La tensión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sigue en aumento y ha puesto a la instancia al borde del colapso. Luego de que durante la tarde de ayer, cinco magistrados de la Sala Superior aprobaron la destitución de José Luis Vargas como presidente del organismo, éste emitió un mensaje al respecto y trató de defenderse «como gato panza arriba» a pesar de que tiene una acusación en su contra por el desvío de 36.5 millones de pesos, que seguramente fueron a parar directo a su bolsillo.
En su lugar fue nombrado Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del TEPJF muy cercano al ex presidente Felipe Calderón, quien hace diez meses generó polémica cuando tuiteó un mensaje de odio y con palabras altisonantes contra el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.
“Ojalá se muera ese viejo culero de palacio nacional”, publicó en su cuenta oficial de twitter pasadas las 2 de la tarde.
Unas horas más tarde, Reyes Rodríguez se deslindó de toda responsabilidad por ese mensaje y alegó que su cuenta había sido hackeada a través de un mensaje en la misma red social: “Hackearon mi cuenta de twitter”.
A través de las redes sociales del TEPJF, Vargas Valdez, –quien es conocido entre sus colaboradores como el «Schnauzer Gigante»- está acusado de enriquecimiento ilícito, asegura que la reciente sesión donde se llevó a cabo la votación para removerlo del cargo, y en la que ni él ni la magistrada Mónica Soto participaron, “es nula de pleno derecho”.
Y sin ambages recalca que el nombramiento de Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo magistrado presidente del TEPJF, “constituye el ejercicio ilícito de funciones”.
En otras palabras, se niega a renunciar a su cargo y pidió a los demás integrantes de la Sala Superior evitar una crisis constitucional: “Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura, los albazos no son la forma de resolver las diferencias”.
Pese a la acusación que obra en su contra, insiste en que era improcedente la solicitud que hizo el magistrado Felipe de la Mata, para que en la sesión de ayer se evaluará su desempeño al frente del organismo, pues correspondía a un asunto administrativo y no jurisdiccional, por lo que poner a discusión el acuerdo, invadiría las competencias de la Comisión de Administración.
Expone que en aras de conservar el orden, convocó a un receso, a fin de que retomar la sesión apegándose a los asuntos previstos en el orden del día.
Ante este panorama, convoca al resto de los magistrados a una sesión privada este jueves 5 de agosto para tratar la evaluación de sus funciones y a sesionar públicamente en el pleno de la Sala Superior.
“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal por lo cual esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad. La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo” Cómo inició la ruptura.
Las tensiones en el TEPJF se generaron días después de que Vargas enfrentara nuevos cuestionamientos, a raíz de que un juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir una investigación en su contra por posible enriquecimiento ilícito.
Vargas, en tanto, sostiene que todo su patrimonio tiene un origen legal y ha dicho que no litigará este conflicto en medios de comunicación, sino en los juzgados correspondientes.
Ante este panorama, De la Mata aseguró este 04 de agosto que los integrantes de Sala Superior tienen facultades constitucionales para “asegurar el correcto funcionamiento” del TEPJF y con ese argumento pidió analizar su gestión.
Sin embargo, Vargas Valdez alias «el Schnauzer Gigante» –así le llaman sus colaboradores por el estilo de barba que tiene- acusó a los integrantes en su contra de promover un “golpe de estado” y decretó un receso.
Debido a su negativa de incluir el asunto en la orden del día, decidió ausentarse junto a la magistrada Soto. A su vez, Janine Otálora Malassis, en su calidad de magistrada decana y presidenta del TEPJF por ministerio de ley, convocó a reanudación de la sesión pública y a una votación para aprobar no negar la destitución del presidente.
Y así fue, con cinco votos a favor y dos ausencias, la Sala Superior aprobó remover a José Luis Vargas y nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo magistrado presidente.
La decisión por unanimidad, fue gracias a los votos de los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes e Indalfer Infante.
El magistrado presidente se ha caracterizado por adoptar decisiones favorables al gobierno en turno. Por ejemplo, a propuesta de Vargas el Tribunal perdonó la entrega de “tarjetas rosas” mediante las cuales se prometieron dádivas en las elecciones de 2017 en el Edomex y en Coahuila, que ganaron gobernadores priistas.
En 2019, fue el autor de la resolución que pretendía echar para atrás la elección de Puebla y ordenar unas nuevas, cuando obtuvo el triunfo la fallecida Martha Ericka Alonso, del Partido Acción Nacional (PAN), sobre el morenista Miguel Barbosa, hoy gobernador de la entidad.
