada cuarta transformación, el régimen encabezado en el país por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, inició también una cruzada de persecución política contra opositores, críticos y quienes piensan diferente a ellos.

Mediante pruebas falsas, delitos inventados, violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y algunos jueces del Poder Judicial ha sido utilizada como un instrumento del estado para amedrentar, perseguir, encarcelar, desacreditar y callar.

El gobierno de los Estados Unidos ya lo advirtió: Andrés Manuel López Obrador y su sistema de procuración de justicia nacional, en la Ciudad de México y en algunos estados gobernados por Morena se utiliza sistemáticamente la procuración de justicia con fines de persecución política. Por esta razón, senadores demócratas en el Congreso estadounidense pidieron al presidente norteamericano Joe Biden intervenga para frenar lo que consideraron como “el desmantelamiento de instituciones democráticas en México”.

Quienes ostentan hoy el poder han emprendido una campaña inquisidora para perseguir adversarios mediante esquemas de fabricación de delitos, pruebas falsas, acusaciones sin fundamentos jurídicos y congelamiento de cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. (UIF).

Con esta afrenta, cuyo más reciente precedente se remonta a los regímenes de los años 60s, 70s y 80s en México, tanto el jefe del poder Ejecutivo federal como quien gobierna la capital del país, han reunido una larga lista de personalidades del ámbito público de alto nivel, quienes ya se encuentran encarcelados, enfrentar procesos judiciales, o han recibido amenazas para llevarlos a prisión en caso de que se atrevan a manifestar sus diferencias a la ideología gobernante de hoy.

Desde gobernadores, líderes de opinión, empresarios, abogados y un sinnúmero de políticos opositores al régimen, han sido víctimas de todo el poder del estado, en una “cacería de brujas” ordenada desde el Palacio Nacional y desde la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para deshacerse de personajes públicos que, a su criterio, atentan contra la llamada cuarta transformación y su propósito de perpetuarse ya sea mediante la reelección, la ampliación de mandato o el “Maximato”.

En estos 3 años y medio de la actual gestión, se cuentan por centenas, quizá miles, aquellas personas que con o sin responsabilidad penal alguna son el objetivo de un sistema penal que opera por consigna, que simula, que ataca con la justicia selectiva, que hace efectiva la frase del presidente Juárez: “Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas”.

No todos esos casos, lamentablemente, son de dominio público. En este espacio periodístico hemos recopilado algunos de esos casos emblemáticos de persecución que hoy tiene a México bajo el microscopio internacional, y que está siendo vigilado estrechamente, como se vigila a las dictaduras.

Uno de los casos más emblemáticos es el del ahora ex diputado federal, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a quien, por cierto, se le negó su derecho de asumir nuevamente una diputación, a pesar de haber ganado abrumadoramente en las elecciones federales del pasado 6 de junio del 2021. Fue acusado de enriquecimiento ilícito con pruebas falsas, llevándolo a un proceso de desafuero, por lo que tuvo que elegir refugiarse en Chile, de donde sus padres son originarios.

Como resultado del avance democrático logrado en México, Toledo Gutiérrez logró escalar posiciones políticas tanto a nivel local como federal. Pero cometió un pecado, al menos para sus adversarios. Ser un candidato que gana elecciones. En sus más de 20 años de trayectoria política, Mauricio nunca perdió una elección, y ha vencido en las urnas en varias ocasiones a personajes que hoy se incrustaron como cercanos colabores tanto del presidente como de la Jefa de Gobierno.

Personajes que hoy buscan a toda costa vengarse de quien sistemáticamente los ha derrotado en todos los procesos electorales en los que han contendido o que han requerido, sin éxito, del liderazgo político y la fuerza territorial de Toledo en la demarcación.

Incluso, hace unos meses, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció públicamente con total descaro, que la fiscalía de justicia capitalina es una institución que depende de Claudia Sheinbaum.

Quien en aquel entonces se ostentaba como presidenta del Consejo Político Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Bertha Luján, arremetió política y públicamente contra Mauricio Toledo, dejando en claro que la intención era bloquear el ascenso político del diputado.

Así, en un ánimo de revanchismo político, autoridades de la Ciudad de México y del Poder Legislativo decidieron emprender contra Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez una persecución política, disfrazada de justicia.

Mauricio Toledo ha sido víctima de una campaña de desprestigio, en un procedimiento político y penal desaseado, en el que han sido evidentes las violaciones a sus derechos humanos, al debido proceso y a su presunción de inocencia, para llevarlo a toda costa no sólo a un juicio de procedencia para retirarle el fuero, sino para someterlo arbitrariamente a un proceso penal que en México podría traer como consecuencia privarlo de su libertad y con ello eliminarlo por completo de la escena política.

También se intensificó una campaña de asedio, persecución y amedrentamiento que hasta la fecha no se ha detenido y que ha estado plagada de pruebas falsas.

La presión que se ejerció desde el poder Ejecutivo de la Ciudad de México y desde el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados, no solo vulneró sus derechos políticos y civiles, sino que transgredió sus derechos humanos elementales y violentó el estado de derecho, la presunción de inocencia y el debido proceso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Sección Instructora, filtraron a medios el contenido de las constancias de declaratoria de juicio de procedencia instruido en contra de Mauricio Toledo.

También difundieron noticias falsas sobre otras supuestas denuncias e investigaciones, para desprestigiar su imagen y afectarlo políticamente.

