En un verdadero desastre y un auténtico «caldo de cultivo» se ha convertido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que encabeza la abogada Ernestina Godoy Ramos, toda vez que se han cometido diversas injusticias en contra de los empleados ´que ahí laboran y eso, incluso ha costado la vida de varios de ellos, sobre todo en tiempos de pandemia.
Todo parece indicar que la titular de la instancia está prácticamente de adorno y no le interesan los constantes reclamos que le hacen llegar empleados administrativos, peritos, criminólogos, forenses y policías de investigación en cuanto a la forma de laborar, toda vez que están demasiado expuestos a contraer el virus del Covid-19 aunque ya se hayan vacunado.
A este espacio informativo, un grupo de trabajadores inconformes hicieron llegar unos documentos donde se demuestra que la licenciada Godoy los tiene prácticamente desprotegidos y que las declaraciones que hace ante los medios periodísticos en el sentido de que está dispuesta a resolver los problemas internos, es pura mentira.
Cabe señalar que desde que inició la pandemia en la Ciudad de México, es decir, el 27 de febrero de 2020, a la fecha han muerto más de 200 personas que trabajaban en la Fiscalía y «casualmente» ninguna de ellas contaba con el equipo de protección adecuado para que laboraran calles y oficinas, aunado a la negligencia de quienes tienen altos puestos en la instancia.
Como por ejemplo el Fiscal en Tláhuac, Francisco Javier Mejía Sánchez, quien a sabiendas de que tenía a su cargo a personal con diabetes hipertensión, obesidad y cardiopatías, no les dio oportunidad de hacer el famoso «Home Office» , por lo que varios de ellos se contagiaron y al recuperarse quedaron con secuelas graves, pero otros más fallecieron porque su organismo estaba muy débil y no resistió la lucha contra esta tan terrible enfermedad.
El pasado 19 de julio, el Secretario General del Sindicato de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fernando Mira Martínez envió un escrito a Ernestina Godoy Ramos, donde le expuso el caso del empleado Juan Manuel Gómez Martínez, quien padecía diabetes, obesidad e hipertensión y que fue obligado –mediante oficios y con la amenaza de que sería cesado si no acudía a trabajar las oficinas- por el Fiscal Mejía Sánchez, por lo que contrajo el virus y falleció el pasado 27 de mayo. Su número de empleado era el 157167 y su RFC GOMJ681101-G50.
De acuerdo con el acta de defunción, su cuerpo fue incinerado en el Horno Crematorio «Apolo», ubicado en el Panteón de Ixtapaluca, Estado de México. Las causa del deceso fueron insuficiencia respiratoria aguda grave, neumonía atípica, Covid-19, diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica.
Lamentablemente, en ese periodo, Esperanza Calva Ramírez, –esposa Juan Manuel Gómez- quien de igual forma trabaja en la Fiscalía de Tláhuac, también se contagió de Covid-19, lo cual confirmó con una prueba rápida SARS y una vez que se recuperó de la enfermedad, quedó con secuelas como dolor.es constantes de cabeza, falta de aire y agotamiento, por lo que tampoco se ha podido vacunar. A parte de eso, la señora es madre de dos niños, quienes también se contagiaron y apenas están en proceso de recuperación.
Aun así, el «Fiscal del Terror» tampoco le concedió el permiso para trabajar desde su casa, pues tal parece que también quiere que esa mujer fallezca al igual que su esposo. E incluso como respuesta obtuvo: «ya quítese el chip de la pandemia y preséntese a trabajar». Actualmente, la señora Esperanza sigue laborando en oficinas y se encuentra bajo el riesgo la tente de volver a contagiarse y probablemente de fallecer y para colmo, Ernestina Godoy no ha respondido a esta situación.
Es de señalar que al menos 216 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México murieron en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, mientras que cerca de 2 mil 400 policías capitalinos contrajeron el virus. En promedio, nueve policías se contagian todos los días.