El pasado 13 de octubre, el magistrado hizo público su proyecto de proponer ante el Pleno del TEPJF, confirmar la sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a negarle el registro a México Libre como partido político, organización liderada por Margarita Zavala Gómez del Campo y el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Y en este 2021, antes de las elecciones intermedias, rechazó quitarle el registro como candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, quien no entregó a tiempos sus reporte de gastos de precampaña al Instituto Nacional Electoral (INE).
Cabe recordar que la investigación en contra de José Luis Vargas Valdez, por el delito de enriquecimiento ilícito, fue reabierta, de acuerdo con la orden emitida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia.
El impartidor de justicia reconoció a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como denunciante y, por lo tanto, con facultades para impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal que el pasado 15 de junio había decidido la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), de la Fiscalía General de la República (FGR).
La UIF detectó movimientos irregulares del presidente del TEPJF por un monto de 36.5 millones de pesos, y denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.Al momento esea cantidad no aparece y las autoridades correspondientes intuyen que fue a parar a las arcas personales de ese funcionario.
A partir de esta reconsideración, el expediente de la investigación sobre Vargas Valdez podrá ser judicializado para eventualmente someterlo a juicio.
Vargas Valdez, publicó que aun cuando no comparte la determinación del juez en su contra, respetará las decisiones del Poder Judicial.
En sus redes sociales difundió un pronunciamiento, en donde insiste que el dinero que le fue detectado tiene un origen lícito y que tienen “plena correspondencia de mis ingresos y egresos antes y durante mi ejercicio como servidor público».
APUNTES FIDEDIGNOS
Y hablando de delincuentes, por órdenes de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue destituido como administrador del Deportivo 18 de Marzo, José Héctor Carreón Garcés, debido a la serie de corruptelas que le fueron detectadas durante su gestión y que al parecer está ligado a una red de traficantes de órganos que opera en cárceles y hospitales capitalinos. De hecho, el próximo 10 de agosto tiene una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por los delitos que se le imputan.
Lo anterior ocurrió hace algunos días, cuando fue notificado por autoridades del gobierno local que por órdenes de la máxima autoridad, tenía que dejar el cargo de forma inmediata, ante la serie de denuncias que le fueron interpuestas por usuarios de ese centro social.
De acuerdo con usuarios de dicho club deportivo ubicado en la colonia Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero, desde que Carreón fue nombrado administrador, aumentó el precio de las inscripciones, de la comida que ahí se vende, comenzó a cobrar cuotas de 20 pesos para permitir a los cientos de usuarios el ingreso de sus automóviles al estacionamiento.
También instaló un autocinema con capacidad para 140 automóviles, mismo que diariamente funcionaba con horarios y un precio de 200 pesos, pero como lo hizo a espaldas de Claudia Sheinbaum y al ser reportado, al poco tiempo fue clausurado.
Informes proporcionados por gente cercana a Carreón señalan que éste obtuvo ganancias mensuales superiores a los 200 mil pesos, mismas que iban a parar a sus arcas personales y de las que nunca dio cuenta a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que actualmente ya se realizan auditorías para detectar más actos de corrupción.
Entre otras arbitrariedades, y con el argumento de que iba a realizar una remodelación, también cometió un ecocidio en el deportivo, al talar más de la mitad de la cantidad de árboles que se encuentran en el lugar, sin haber pedido autorización al gobierno capitalino.
Cabe recordar que Carreón Garcés por tercera ocasión pretendió hasta hace unos meses postularse como candidato a la Secretaría General de la Sección 12 «Servicios Médicos» del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México (SUTGCDMX), sin embargo sus aspiraciones se vieron truncadas ante las inconformidades de la mayoría de los agremiados sindicales.
Cabe señalar que Héctor Carreón tiene un historial conformado por diversas corruptelas que ha cometido para su beneficio personal así como un ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Norte e incluso y el próximo 10 de agosto, tiene una audiencia en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia a la que deberá acudir para responder por las acusaciones que se le imputan.
Documentos y datos proporcionados señalan que este aspirante enfrenta diversas demandas de tipo penal, administrativas, civiles, electorales. por pensión alimenticia, piratería, amenazas y lesiones, entre otras.
Aunque ha tratado de ampararse para evitar la acción de la justicia, ese trámite le fue rechazado y ahora está obligado a responder por las cuentas pendientes ante los juzgados y la Contraloría General de la Ciudad de México, instancia que le ha enviado 22 notificaciones y no las responde.