Era evidente que este asunto tiene un tinte personal, ya que Pablo Gómez, al ser Diputado de la Alcaldía Coyoacán en aquel entonces, constantemente emitió descalificaciones en contra de Mauricio Toledo Gutiérrez, lo cual quedó documentado en sus redes sociales y en diversos medios de comunicación.

Por tanto, Pablo Gómez debió recusarse de pertenecer a la comisión que decidiría el desafuero de Mauricio Toledo Gutiérrez, pues es evidente la enemistad y animadversión que tiene hacia él.

Y así sucedió en los hechos. En una reunión de la Sección Instructora conformada por 4 diputados, a finales de febrero, sus integrantes votaron a favor de la recusación de Pablo Gómez para que este no sólo no se hiciera cargo del proceso, sino para que no interviniera dado el marcado conflicto de intereses.

La recusación de Pablo Gómez quedó no sólo registrada en los medios de comunicación, sino en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que al ser el órgano oficial del Poder Legislativo ordenaba a través de la Junta de Coordinación Política que Pablo Gómez quedara fuera de la sección instructora y fuera sustituido.

Pablo Gómez no sólo ignoró la determinación de sus compañeras diputadas, sino que se aferró a la presidencia de la Sección Instructora y en contubernio con su compañera de partido Martha Patricia Lucero, falsificaron documentos y firmas, para, según ellos, justificar la salida de otra integrante de la sección instructora, Ruth García Grande.

Diputada que además de ser integrante de la misma bancada a la que pertenecía Toledo Gutiérrez, denunció al interior de la cámara de Diputados las arbitrariedades que se cometían y había adelantado que votaría en contra del desafuero.

Al ser descubierta la trampa de Pablo Gómez y sus aliados, la diputada García Grande y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados desmintieron al presidente de la Sección Instructora y aceptar que fue un error admitir el oficio falsificado que presuntamente presentó la diputada García.

Al darse cuenta de que no estaba funcionando su estrategia de montaje en la cámara de diputados, la dupla conformada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, reforzaron su campaña contra Toledo.

La primera llamando abiertamente a la población a que acumulara denunciar contra él. Y la segunda, enviando un oficio con fecha 20 de abril a la Mesa Directiva donde hace un “apercibimiento” a la Sección Instructora no acelerar el procedimiento de juicio de procedencia contra el diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez.

La llamada de atención de Claudia Sheinbaum a través de Ernestina Godoy a sus correligionarios surtió efecto. Y es que, ante la presión, la Sección Instructora, que jamás dejó Pablo Gómez a pesar de que había sido recusado y estaba en Campaña, citó de urgencia a los integrantes de la Sección Instructora para votar el dictamen de procedencia en contra de Mauricio Toledo.

Ahí, la diputada Claudia Pastor hizo un recuento de las arbitrariedades y la manera tan irregular en la que se había llevado a cabo el procedimiento dentro de la propia sección instructora. En dicha reunión, sus 4 integrantes decidieron con 2 votos a favor, uno en contra y una abstención, que el dictamen era improcedente. Pablo Gómez quiso amañar el resultado de la votación, instigando a la diputada Pastor para que modificara el sentido de su voto, sin lograrlo.

Una vez más, se pretendió violentar la Ley pues el resultado de la votación no cumplió con lo que señala el numeral 7 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos que señala que “los proyectos de dictamen de la Sección Instructora… solo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los respectivos integrantes”. Situación de la que dio constancia la propia presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho en comunicaciones oficiales.

Al ser cosa juzgada, cuentan que Claudia Sheinbaum montó en cólera y de inmediato giró instrucciones a Pablo Gómez para que se repusiera el procedimiento, lo cual hizo de manera ilegal. En una nueva votación la presión ejercida por los grupos de poder obligó a la diputada Claudia Pastor a modificar su voto a favor del dictamen para conseguir el desafuero de Toledo.

En tanto transcurrían los plazos en el Congreso de la Unión, Mauricio Toledo fue blanco de una campaña de acecho y persecución por parte de integrantes de la policía de investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes implementaron un operativo de seguimiento contra el diputado y su familia, las 24 horas del día.

Ante la falta de argumentos a favor del desafuero, fueron necesarios 3 intentos para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara una sesión extraordinaria para llevar al pleno el dictamen de Mauricio Toledo, pleno que se erigiría en jurado de procedencia.

Incluso en un primer intento, el dictamen fue desechado y en un ardid más del grupo de poder, se obligó a la mesa directiva a volver a votar. Finalmente, el 11 de agosto, se llevó a cabo la sesión del periodo extraordinario, donde diputados de oposición expusieron las irregularidades, arbitrariedades y ambigüedades de todo el proceso. No obstante Toledo fue desaforado.

Un día después, la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum lograron su objetivo y obtuvieron la orden de aprensión contra Mauricio quien tuvo que salir de México rumbo a Chile, país de donde sus padres son originarios. Seis meses más tarde, la venganza contra el exdiputado se concretó a través de su hermano Nelson Toledo, quien fue aprehendido, acusado también de enriquecimiento ilícito, y hoy se encuentra preso en el Reclusorio Norte vinculado a proceso y en espera de juicio.

Después de permanecer injustamente 528 días en prisión Alejandra Cuevas Morán obtuvo su libertad luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que fue encarcelada mediante un delito fabricado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y avalado por una jueza que por consigna emitió una orden de aprehensión y le dictó prisión preventiva por un delito que no cometió.

