Una nueva forma de esclavitud surge en medio de la pandemia provocada por el Coronavirus, al inicio del tercer año de gobierno de la llamada 4T y en pleno siglo XXI.
Las víctimas son unos 175 trabajadores de la mina San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa., quienes se acercaron a esta columna para denunciar
Con un paro de actividades que cumple ya 11 meses, los mineros siguen en pie de lucha, con un reclamo por la omisión de sus derechos laborales, ya que han trabajado en condiciones inhumanas, con riesgos sanitarios que llegan al grado de tener contaminada su sangre con plomo.
Luego del abandono en que los dejó su líder sindical al que hoy desconocen, Javier Villareal (CTM), solicitan la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los afectados revelaron en los testimonios de este material periodístico que la corrupción, sumada al desamparo sindical, proviene principalmente de la empresa canadiense a la que responden: Americas Gold & Silver Corporation.
Mientras la compañía extranjera se deslinda de las denuncias de sus trabajadores y argumenta un “quebranto” a los tratados internacionales, los mineros de Cosalá exigen un salario digno, seguridad laboral, libertad sindical y respeto al medio ambiente.
En los alrededores de la mina, se puede apreciar en los videos filmados por los propios trabajadores en huelga desde el 26 de enero, los delitos ambientales que comete la empresa, como el derrame de residuos tóxicos en un lago, que a su vez provoca la muerte de la fauna; la contaminación por tirar basura y desechos industriales en zonas verdes, así como la emanación de partículas a la atmósfera.
Americas Gold & Silver Corporation, ha detenido el pago a los huelguistas, rechaza el diálogo y, lejos de resolver el conflicto, ha anunciado la suspensión de las inversiones y operaciones en una empresa que se ve cada día más deteriorada.
La empresa canadiense también se opone al ingreso de los mineros de la mina San Rafael al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana dirigido por Napoleón Gómez Urrutia.
Lo anterior pese a que en una votación de recuento sindical, dicho sindicato obtuvo el triunfo para que los mineros busquen con una nueva representación sindical recuperar sus condiciones laborales básicas que, a pocos días de terminar el 2020, siguen sin existir.
Sobre el tema, cabe recordar que la Cámara Minera de México, dominada por dos de los grupos más grandes de este sector, Grupo Peñoles y Grupo México, se reunió hace unos días en forma virtual con senadores del grupo parlamentario del PRI para solicitar su apoyo con el fin de enfrentar la crisis económica y laboral causada por la pandemia. Desde que la minería no se ha considerado como una actividad esencial para operar durante la contingencia, a esos empresarios les ha generado temores e inseguridades sobre esta crisis, además del impacto que tendrá la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio o T-MEC.
No es la primera vez que lo exigían, pues antes lo habían hecho a través de declaraciones públicas directas y también por medio de los dirigentes sindicales charros de las organizaciones oficialistas bajo su influencia o control. Es decir, recurren a los grupos de congresistas o personajes siniestros del sindicalismo que ellos mismos sembraron y alimentan para servir a sus intereses. Lo han hecho también en su desesperación para criticar la política económica del actual gobierno y su absoluto rechazo, dada la mezquindad con la que han actuado, ya que se han opuesto a que las minas y plantas se vean obligadas a parar sin importarles arriesgar la vida y la salud de los trabajadores.
A pesar de que la Cámara Minera argumenta que frenar las operaciones del sector tendría un impacto negativo en la cadena productiva y en la contribución de esta actividad al producto interno bruto, en el fondo sale a relucir que por su avaricia no están dispuestas a parar un solo día para no perder producción ni utilidades. Recurren al PRI y a seudolíderes vendidos y sometidos por ellos mismos porque están ejerciendo su misma influencia como lo hacían en el pasado, cuando el país estaba entregado a la corrupción y a la ineficiencia. Como siempre, se resisten a los cambios y no cabe duda que lo seguirán haciendo mientras no se reforme la Ley Minera y la estructura productiva nacional.
Los auténticos y verdaderos trabajadores del país que representamos un cambio, hemos insistido en que todas las actividades de esta industria se declaren no esenciales, dados los serios problemas del sector frente a la crisis sanitaria que estamos enfrentando en todo el mundo, y también porque las condiciones de trabajo en el fondo de las minas a más de mil metros de profundidad, o en su defecto a un lado de los hornos de las plantas metalúrgicas y siderúrgicas, representan factores muy elevados de riesgo y por supuesto exponen mucho más a los mineros y los acercan a la posibilidad de contagiarse y agravar más su situación. Aquí podemos destacar la frase reconocida de don Napoleón Gómez Sada, que dice: No hay mina de oro que pague la vida de un trabajador. Lástima que a algunos convenientemente se les olvida.
APUNTES FIDEDIGNOS
Elementos de tránsito, pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, se dedican a extorsionar automovilistas que llegan a la CDMX, procedentes del Estado de México, Tlaxcala y Puebla, por no traer verificación en sus autos.
Los gobernadores de los tres estados firmaron un acuerdo para que los conductores no fueran multados dentro de esas entidades.
La razón, se debió a evitar el incremento de contagios y muertes por covid-19.
Sin embargo, los «honestos» elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana,SSC, que encabeza Omar Hamid García Harfuch, aprovecharán la oportunidad para engordar sus bolsillos y extorsionan a todo aquel que conduce un auto con placas de cualquiera de esos estados.
De acuerdo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, » se acabó la corrupcion», pero no sabemos en dónde
Muchos conductores preguntan si la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, está enterada de estos actos de corrupción o simplemente, es ignorada.
En Puebla, el gobernador Miguel Ángel Barbosa, desde marzo del año en curso, es decir hace diez meses, ordenó el cierre de los verificentros para evitar la propagación del virus chino.
Por tal razón, en Puebla no hay verificentros.
Esto es aprovechado, por los corruptos «agentes de tránsito» de la SSC para obtener recursos ilicitos con la amenaza de llevar las unidades a los «corralones».
Para evitar que los autos paren en esos sitios, los conductores entregan la famosa «mordida» a los llamados «tamarindo».
Dicho dinero que en manos de los jefes de área o «salpican» algo a Omar García…seguiremos informando!!!
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