La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos contra el gobernador, nacido en el barrio bravo de Tepito en la capital del país, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el señalamiento presentado el 13 de septiembre, Blanco Bravo de 48 años de edad, junto con un grupo de sus amigos, presuntamente incurrieron en diversos actos ilícitos. De tal modo que el documento oficial fue presentado a la opinión popular por Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos.
“Vengo a presentar denuncia de hechos y/o querella en contra de los servidores públicos Cuauhtémoc Blanco Bravo, Jaime Tamayo Godínez, Edgar Riou Pérez y Jonathan Baltazar Mejía Alegría; y contra quienes resulten responsables de hechos posiblemente constitutivos de delitos”, se lee en la denuncia de la unidad técnica encabezada por Santiago Nieto.
De acuerdo con informes proporcionados a esta columna, la denuncia atiende a un año de investigaciones realizadas entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la detección de una supuesta red de corrupción entre los colaboradores del gobernador por el Partido Encuentro Social (PES).
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador había reconocido, desde el 2020, la existencia de la investigación que sustenta la denuncia, pero respetó la presunción de inocencia del ex delantero de la selección mexicana de fútbol y aseguró que no hay elementos vinculantes.
“Se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera. Hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos, en lo que a nosotros corresponde”, dijo el jefe del ejecutivo federal en junio del año pasado durante una de sus conferencias «mañaneras».
Otro dato aportado es que las investigaciones abarcan desde el 2016, cuando Blanco Bravo era presidente municipal de Cuernavaca. Es importante señalar la cercanía de los acusados con el ex jugador del América ya que se encuentran familiares y amigos del ex alcalde tepiteño.
Entre los señalados destacan Ulises Bravo, su medio hermano; Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular; y Jaime Tamayo, amigo cercano del gobernador.
A pesar de que «El Cuau» no se ha pronunciado sobre esta denuncia, desde que se hizo pública la investigación, Blanco aseguró ser inocente respecto a cualquier presunción de delito en su contra.
Luego de que el pasado miércoles se diera a conocer que Cuauhtémoc Blanco, fue vinculado por la FGR a un red de lavado de dinero, las reacciones de diversos actores políticos no se ha hecho esperar y hay quienes incluso exigen que la nueva ley de juicio político sea estrenada con el también exfutbolista.
Por ejemplo el senador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Germán Martínez, quien hizo la propuesta de estrenar la Ley de Juicio Político y Declaración de Juicio de Procedencia, que acaba de ser aprobada, para desaforar a Cuauhtémoc Blanco, argumentando que las acusaciones en contra del exfutbolista son bastante graves.
Y es que el exfutbolista del América –uno de los peores equipos de México- fue denunciado por su presunta participación en una red de lavado de dinero y manejo inexplicable de recursos.
Fue denunciado por supuestamente ocultar el origen, la propiedad y el destino de recursos millonarios junto con dos familiares y otros trabajadores. Debido a que el dinero fue triangulado en diversas cuentas bancarias. Así las cosas.
otro de los implicados es su medio hermano, Ulises Bravo Molina, quien no ha sido funcionario en la administración. Sin embargo, se le conoce como el señor 20% por ser quien solicita “moches” de dinero para aprobar contratos de obra pública o concesiones.
En la denuncia interpuesta por el abogado Enrique Paredes Sotelo y entregada a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos contra Cuauhtémoc Blanco también están implicados Edgar Riou, un primo que además era su secretario particular, y Jaime Tamayo, amigo y colaborador.
En el expediente quedó asentado que Blanco, Bravo, Riou y Tamayo “presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos”.
La acusación señala movimientos financieros realizados entre 2016 y 2018, lapso en el que Cuauhtémoc Blanco desempeñó el cargo de presidente municipal de Cuernavaca, capital de Morelos, estado que empezó a gobernar a partir de 2018.
En el expediente quedó asentado que Jaime Tamayo ha realizado depósitos millonarios en tres instituciones bancarias, una de ellas es Inbursa “donde registró depósitos por 43,6 millones de pesos y retiros por 40,2 millones de pesos” otro de los bancos utilizados es Santander donde “de agosto de 2016 a octubre de 2018 registró depósitos por 505.4 millones de pesos”, y el otro banco es Banamex.