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alejandra Cuevas abandonó el penal de Santa Martha Acatitla y recuperó su libertad luego de que fuera acusada por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de la muerte de su hermano Federico por presunto homicidio por omisión, delito que esta se argumentó que no existe.

A su salida, Cuevas Morán agradeció a todas las personas que le ayudaron a salir de la cárcel; así como a las y los ministros de la SCJN quienes el lunes 28 de marzo votaron a favor de su libertad. Sin embargo, aseveró que el agradecimiento no se lo extiende la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), aunque no profundizó más en el tema.

“Gracias a los medios y a la sociedad civil que, sin conocerme, me han respaldado a mí y a mis hijos. Tengo la certeza que, sin ustedes, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, (me) hubiera sepultado para siempre en la cárcel con un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable en mi familia y en mi vida”

Cuevas Morán también dio a conocer que buscará una audiencia, lo antes posible, con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para “respetuosamente pedirle que nos proteja de cualquier eventualidad conducente”.

“Mi vida cambió hace 528 días, ya que al conocer las entrañas de la cárcel y escuchar el número interminable de injusticias, vivir con mujeres que llevan años (en la cárcel) y que podría hoy estar libres”

Alejandra Cuevas explicó que buscará apoyar a más mujeres que se encuentran privadas de su libertad y que “han sido abandonadas por su familia, por la justicia y la sociedad” de la mano de la fundación que crearon sus hijos, ya que para ella resultará importante evidenciar la invisibilidad que el sistema tiene con las mujeres.

La Sala Superior de la Suprema Corte, por unanimidad, ordenó la liberación inmediata de Alejandra Cuevas al considerar inexistente el delito por el que se le acusó, además de argumentar que no existieron pruebas fehacientes para responsabilizarla por la muerte del hermano del fiscal de la república.

Asimismo, durante la discusión las y los ministros señalaron que sí existió omisión de cuidados en la salud de Federico Gertz, pero también señalaron que esa responsabilidad no se podía imputar a Laura Morán ni mucho menos a su hija.

Por su parte, Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, comentó que tras la resolución del máximo tribunal mexicana responsabilizan a Alejandro Gertz Manero por cualquier cosa que le pase a su familia, por lo que pidió protección para ellos y para su madre.

Instó a la ciudadanía a que ojalá la “tragedia” que vivieron como familia sirva como un precedente jurídico a nivel nacional para las generaciones venideras, tanto a nivel poblacional como en el de impartición de justicia por parte de las autoridades mexicanas.

Gabriel Regino, abogado y penalista, habló sobre el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán y la resolución de la SCJN al asegurar que es un caso con muchas aristas preocupantes: “Se trata de una persecución política, un caso de tráfico de influencias. Se actuó incluso en contra de los ministerios públicos que declararon que no había delito”.

“El hecho de que una mujer tenga una pareja no significa que tenga que saber de medicina. Ya suficientes roles impuestos hay. ¿Cómo se cambió de criterio sin prueba alguna? Porque es una persecución política”.

Asimismo, el abogado comentó que “hay responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios públicos que participaron en esta confabulación y creación de culpables. Dañan la imagen de una institución de procuración de justicia“.

Por su parte el Dr. Luis de la Barreda, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recordó que tras la liberación de Alejandra Cuevas la Fiscalía local se apresuró a emitir un boletín en el que asegura que su actuación “es autónoma y no obedece a intereses personales, no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la ley”.

Es un texto para Freud -dijo el doctor en Derecho– una verdadera confesión a contrario sensu, un mea culpa redactado en clave de negación. La sentencia de la Corte evidencia que se inventó un delito y se fabricaron dos culpables. La acción penal era indefendible jurídicamente, como lo era el auto de formal prisión dictado por la juez 67 penal de la Ciudad de México, Marcela Ángeles Arrieta, y confirmado por el juez en funciones de magistrado Octavio Ceballos Orozco, quien posteriormente fue premiado con un alto cargo en la Fiscalía capitalina.

Como señaló el ministro Juan Luis González Alcántara, Alejandra Cuevas sufrió una afectación injustificada por parte de los órganos del Estado a su derecho de libertad personal, por lo que debiera reconocérsele el carácter de víctima de violación de derechos humanos a fin de que pueda acceder a mecanismos de reparación integral conforme a la Ley General de Víctimas. Alejandra Cuevas estuvo presa 528 días.

Un episodio poco mencionado de esta historia es el de los fiscales que denegaron en un principio la acción penal contra las dos mujeres. La Fiscalía de la Ciudad de México cambió de parecer una vez que el denunciante ocupó el cargo de fiscal general de la República, y entonces también persiguió penalmente a los fiscales que habían denegado la acción penal.

La acusación era indefendible. Don Federico, un hombre octogenario, sufría múltiples padecimientos de salud. Lo revisaban varios médicos. Se le suministraban los medicamentos que le prescribían. Su hermano, el doctor Gertz, lo visitaba, supervisaba el cumplimiento de las prescripciones médicas y finalmente lo internó en un hospital privado. Allí los médicos mantuvieron con vida a don Federico lo que se pudo, durante un mes. No murió porque se le descuidara, sino porque, según advirtió Borges, morir es una costumbre que sabe tener la gente.

Como argumenta la Suprema Corte, no hay pruebas de que Alejandra Cuevas, que no vivía en la misma casa de su madre y don Federico, aceptara hacerse cargo del enfermo ni de que ella hubiese tomado las decisiones sobre sus cuidados. “Al no cohabitar con el ahora occiso —argumenta la sentencia, cuyo magnífico proyecto estuvo a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena—, resultaría inviable suponer que podía tener una custodia efectiva sobre aquél”.