Datos oficiales de ambas instituciones obtenidos a través de solicitudes de transparencia, muestran que los decesos en las corporaciones capitalinas superan – hasta por tres veces en el caso de la fiscalía – a los de sus homólogas federales. Incluso las muertes superan a las registradas en el Ejército.
Y de acuerdo con información del portal Animal Político, el caso específico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC-CDMX), los datos proporcionados arrojan un total de 2 mil 374 servidores públicos contagiados y 158 que han perdido la vida, hasta el corte del 14 de diciembre. Estos datos incluyen tanto a policías capitalinos operativos, así como a trabajadores administrativos.
Los contagios en dicha dependencia encabezada por Omar García Harfuch comenzaron desde los primeros días de la pandemia, con tres policías contagiados en el mes de marzo. En tanto, los primeros decesos se registraron en abril con un total de 18.
El pasado 5 de abril se confirmó públicamente la muerte del primer agente capitalino: un policía preventivo de dicho sector que días antes participó en el operativo de seguridad por el concierto del Vive Latino, el último evento masivo realizado en la capital tras el arranque de la crisis sanitaria.
Como ocurrió en el país, la enfermedad rápidamente se propagó en las filas de la Secretaría de Seguridad capitalina. Para mayo, los contagios ascendieron a 347 y en junio alcanzaron la cifra mensual más alta que fue de 558.
La perspectiva comenzó a mejorar partir de julio con un descenso en los contagios identificados, que se mantuvo hasta octubre cuando llegaron a 122. Sin embargo, en noviembre los contagios nuevamente repuntaron a 350.
En tanto, entre el 1 y el 14 de diciembre de 2020 se registraron 421 nuevos contagios, cifra que ya superaba a la de cualquier mes completo previo con excepción junio. Se prevé que, una vez contabilizados los casos de la segunda mitad de diciembre, dicho mes presenta la cifra de contagios mas altos desde el arranque de la pandemia.
En cuanto a los decesos, la cifra mas alta se registró en mayo con 47 casos, seguido de junio con 40. En los siguientes meses dichos promedios se han reducido significativamente, manteniéndose entre 8 y 11 muertes al mes en promedio.
La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que hasta 18 de diciembre de 2020 tenía confirmada la muerte de 58 de sus funcionarios a causa de la enfermedad de COVID-19. Lo que no quiso revelar es cuántos ya se han contagiado.
En un oficio de respuesta firmado por la directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia, Berenice Cruz Beltrán, se señala que dicha institución no posee “la facultad o atribución de llevar un registro de enfermedades”, aunque reconoce que distintas áreas administrativas de la dependencia “presuntamente llevan un registro del personal contagiado”.
No obstante, la Fiscalía no turnó a esas áreas la solicitud y, por tanto, no proporcionó los datos requeridos.
En cuanto a los 58 decesos, la dependencia encabezada por la fiscal General Ernestina Godoy detalló que 14 de ellos ocurrieron en mayo, lo que lo convierte en el mes más letal en esta institución. Octubre fue el mes con menos decesos con un solo caso, pero para noviembre ascendieron a cinco, y al corte de la mitad de diciembre ya iban otros cuatro.
Del personal que ha fallecido 21 eran fiscales u oficiales de distintas agencias del Ministerio Público. A ellos se suman 17 policías de investigación que también han perdió la vida, entre ellos tres jefes de grupo. A su vez se reporta el fallecimiento de seis peritos, mientras que el resto corresponde a personal administrativo.
Los decesos en las fuerzas de seguridad capitalinas superan a los reportados en sus homólogas federales, de acuerdo con las cifras oficiales que dichas corporaciones han transparentado.
Por ejemplo, los 58 decesos en la Fiscalía capitalina casi triplican los 20 decesos que la Fiscalía General de la República reportó en su personal desplegado en el país al cierre de noviembre pasado.
Las 158 muertes en la Secretaría de Seguridad capitalina, por su parte, son mas del doble que las 70 reportadas por la Guardia Nacional al llegar diciembre. La Guardia Nacional es una fuerza de tamaño similar a la policía capitalina, con casi cien mil efectivos desplegados activamente en todo el país.
