El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), entregar información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los casos de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y Odebrecht.
Y es que el pasado 22 de diciembre, la Sala Superior del TEPJF ordenó a la FEDE entregar al órgano electoral la documentación relacionada con diversas carpetas de investigación a su cargo, pues de acuerdo con el organismo, dicha información es necesaria para que el INE lleve a cabo procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos.
Sin embargo, el INE presentó ante la Sala Superior un escrito en el que manifestó que han pasado más de 30 días sin que la Fiscalía cumpliera con la sentencia emitida por la Sala Superior.
“Por tanto, y asumiendo que el secreto ministerial no se opone a la facultad de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, el INE solicitó al TEPJF que se pronunciara al respecto de la situación”, recordó el Tribunal.
Por ello, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el pleno de la Sala Superior determinó, por mayoría de cinco votos a favor y dos en contra, que la sentencia ha sido incumplida por parte de la FEDE, pues no se han entregado las copias de las carpetas de investigación solicitadas al INE.
“Dada la situación y con el fin de velar por el debido cumplimiento de lo dictado en las sentencias por el máximo Tribunal Electoral del país, la Sala Superior del TEPJF resolvieron ordenar a la FEDE cumplir con la sentencia principal a la brevedad. Al respecto, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdez se pronunciaron en contra del criterio”
El 22 de diciembre del 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debía entregar al Instituto Electoral toda la información que éste solicite sobre el caso del dinero que recibió Pío López Obrador de David León Romero, ex operador del gobierno de Chiapas durante el mandato de Manuel Velasco, para un presunto financiamiento ilícito hacia Morena.
En su momento, dos magistrados se opusieron al proyecto, entre ellos, José Luis Vargas, quien propuso analizar de fondo el caso y declarar infundadas las intenciones del INE, al considerar que no existe una norma que faculte al órgano a que “ante la actividad fiscalizadora pueda superarse la secrecía ministerial, como sí sucede en la bancaria, fiduciaria y fiscal”.
En tanto, el pasado 14 de enero la Fiscalía General de la República inició el proceso para desclasificar la carpeta de investigación referente al caso Odebrecht, donde se incluyen 36 declaraciones de 22 funcionarios públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, realizadas ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.
Entre los nombres que figuran en los documentos se encuentra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien en su declaración ministerial del 17 de agosto de 2017 se reservó su derecho a declarar y negó “cualquier imputación que se formule o se haya formulado en mi contra”.
Asimismo, se encuentran personajes de la actual administración al frente de Pemex, como André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.
Cabe recordar que el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la suspensión de propaganda política durante el proceso de Revocación de Mandato, la cual debe ser emitida únicamente por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Lo anterior debido a que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) presentó una controversia a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el procedimiento de Revocación del Mandato con el argumento de que “no está debidamente justificada ya que no se trata de un procedimiento electoral”.
El INE declaró la veda desde el 4 de febrero hasta el 10 de abril, día en el que se hará la consulta para determinar si el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador continúa.
De acuerdo con el comunicado del Tribunal, la decisión se tomó con base en la Constitución y La Ley Federal de Revocación de Mandato ya que “se encuentra previsto no únicamente para los procesos electorales, sino también para los procesos revocatorios” pues está señalado en el artículo 33 de la ley de Revocación de Mandato.
Además recalcaron que el procedimiento fue aprobado a pesar de la oposición del Partido Acción Nacional (PAN) ante la suspensión de verificación de firmas y supuestas irregularidades en el informe final de apoyos de la ciudadanía. A lo que el TEPJF respondió que lo anterior debió de ser impugnado en el momento procesal oportuno “esto es, cuando se rindió el informe final sobre la verificación de las firmas”.
La suspensión de verificación de firmas en apoyo a la convocatoria de Revocación de Mandato fue propuesta por el consejero Ciro Murayama por la falta de recursos dentro del Instituto y para no retrasar el proceso, pues ya se había cumplido un porcentaje adecuado (3% de la lista nominal equivalente a 2.7 millones de firmas) que requería el INE.
De igual forma el INE arrancó con la impresión de 94.5 millones de boletas para la consulta, aunque el consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdova lamentó que por el recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos, las impresiones no fueron elaboradas en papel seguridad como las papeletas de las elecciones federales.
Este recorte aprobado por el Congreso, en el que tiene mayoría Morena, ha causado una confrontación entre el mandatario y el consejero presidente del Instituto pues ha argumentado que se busca sabotear al INE, lo que debilita el funcionamiento de la democracia.
Por otro lado también se ha instado en numerosas ocasiones al presidente y su partido a no hacer actos que puedan verse como promoción de la Revocación de Mandato. El 13 de febrero circuló en redes sociales un comunicado firmado por varios gobernadores afines de la 4T en el que manifestaron su apoyo hacia Andrés Manuel.
Por lo que el Instituto ordenó a los gobernadores a retirar el comunicado que fue catalogado como propaganda pues contenía elogios hacia el presidente como el de haber roto con “el viejo régimen” y fue señalado como “un dirigente social”.
La queja fue interpuesta por el PAN y tras sesionarlo con la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, órgano encargado de atender las irregularidades que se presenten en el proceso, se llegó a la resolución de considerarlo como una violación a la veda electoral. Hay que recordar que la medida será aplicada a nivel nacional en los niveles federal, estatal y municipal así como en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
APUNTES FIDEDIGNOS
Y en otros temas igual de desagradables, resulta que el municipio de Zumpango ubicado en el Estado de México, se ha convertido en «tierra de nadie» toda vez que se encuentra a merced del crimen organizado encabezado por una agrupación denominada Sindicato 22 de Octubre.
Los integrantes de esa agrupación han convocado a otras asociaciones civiles de transportistas para ir a cobrar con lujo de violencia, 600 mil pesos que les deben desde hace tiempo, las autoridades municipales.
Cabe señalar que Los hechos quedaron registrados en la carpeta de investigación FTE/ZUM/02/MP/360/02348/2109, TEX/FTE/ZUM/122/256150/2109, contra quienes resulten responsables.
Es de señalar que quienes presuntamente iniciaron los hechos de violencia en dicho municipio son José Amador Zúñiga, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), José Neri Ortega Blancas, presidente de la Comisión del Transporte del Sindicato Nacional del Cemento, Juan Ortiz Granados de la Confederación de Obreros y Campesinos (CTC) y Carlos Mata, líder de taxistas en el Estado de México…¡¡¡seguiremos informando!!!
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