En cuanto a Laura Morán, quien tenía 87 años al morir su pareja, el fallo de la Corte hace una crítica demoledora a la orden de aprehensión, la cual parece suponer que ella estaba obligada a garantizar la prolongación de la vida de don Federico y debía saber con exactitud en qué punto era médicamente necesario trasladarlo a un hospital y someterlo a un tratamiento especializado, como si esa clase de conocimientos fuese un talento naturalmente adquirido por su condición de mujer y concubina.

El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán quedará en los anales forenses como una de las más graves tropelías perpetradas en el ejercicio del ius puniendi.

Rosario Robles Berlanga fue sin duda una mujer poderosa. Quizá la mas influyente a principios de nuevo milenio. Tanto que fue la primera mujer en gobernar la Ciudad de México en la nueva etapa democrática de México y se le llegó a mencionar como posible candidata a la Presidencia de la República. Tan poderosa que, gracias a ella, a su trabajo político y electoral fue quien abrió la brecha para que Andrés Manuel López Obrador fuera su sucesor en el Gobierno capitalino, lo que lo catapultó a donde está hoy: la Presidencia de la República.

Hoy Robles Berlanga lleva 2 años y 8 meses en prisión bajo argumentos falsos, delitos no comprobados, pruebas falsas, jueces que actúan por consigna, así como la instrucción desde la cúpula de poder, por lo menos hasta que termine la actual administración federal que, es de dominio público, echo a andar toda la maquinaria del estado para encarcelar a quien fuera la titular de Sedesol y Sedatu durante la administración de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que la ganado al menos 8 amparos en contra de la medida cautelar de prisión preventiva, así como para desestimar las prueba que el Ministerio Público presentó en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión (delito que no amerita prisión preventiva), ella sigue encarcelada y en espera de un juicio que, de acuerdo con la legislación actual, no debió propasar los 2 años. Debería llevar su proceso en libertad.

En agosto de 2019 el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna (sobrino de Dolores Padierna, quien se ha autodefinida como enemiga de Rosario Robles), dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada basado, entre otros argumentos, en una licencia falsa que el ministerio público presentó en su audiencia inicial, argumentando que Rosario “mintió” sobre su domicilio, lo que podría propiciar una supuesta “evasión de la justicia”.

A esa audiencia Rosario Robles se presentó voluntariamente, contrario a otros personas de la vida política acusados de algún delito que se fugaron, y que posteriormente tuvieron que ser capturados en el extranjero con el apoyo de la Interpol y siendo beneficiados por el Estado en supuestos criterios de oportunidad para perseguir a otros “peces gordos”.

Fue en junio del año pasado cuando el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, concedió a Robles un amparo para que el juez penal revise la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpusieron un recurso de revisión en contra de esta resolución.

A Rosario Robles se le acusó de la “omisión” de informar a su superior jerárquico (el expresidente Peña Nieto) del desvío de 5 mil 73 millones de pesos en Sedesol y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuando ella era titular de cada una de las dependencias.

Hasta la fecha, tanto la defensa de la ex funcionaria, como jueces de amparo, así como tribunales unitarios y colegiados en materia penal han documentado y comprobado más de 70 agravios en el proceso judicial que se le sigue a Rosario Robles.

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, envió una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la que expuso que en el proceso que le siguen a su madre por la llamada “Estafa Maestra” hay múltiples irregularidades y mas de 70 agravios.

Rosario enfrenta un proceso irregular, ya que el Estado, a lo largo de dos años y siete meses, ha fabricado pruebas para justificar un proceso que debió llevar en libertad como lo marca la ley mexicana.

Su proceso fue pervertido desde su inicio por la Fiscalía General de la República, con la presentación de una licencia para conducir falsa, judicializando un expediente sin haberse configurado el delito”.

Con la complicidad del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de Justicia y algunos miembros del Poder Judicial, Rosario Robles “enfrenta un proceso violatorio a sus derecho humano, a preceptos tan importantes como la presunción de inocencia, el principio pro-persona, el debido proceso y a la Constitución Política de México.

Mariana Moguel Robles, hija de la ex secretaria de Estado ha emprendido múltiples acciones para exigir no sólo la libertad de su madre, sino que se respeten los derechos de miles de mujeres encarceladas injustamente o que llevan años presas sin recibir sentencia.

Estimó que Robles ha sido encarcelada de manera injusta, incluso, aun cuando el delito que se le imputa, ejercicio indebido del servicio público, no se encuentra dentro de la clasificación de delitos graves y no se le ha comprobado nada. “No ameritaba ningún tipo de medida cautelar y mucho menos la más lesiva y agresiva que es la prisión preventiva, se le ha mantenido, incluso, rebasando los plazos que establece el Código Federal de Procedimientos Penales”, apuntó en la carta.

Tras reprochar al gobierno federal su actuación, Moguel pidió al embajador una audiencia para poder exponer ampliamente el caso de su madre.

La ex funcionaria fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla el 13 de agosto del 2919 tras 12 horas de audiencia, en las que su defensa presentó más de 40 pruebas para demostrar su inocencia. El juez negó la posibilidad que Robles siguiera su proceso en libertad alegando que tenía los recursos necesarios para huir del país.

El 25 de agosto, la FGR presentó su acusación contra Robles Berlanga en la que solicitó imponerle 21 años de prisión por ejercicio indebido del servicio público. Después de esto, se citó a audiencia intermedia después de que la defensa conoció los detalles.