A lo anterior, habrá que señalar que Carreón Garcés consiguió a través de sus influencias, que su esposa Alma Villanueva entrara a trabajar a la Secretaría de Salud del gobierno local, donde percibe ingresos brutos superiores a los 50 mil pesos mensuales, así como su hija Ingrid Carreón Villanueva, quien tiene en esa dependencia una plaza como Médico Veterinario aunque carece de título y cédula profesional.
En este sentido, cabe señalar que Ingrid no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y desarrolla su actividad en el turno nocturno en una clínica con guardias fijas.
Ante el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando en las pasadas elecciones se inscribió como candidato a diputado local del partido Fuerza por México, declaró que es dueño de bienes e inmuebles con un valor estimado en tres millones de pesos; de un automóvil cuyo costo es de 300 mil pesos y que tiene ahorros aproximados equivalentes a esta última cantidad, procedentes de las cuotas que aportan los más de 8 mil 500 agremiados.
Para lograr que dicho instituto político lo abanderara y de paso conseguir espacios para su familia, invirtió 9 millones de pesos provenientes de las cuotas de los agremiados sindicales. Al final no ganó, aparte de que Fuerza por México sólo obtuvo el 2.5 por ciento de las votaciones por lo que perdió su registro.
Además, las investigaciones realizadas por autoridades de la Fiscalía General de Justicia y la Contraloría General de la Ciudad de México, señalan que ante los actos de corrupción ya mencionados –algunos de ellos especificados en los expedientes 414/2020 y 1145/2020-1-, fue inhabilitado de por vida por parte de la Secretaría de Salud, por lo que ya no puede ocupar cargos como funcionario en dependencias ni postularse como candidato a ningún puesto de elección popular, ya sea como alcalde, legislador local y federal o líder sindical.
Esto último, de acuerdo con el Artículo 161 Bis que se encuentra en los estatutos generales del SUTGCDMX, al que por lo visto no se le da continuidad al permitir este tipo de situaciones que van en perjuicio de los trabajadores.
La siguiente audiencia de Carreón es el próximo 10 de agosto a las 10:30 am en el Juzgado Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, cuyo titular es Francisco Javier Rebolledo Peña. adscrito al Tribunal Superior de Justicia. Aunado a esto, la Policía de Investigación también rastrea la acusación de que Carreón está involucrado junto con algunos de sus colaboradores, en una red que se dedica a traficar con órganos humanos en cárceles y hospitales capitalinos.
Cuando Carreón Garcés ingresó a las filas de dicho sindicato, era un «humilde chofer» de ambulancia en el Hospital Rubén Leñero, y ahora reporta ingresos por 540 mil pesos anuales; aunque la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino señala que al año percibe 744 mil pesos, ya que tiene un nombramiento de jefe de Servicios en la Secretaría de Salud, es decir, 62 mil pesos mensuales.
Sin embargo, en redes sociales presume los suntuosos automóviles de su colección, los yates privados en los que vacaciona por las majestuosas playas del país exhibiendo sus presas de pesca. Usa trajes finos y lentes negros, le acompaña un séquito de personas de toda su confianza que lo mismo le funcionan para «hacerle los mandados», cuidarle, amedrentar a los trabajadores que no simpatizan con él, así como a directores de nosocomios a quienes les exige canonjías. Héctor Carreón es bien conocido por mandar a golpear a sus oponentes,
Sus adversarios lo describen como «un personaje extravagante» y aseguran –quienes lo conocen desde hace muchos años- que vendedor de discos pirata en las inmediaciones de los centros hospitalarios, actividad que en 2002 lo llevó a estar preso casi seis meses en el Reclusorio Norte por el delito de plagio y falsificación de documentos.
Para obtener su libertad utilizó a sus amistades –toda vez que no tenía derecho a salir bajo fianza- y desembolsó “una fuerte cantidad de dinero” para persuadir a los testigos y demandantes.
Es claro que encontró en el sector salud del gobierno capitalino una «minita» para obtener recursos económicos con la venta de plazas, venta de comisiones sindicales, venta de hojas de préstamos, venta de dictámenes médicos y hasta el tráfico de órganos, –imputación que al momento no ha sido comprobada- por lo cual, pretendió de nueva cuenta, tomar las riendas de la Sección 12, concluyen sus opositores…¡¡¡Seguiremos informando!!!
Dudas, comentarios, aclaraciones y amenazas:
@juanreportero
[email protected]
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