Las bajas en la SSC-CDMX son mayores que las de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución que sí supera ampliamente en tamaño a la policía capitalina. En diciembre, dicha dependencia reportó 143 muertos (15 menos que la policía capitalina), pese a que su numero de contagios rebasaba los cinco mil casos para ese momento.
Los policías que han fallecido en la capital del país a causa del COVID-19 han recibido las prestaciones que contempla la ley para cualquier agente que fallece durante su servicio. Entre ello se encuentra la pensión para sus dependientes económicos directos y apoyo escolar para sus hijos.
Pero funcionarios de la SSC-CDMX indicaron que se ha insistido a las aseguradoras para que además consideren las muertes por COVID-19 como decesos por riesgo de trabajo, es decir, como una muerte inherente a la función que estaban realizando. Lo anterior bajo el argumento de que los policías, por la naturaleza de su trabajo esencia, no pueden parar y están mas expuestos a los contagios.
El beneficio de esto es que para los beneficiarios del finado representa un pago mayor a raíz del fallecimiento. No obstante, hasta ahora las aseguradoras no han querido reconocer dicha situación, por lo que las negociaciones continúan.
Para tratar de prevenir contagios y decesos, desde el arranque de la pandemia la policía capitalina identificó a sus elementos con comorbilidades como diabetes, y los canalizó a trabajo en casa.
Además, con la finalidad de identificar mejor los casos y proceder con las medidas correspondiente, desde el 21 de diciembre el ERUM instaló tres quioscos en donde se realizan pruebas a funcionarios de dicha dependencia, previa valoración médica. Ello sumado a un call-center a donde el personal de la institución también puede comunicarse para pedir asesoría.
APUNTES FIDEDIGNOS
La periodista Azucena Uresti ayer fue amenazada de muerte por cabecillas del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes en un video que subieron a una cuenta de twitter, –y que después fue eliminado- dijeron que estaba beneficiando en cobertura a un grupo de autodefensas en Michoacán, quienes, según los criminales, eran narcotraficantes.
El día 4 de agosto Uresti presentó un reportaje titulado «Las autodefensas en Michoacán son lo único que detienen al CJNG».
Según la periodista, los autodefensas intentan impedir el avance del CJNG en algunos municipios del estado.
La conductora de «Azucena por Milenio» afirmó que los autodefensas le dijeron que los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación «intentan ingresar a la cabecera municipal».
«De lograrlo acabarán con el pueblo», le dijo la fuente a Uresti.
«Está muy tensa la cosa, Azucena, aquí en Tepalcatepec, todo lo que son los Linderos… (si llegan a la cabera municipal) van a matar a toda la gente, porque todos somos autodefensas, van a dejar un pueblo fantasma, que lo quieren colonizar. Aunque el tan Nemesio Oseguera sea de Michoacán, con todo respeto como decimos acá en el pueblo, es un pendejismo», señaló.
El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, tuiteó –más a fuerza que de ganas- que el gobierno mexicano “tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados”.
El CJNG también ha demostrado tener un alcance casi ilimitado dentro del territorio mexicano. El 26 de junio 2020, hombres armados del cártel llevaron a cabo en la Ciudad de México un ataque contra el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, durante el cual resultó herido y provocó la muerte de otras tres personas.
Esperemos que las autoridades realmente cumplan con proteger la integridad física de Azucena Uresti, porque lo que no saben es que a las pocas horas de que ella presentó esa noticia «incómoda», halcones de esa organización criminal destacados en la CDMX, fueron a Milenio para checar a que hora llegaba, a qué hora salía, por donde se va, en donde vive y por si fuera poco, quienes forman su equipo de colaboradores.
Así que, desde este espacio hago un llamado a las autoridades para que no solamente la cuiden a ella, sino a todo los periodistas, como su servidor, que hemos sido amenazados por integrantes del crimen organizado y que por ello estamos incluidos en el programa de protección a periodistas, que por el momento no ha demostrado ser eficaz…¡¡¡Seguiremos informando!!!
Dudas, comentarios, aclaraciones y amenazas:
@juanreportero
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