El 6 de noviembre de 2020, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Cabe destacar que a más de dos años de que se filtró a medios la supuesta segunda orden de aprehensión, esta no sólo no ha sido cumplimentada, sino que Rosario Robles obtuvo un amparo que la protege de una posible aprehensión.

El 27 de octubre de 2020, un juez federal determinó que el proceso penal de Robles en relación con la Estafa Maestra debe continuar. Durante la audiencia, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos negó la petición de la defensa de Robles que buscaba anular la acusación por ejercicio indebido del servicio público por la que permanece vinculada a proceso y en prisión desde hace 14 meses.

El 13 de agosto de 2020, cumpliendo un año presa, Rosario Robles redactó una carta en la que acusó persecución política y en la que aseguró que la encerraron por ser ella y por ser mujer y no por los delitos que presuntamente cometió.

El 7 de octubre, un Tribunal federal le otorgó un amparo, por medio del cual se abría la posibilidad que se modificara la medida cautelar de prisión para Robles; no obstante, el 27 del mismo mes, un juez dio marcha atrás al recurso de amparo y determinó que el proceso penal de la Estafa Maestra continuaría

En febrero de 2021, la defensa de Robles solicitó plazo para el proceso contra Robles, pues ella se negó a reparar el daño patrimonial de mas de cinco mil millones de pesos por el caso de la Estafa Maestra. Le negaron a Robles Berlanga el beneficio de procedimiento abreviado.

Ya en marzo, la defensa de la priista formuló una nueva propuesta para que Robles recibiera una sentencia de seis años de prisión al declararse culpable de los cargos que se le imputan.

No así, Rosario Robles señaló su pesar de que, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador interfiriera en los asuntos que son competencia de un órgano autónomo. En ese entonces AMLO dijo en su conferencia matutina que la FGR debía buscar la reparación del daño en los hechos de corrupción.

De nuevo, en marzo, Robles ofreció aportar pruebas contra exfuncionarios como Emilio Lozoya y Luis Videgaray y se declaró inocente de los delitos que la FGR le imputara, ya que un Juez admitió la presentación de más pruebas de la FGR contra Rosario Robles.

A finales de marzo, un juez citó a rendir declaración a Emilio Zebadúa, quien fue Oficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, así como mano derecha de Rosario Robles, por el caso de la Estafa Maestra.

Meses después, en junio de 2021, la ex titular de la Sedesol consiguió un amparo por parte de un juez federal, lo que abrió la posibilidad que Robles llevará su proceso en libertad. No así, un par de semanas después el abogado Sergio Arturo Ramírez renunció a seguir llevando la defensa de la exfuncionaria.

En los primeros días de agosto, a casi dos años de su reclusión en Santa Martha Acatitla, Robles publicó en su cuenta de Twitter una carta en la que señaló que con su caso se institucionaliza la venganza política; señaló que la prisión preventiva es la regla y no la excepción.

Ya en septiembre de este año el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de Robles Berlanga por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

Y en el mes de octubre la Fiscalía impugnó la sentencia de un juez federal que amparó a Rosario Robles contra las declaraciones y juicios de valor del Fiscal Alejandro Gertz Manero en su contra.

El 20 de octubre un juez federal determinó que Rosario Robles continuará en prisión preventiva oficiosa por el caso de la Estafa Maestra, ante un riesgo de fuga. Ni el deterioro en la salud de la ex titular de la Sedesol fue argumento suficiente para enviarla a casa a continuar su proceso penal.

“El resguardo domiciliario como una opción, una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, le facilitaría los medios para abandonar el territorio”, señaló el juez.

Hace unos meses el juez Tercero de Distrito de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda dejó sin efecto la prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, presa en Santa Martha Acatitla, y ordenó fijar fecha y hora para una nueva audiencia en donde se podría modificar la medida cautelar.

El caso de Rosario Robles ha sido el parteaguas de los movimientos “Ruta de la Libertad” que su hija encabeza para realizar recorridos por todo el país hablando de las irregularidades del proceso contra su madre, y de la llamada “Resistencia Civil Pacífica”, iniciativa también de la familia de Robles Berlanga para denunciar los casos de violaciones a los derechos de miles de mujeres que hoy se encuentran en prisión, como el de Rosario.

Luego de que se diera a conocer a través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio que Alejandro Gertz Manero, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) a su cargo, solicitó a un juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano una orden de aprehensión en contra de 31 científicos por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la comunidad académica ha manifestado su indignación y solicita a la fiscalía que desista de la acción penal.

Pese a que el juez no concedió la orden de aprehensión solicitada, dio a la FGR un plazo de 15 días para sustentarla, la protesta se desencadenó en la red. El primer acto fue la petición de firmas a través de la plataforma change.org, denominada “Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica”

En ella se indica que la forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país.

Posteriormente surgieron comunicados como el del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otro de la Comunidad Académica de la misma institución, ambos condenando los hechos y mostrando su apoyo a colegas como el doctor Luis Mier y Terán y la doctora Gabriela Dutrénit Bielous; además, convocaron a los gremios, grupos, centros, redes e investigadores del país y de fuera de él, a rechazar el uso de falsos datos, del miedo y la distorsión de la justicia.

La doctora Georgina Alenka Guzmán Chávez, profesora investigadora en la UAM Iztapalapa y responsable de uno de los comunicados, asegura que bajo la bandera de la anticorrupción se ha querido tachar todo lo que se hizo anteriormente desde el Conacyt y otras instituciones.

