Fuera de control se encuentran los sectores inmobiliario y restaurantero en Tulum, Quintana Roo, toda vez que son víctimas de malos manejos y corrupción por parte de presuntos ex integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, organización dedicada al tráfico de drogas.
Esa célula delictiva opera en Sinaloa, Sonora, Durango, Nayarit, Estado de Chihuahua, Estado de Guerrero, Nuevo León, Puebla, Morelos, Estado de Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de Veracruz, Coahuila, Baja California, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Colima, Zacatecas y Estados Unidos.
En los últimos años, se han otorgado diversos permisos de construcción a supuestos empresarios que se manejan ambos rubros, quienes sin cortapisas se han convertido en cómplices de la devastación de selvas, manglares y zonas ecológicas que se encontraban «protegidas» por las autoridades.
De acuerdo con investigaciones policiacas, ha surgido el nombre de dos de los responsables de este crimen ecológico: Héctor Gerardo y Jorge Arturo Ponce Medina, quienes ya cuentan con antecedentes ante las Fiscalías en diversos estados del país.
Y es que ambos sujetos están ligados al Cártel del Pacifico, liderado por los Beltrán Leyva y presuntamente son socios de Alejandro Gómez Casso, identificado como hijo del ex líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia.
Pero el protagonista de esta historia es Héctor Gerardo Ponce Medina, –quien es señalado por actos de corrupción e incluso tiene demandas y antecedentes penales- actualmente forma parte del equipo más cercano del alcalde de Tulum, Quintana Roo, Marciano Dzul Caamal, a quienes incluso se les ha visto juntos en diferentes eventos oficiales del ayuntamiento y privados, como la inauguración de hoteles de lujo.
Ponce Medina ha sido señalado por varios empresarios de Tulum como «el recaudador» personal de Marciano Dzul, toda vez que al parecer es el encargado de pedir sobornos para tramitar permisos de obra, operación de negocios o cualquier situación relacionada con la construcción en el municipio.
Héctor Gerardo y Jorge Arturo Ponce Medina fueron detenidos el 6 de marzo 2005 en el aeropuerto de Barcelona, España, cuando de manera ilegal pretendían sacar casi seis millones de dólares en efectivo y llevarlos hacia Estados Unidos en un vuelo privado.
La identificación y arresto de ambos sujetos se logró mediante una investigación que efectuaron elementos de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA (por sus siglas en inglés), durante la cual detectaron una red de tráfico de drogas y lavado de dinero adscrita al Cártel de Los Beltrán Leyva.
Ante esta situación, los hermanos Ponce Medina fueron acusados de haber sacado de España en tan solo dos años, más de 120 millones de euros a través de vuelos privados y operaciones bancarias.
Los detenidos fueron presentados ante el Juez de Instrucción número 4 de la audiencia española, quien imputó formalmente el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, a fin de cuentas el impartidor de justicia resolvió otorgarles la libertad bajo fianza para que enfrentaran su proceso en libertad, sin embargo, los acusados huyeron hacia México.
Pero a principios de 2008, uno de ellos, Jorge Arturo, fue detenido en Estados Unidos cuando pretendía ingresar a Canadá, toda vez que la alerta que emitió el gobierno español luego de que huyó junto con su hermano Héctor Gerardo, lo delató inevitablemente.
Jorge Arturo fue deportado y entregado a elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y cuando le revisaron el equipaje, encontraron documentos que lo relacionaban con Alejandro Gómez Casso, hijo del ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien en ese momento estaba acusado de haber cometido fraude a sus representados por más de 55 millones de dólares, por lo que desde 2006 había huido con su familia a Vancouver, Canadá.
Las investigaciones siguieron su curso y se obtuvo otro dato muy importante: Héctor Gerardo Ponce Medina fundó dos empresas en el estado de Nuevo León y tenía como socio precisamente a Alejandro Gómez Casso.
De hecho, en el Registro Público del Comercio que se maneja en dicha entidad, Alejandro Gómez Casso y Héctor Gerardo aparecen como socios desde 2000 en la empresa digital Media Technologies SA de CV. La segunda empresa es Grupo Digital Media SA de CV fundada con un capital de 50 mil pesos, en la cual, ambos propietarios únicamente aportaron 10 mil pesos y meses después ya facturaban millones de pesos.
A pesar de las acusaciones y señalamientos que obran en su contra, aunado al cobijo de las autoridades municipales, Héctor Gerardo Ponce Medina opera impunemente en Tulum, Quintana Roo.
APUNTES FIDEDIGNOS
El Estado de México se ha convertido en el centro de operaciones o «búnker» de Guillermo Fragoso Báez alias «El Jefe» y/o «El Memo» y de Christian Jesús Castillo Grimaldo alias «El Jimmy», líderes de las células delictivas Sindicato 22 de Octubre y la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON), quienes se dedican a la extorsión, las amenazas, al secuestro, al cobro de piso, al narcotráfico y a las ejecuciones.
Con tal de obtener jugosos dividendos para llenar sus bolsillos, ahora no sólo amenazan y golpean a quienes se niegan a pagarles sus cuotas, sino que ahora les «siembran» armas y drogas en complicidad con grupos de policías que operan en la zona oriente del Estado de México.
Tal y como sucedió durante la mañana de este jueves, cuando «El Jimmy» y «El Jefe», trataron de cobrar derecho de piso al transportista Daniel Mendoza Guzmán, en el municipio de Chalco, pero como se negó a «cooperar», de inmediato y en complicidad con un grupo de policías municipales le sembraron droga y diversas armas de fuego y lo detuvieron para ponerlo a disposición de las autoridades de la Fiscalía Regional.
Cuando varios medios periodísticos se enteraron de lo sucedido, de inmediato acudieron a las oficinas de la Fiscalía Regional para dar a conocer la noticia, pero la gente de «El Jimmy» y «El Jefe» que ya se encontraba también en las instalaciones de la dependencia, comenzó a golpear, amedrentar y amenazar de muerte a los reporteros, quienes ya no pudieron cumplir con su labor.
En tanto, Daniel Mendoza fue traslado hacia otro municipio del edomex (no diremos a cual para evitar cualquier atentado en su contra), mientras se resuelve su situación jurídica…..¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!
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