“Cómo podemos vivir en un país donde estamos amenazados por utilizar la inteligencia, la palabra y el conocimiento. Esto se vio en los gobiernos Nazi y Fascista, en las dictaduras como Nicaragua, donde apresan a la gente por usar la inteligencia, no podemos vivir en un país así”.

Dijo que se ha desdeñado el trabajo de académicos y científicos, pero “no se imaginan el trabajo que se realiza con el alumnado, muchas veces tenemos proyectos que no se financian y nosotros seguimos trabajando (…) Queremos respeto porque además no se nos ha permitido hablar acerca de todos los cambios que se han hecho en las leyes de CTI, si lo importante es la consulta, que se nos consulte”, señaló.

Guzmán Chávez agregó que hoy toca unirse como gremio, pero también como sociedad, pues “la educación es un puntal muy importante y hoy parece que vivimos una guerra en contra de esto”. Asegura que la comunidad científica merece respeto, “nos quieren atemorizar, pero han provocado una gran indignación y esto es compartido con la comunidad internacional, porque además en el día a día del aprendizaje hemos formado mucha gente que actualmente se ha ido del país, por eso esto se sabrá en todo el mundo”.

Los hechos anteriores están basados en la denuncia que hiciera la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, donde acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. de haber recibido recursos ilegales provenientes del erario, por ello una de las más señaladas en el caso ha sido la doctora Julia Tagüeña, última coordinadora del Foro.

Al respecto, Guzmán Chávez dijo que la doctora Tagüeña se ha manejado con integridad. “Ella fue promotora de muchas actividades para poder dar un perfil nuevo a la investigación”, y señaló proyectos como llevar a un portal digital las revistas científicas publicadas en México y destinar dinero para que estas pudieran lograr el nivel que se requiere en el mundo.

“La doctora Tagüeña trabajó intensamente y estuvo atenta a todo, algo que recuerdo mucho es que convocó a mujeres en la ciencia, incluidas mujeres indígenas de Guerrero haciendo posgrados. Estas son el tipo de cosas que promovió la doctora por eso asombra mucho que se emprenda una cacería contra ella”.

Los recursos que recibía el Foro para su funcionamiento estaban ordenados por el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología. En un acto ilegal y unilateral, el Conacyt suspendió las transferencias desde 2019, lo que motivó que el 10 enero de 2020 un juez federal resolviera conceder un amparo al FCCyT y ordenara que el Consejo entregara los recursos económicos, pero esto no sucedió.

En contrario, el Conacyt cambió sus estatutos para crear un foro consultivo interno y reemplazar al FFCyT A.C, con lo cual el amparo concedido al Foro quedó sin sustento y el 14 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró sobreseer el caso y dio por concluido el litigio.

La Fiscalía General de la República acusa a los académicos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El proceso sigue vigente.

López Obrador, Gertz Manero y Claudia Sheinbaum han sido implacables al perseguir a funcionarios de gestiones previas a la suya, no escatima recursos ni esfuerzos para encontrarlos: cateos, fichas rojas emitidas por la Interpol, acoso a familiares. Lo que sea con tal de ejercer una justicia que raya en la cacería de brujas para exorcizar a todo lo que les recuerde a sus antecesores.

Aquí un listado de otros casos más que, como decíamos, se cuentan por miles:

Miguel Ángel Mancera Espinosa, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actual Senador de la República por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Es considerado por la propia Claudia Sheinbaum como su principal adversario político. Fue acusado por la Fiscalía General de Justicia por posibles actos de corrupción.

Dice la Fiscalía que existen varias carpetas de investigación abiertas en su contra, pero ninguna se ha judicializado pues Mancera es Senador de la República y cuenta con fuero constitucional. Jesús Orta, ex secretario de Seguridad Ciudadana durante los primeros meses de la actual gestión.

Claudia Sheinbaum consideró que lo habría traicionado y a petición de la jefa de Gobierno la Fiscalía General de la República giró la orden de aprehensión en contra de , elegido por Claudia Sheinbaum para ese cargo, hoy acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Raymundo Collins, ex subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, ex titular de la central de abastos y ex Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Se le acusa de actos de corrupción. Sus propiedades en la Ciudad de México fueron allanadas y él se encuentra amparado. Colaborador muy cercano de Miguel Ángel Mancera.

Luis Serna. Ex Secretario Particular de Miguel Ángel Mancera. Cuenta con orden de aprehensión. La Fiscalía General de la República (FGR) le sigue la pista por el presunto delito de enriquecimiento ilícito durante su paso por la administración capitalina, de 2012 a 2018. Cuenta con un amparo.

Edgar Tungüí. Ex comisionado para la Reconstrucción y exsecretario de Obras en la capital del país. El delito que le imputaron al ex funcionario capitalino durante la administración de Miguel Ángel Mancera fue el de uso ilegal de atribuciones y facultades. Se encuentra detenido luego de ser extraditado de España.

Cinthya Campos, exfuncionaria del gobierno de Miguel Ángel Mancera, fue vinculada a proceso por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos en materia fiscal, y deberá enfrentar su proceso judicial en prisión. Exconsejera del Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya en la administración pasada, habría autorizado la suspensión del pago por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado que se realiza al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Shelma Navarrete y Brenda Yáñez. Fueron altos funcionarios de la Ciudad de México, hoy son buscados por la Procuraduría General de Justicia acusados de desviar 48 millones de pesos de recursos públicos que deberían haberse utilizado para la reconstrucción de viviendas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Felipe de Jesús Gutiérrez, otrora Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario en el gobierno de Mancera. Las investigaciones realizadas señalan que el exfuncionario posiblemente cometió un ilícito que provocó un detrimento a la Hacienda Pública por cerca de 266 millones 642 mil 356 pesos. Se encuentra detenido y vinculado a proceso también por un segundo delito.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Se le acusa junto contras 4 personas de los delitos de trata de personas, publicidad engañosa y asociación delictuosa. El expediente de denuncia por este caso se abrió en 2014 y ya había sido cerrado y enviado al archivo por la Procuraduría capitalina, hoy Fiscalía, durante la administración de Rodolfo Ríos Garza, pero con la llegada de la nueva administración el caso se reabrió para investigarlo con perspectiva de género. Es militante del Partido Revolucionario Institucional, institución adversaria de Morena.

Simón Neumann Ladenzon, empresario mexicano. Ex asesor de Miguel Ángel Mancera y hoy acusado de varios delitos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Alcaldes de oposición. En las recientes elecciones del pasado 2 de junio, el partido de Claudia Sheinbaum perdió las elecciones en 9 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México.

La alcaldesa en funciones de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue acusada de robo y abuso de autoridad, lo que la llevó a enfrentar un proceso judicial que concluyó con una sentencia condenatoria: tuvo que reparar el daño y ofrecer disculpas públicas para librar el proceso y volver a ocupar el puesto del que había sido despojada debido a las acusaciones,

A nivel federal, también se ha emprendido una campaña de persecución en contra de adversarios políticos. Aquí una lista de los asuntos más relevantes.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador en funciones del estado de Tamaulipas por el derechista Partido Acción Nacional, que hoy es la segunda fuerza política del país y aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República. Acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Fue sometido a un proceso de desafuero en la Cámara de diputados que resultó en su perjuicio. No obstante, sigue en funciones y no puede ser detenido pues cuenta con el fuero que le otorga el gobierno del estado de Tamaulipas.

Ricardo Anaya Cortes, ex candidato del Partido Acción Nacional y adversario de López Obrador en las pasadas elecciones del 2018. Es uno de los nombres más sonados para ser candidato presidencial en las elecciones federales del 2024 en representación de la alianza opositora.

Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN). Se encuentra en prisión preventiva sujeto a un proceso penal por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Francisco Domínguez Servín, ex gobernador en funciones de Querétaro por el partido opositor de derecha (PAN). Es hoy por hoy el gobernador mejor evaluado de los 32 titulares de los poderes ejecutivos estatales. No se le ha judicializado carpeta de investigación alguna, pero se encuentra citado en varias investigaciones de la Fiscalía General de la República por delitos de cohecho, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Guillermo Gutiérrez Badillo, actualmente es secretario particular del gobernador de Querétaro. Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, de la cual el senador Lavalle era secretario.

Carlos Treviño. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración priísta de Enrique Peña Nieto. fue llamado a comparecer ante un juez por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita que serán imputados por la Fiscalía.

Treviño es uno de los exfuncionarios que ha sido señalado por el también exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en el llamado caso Odebrecht.

Ildefonso Guajardo. El pasado mes de julio, el exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, fue vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República detalló que la acusación principal que enfrenta es por una cuenta que mantiene en el extranjero con un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos, de la cual no pudo acreditar su origen legal. De acuerdo con las autoridades, como servidor público probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio durante los años 2014 a 2018.

Emilio Lozoya. El exdirector de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Peña Nieto. Fue detenido el pasado febrero del 2020 en España y extraditado a México en julio del mismo año. El exfuncionario es acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la compra de dos empresas cuando era titular de la petrolera. Desde el día de su captura, hasta el momento Lozoya cuenta con seis denuncias formales en su contra, la ultima presentada por la Unidad de Inteligencia financiera por corrupción política y desvío de recursos públicos en julio de este 2021.

Luis Videgaray. El canciller y secretario de Hacienda, también durante el mandato de Peña Nieto, Luis Videgaray, fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) debido a irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. De acuerdo con las autoridades, omitió declarar los saldos de cuentas bancarias entre 2015 y 2017, lo que es considerado como una falta administrativa grave. En el mes de julio pasado el ex funcionario anunció que impugnará la resolución de la SFP por la vía institucional.

Juan Collado. El abogado priista también fue uno de los detenidos durante lo que va del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es amigo cercano del presidente Enrique Peña Nieto. Fue abogado también del expresidente priísta Carlos Salinas de Gortari. Desde hace alrededor de dos años el abogado se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras una acusación en su contra por el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos en perjuicio del Gobierno de Chihuahua.

Luis Miranda. El entonces titular de la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Miranda, es investigado por presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la dependencia entonces a su cargo en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios.

José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de enriquecimiento ilícito. Se le destituyó del cargo a petición del presidente López Obrador, al emitir sentencias en perjuicio del partido Morena.

Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue Procurador General de la República en administraciones pasadas. Se le obligó a renunciar luego de recibir amenazas de que sería investigado él y su familia por presuntos actos de corrupción.

Carlos Loret de Mola, periodista. Se le inició un proceso judicial por estar presuntamente vinculado al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Loret ha sido uno de los periodistas más críticos de la Administración de López Obrador y hoy por hoy es considerado por el propio jefe del Ejecutivo como su enemigo número uno.

Víctor Trujillo. Líder de opinión. Si bien no se le ha acusado formalmente de ningún delito, es víctima de ataques desde el gobierno y a través de redes sociales de diversos delitos sexuales. Es uno de los más férreos críticos de la administración pública.

Periodistas cesados o vetados. Durante la actual administración ha habido una larga lista de periodistas que han sido despedidos de los medios donde colaboraban, además de que han recibido amenazas de persecución. En la lista destacan el periodista México – Chileno Pablo Hiriart, Ricardo Alemán, Pedro Ferriz, entre otros.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por enriquecimiento ilícito.

Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía con Enrique Peña Nieto, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por dar su aval para realizar la compra de la planta Fertinal en 2015 a un precio superior al real.

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) y conocido como el ‘Rey del Acero’, es acusado de lavado de dinero y corrupción conectada con el caso Odebrecht y con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Fue extraditado en un avión desde España a México para ser juzgado. Alcanzó un acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares para quedar libre. No ha cubierto el pago y podría ser recapturado.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente del PRI y ex gobernador de Sonora. Acusado junto con su hoja Sylvana Beltrones (senadora de la República), de los delitos de cohecho, abuso de autoridad, lavado de dinero y asociación delictuosa. Ambos se encuentran en libertad. El primero mediante la obtención de un amaro y la segunda por contar con fuero Constitucional.

Cesar Duarte Jáquez. Ex gobernador de Chihuahua del PRI, hoy detenido en Estados Unidos a petición del Gobierno Mexicano. Roberto Gil Zuarth. Secretario Particular del expresidente Felipe Calderón. El panista Roberto Gil Zuarth es investigado por movimientos financieros por casi 63 millones de pesos en 2012, año en que fue coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota.

Miguel Ángel Osorio Chong, Senador de la República y ex Secretario de Gobernación durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Aunque se le exoneró en la FGR por presuntos delitos de la administración pública, es un personaje político con aspiraciones presidenciales que ha sido amedrentado por el gobierno actual para evitar que crezcan sus intenciones políticas. Tiene varios expedientes abiertos que en su caso la FGR podría reabrir para ir contra él penalmente.

Alfredo del Mazo. Gobernador en funciones del Estado de México por el partido opositor PRI. Se le investiga por ocultar una cuenta con poco más de 1.5 millones de euros en Andorra- un país blindado por el secreto bancario- y por la cual era investigado desde hace dos años por presunto lavado de dinero.

Daniel Blancas, reportero del periódico La Crónica de Hoy. vinculado a proceso penal el pasado sábado 11 de septiembre, después de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) realizara una indagatoria sobre un desencuentro que tuvo con comunicadores que cubren las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.

La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ex gobernador de Nuevo León acusado de delitos electorales y hoy preso en el penal de Apodaca.

Periodistas perseguidos y/o asesinados. México es uno de los países donde los periodistas sufren mayor persecución y donde el desempeño de la profesión es más riesgoso. Es “muy preocupante” la situación de los periodistas en el país. Según datos que proporcionó, del año 2000 a la fecha, 87 periodistas han sido asesinados, 20 están desaparecidos, 14 viven en el exilio y 12 desplazados.

A nivel federal el presidente de la República también ha amenazado con iniciar procesos judiciales en contra de integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral, en especial contra el consejero presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, así como contra magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.

Los anteriores son los casos más significativos y actuales de la persecución política que los actuales gobernantes del país y de la Ciudad han emprendido contra sus opositores. En todos los casos, se trata de personas ligadas a la oposición y hasta el momento no hay ninguna investigación abierta en el caso de personajes de Morena que han sido acusados de corrupción, soborno, lavado de dinero, cohecho, entre otros.

Así, en muchos casos se ha consumado la venganza política de quienes hoy en México ostentan el poder, contra adversarios. El poder, el de hoy como el de ayer, usa sus acusaciones para amedrentar a los incómodos o para mandar señales a los peces gordos. Eso es persecución política y no necesita derivar en la muerte o en el encarcelamiento para denominarse así. La persecución política ya no es lo que era, pero sigue aquí y su impacto en el sistema político es igual de dañino.

APUNTES FIDEDIGNOS

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) abrió carpetas de investigación en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López por presuntamente violar la Ley Electoral previo a la Revocación de Mandato.

Tras recibir 17 denuncias antes y después del ejercicio, la fiscalía decidió iniciar las investigaciones por solicitar apoyo a la población para la consulta popular. El 2 de abril, el secretario de Gobernación promocionó la consulta del mandatario en un evento en Sonora donde afirmó que no temía a posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral.

El titular de la Segob fue denunciado por diputados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y sospechas de utilizar un avión oficial para viajar a Torreón, Coahuila y Hermosillo en el marco del proceso de la Revocación de mandato.

Para sustentar la denuncia se presentaron fotografías donde se observa al secretario Augusto López, al general Rodríguez Bucio, así como al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Berdeja viajar en la aeronave Gulfstream G-350 matrícula XC-PFM de la Guardia Nacional para participar en actos de promoción de la consulta ciudadana.

En el caso de Claudia Sheinbaum, fue denunciada por diputados del Partido Acción Nacional tras el mitin que encabezó el pasado 8 de abril en el Monumento a la Revolución donde se convocó a la población para defender a la Reforma Eléctrica, incluso la transmisión se hizo por canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México….¡¡¡seguiremos informando!!!

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