La red de lavado de dinero y las cuentas millonarias a las que se ha vinculado al creador de la «cuautemiña» fueron detectadas en 2020 por la UIF y la FGR.
Por otro lado, el pasado lunes, con 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado de la República, aprobó en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la cual reemplazará a la Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos.
La Cámara de Senadores emitió un voto unánime, en el que las bancadas de Morena, PRI, PAN, PRD, MC, PT, PES y PVEM unificaron criterios al modificar la terna que recibieron de la Cámara de Diputados, por lo que se marcó un precedente notable en lo que va de la LXV Legislatura.
La nueva ley tendrá como objetivo ampliar el margen jurídico de la Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos, y establecerá un proceso más ágil para proceder contra las y los funcionarios que sean procesados por la justicia mexicana.
Como el dictamen que recibieron de la Cámara de Diputados sufrió alteraciones, éste se regresó a San Lázaro para ser ratificado, tal como dicta el proceso del poder legislativo; sin embargo, cabe destacar que las alteraciones que sufrió el oficio fueron suscritas por Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, con lo que se vivió un talante de diálogo entre posturas ideológicas que no se había visto en el sexenio.
Cabe señalar que en contraste, Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, de la UIF y la FGR, respectivamente, han realizado numerosas acusaciones basadas en investigaciones de vanguardia al seguir el flujo de recursos de diversos actores políticos.
Y derivado de las averiguaciones realizadas por la UIF se concretó una denuncia contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN), quien presuntamente tiene nexos con el narco al norte de la república.
Otro caso relevante es el de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, exdiputado federal por el Partido del Trabajo (PT), quien cuenta con irregularidades patrimoniales también llamadas enriquecimiento ilícito, por lo que la UIF inició una investigación que terminó en su desafuero durante la LXIV Legislatura.
Sin embargo, estos dos sospechosos no han rendido cuentas ante la ley por sus acusaciones por diferentes factores. Por un lado, García Cabeza de Vaca cuenta con fuero como gobernador, por lo que el proceso judicial en su contra, a cargo de la fiscalía de Gertz Manero, se vio suspendido.
Mientras que, por el otro lado, Toledo Gutiérrez de 41 años de edad, se encuentra en el extranjero –específicamente en Santiago, capital de Chile, de donde son originarios sus padres- por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a cargo de Ernestina Godoy, solicitó una ficha roja a la Interpol para la detención del ex legislador.
Aunque actualmente dicha medida ha resultado completamente infructuosa, e incluso dicen las «malas lenguas» que a Don Mauricio Alonso se la visto en la capital chilena, paseándose como si no debiera nada y viviendo en la casa de sus familiares por parte de su señor padre.
APUNTES FIDEDIGNOS
Ahora que regresó Adrián Rubalcava Suárez, como titular a la alcaldía Cuajimalpa, se refortaleció el crimen organizado en dicha demarcación, con la presencia de la banda de «Los Claudios», que se dedica al narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el despojo de predios y acabar con mítines políticos.
Desde hace años, dicha banda liderada por Claudio y Héctor González González, mantiene una relación muy estrecha con Rubalcava, toda vez que han recibido pagos para que actúen como su grupo de choque personal y ataquen a todos sus enemigos políticos.
El 3 de enero de 2018, los integrantes de dicha agrupación fueron acusados por haber «reventado» dos actos políticos de Claudia Sheinbaum, quien en ese tiempo era candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y se encontraba de gira por la demarcación.
Bajo la sombra protectora de Rubalcava Suárez, «Los Claudios» extendieron su territorio hacia alcaldías como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en donde se han apoderado de diversos predios que se encuentran ubicados en colonias de alta y mediana plusvalía, mismos que son utilizados para vender droga y como «bunker» para planear sus futuros golpes.
Cabe señalar que uno de los integrantes de ese grupo delictivo que saltó a la fama de manera rápida es Luis Angel Estrada Sánchez alias «El Chupas», quien golpeó al reportero de ADN 40, Juan Manuel JIménez durante una manifestación de las llamadas feminazis que realizaban en la Glorieta de Insurgentes en la capital del país, el 16 de agosto 2019.
Tras la agresión, perpetrada por dicho sujeto que al ser detenido por policías de investigación, dio como nombre falso el de Carlos Daniel Penagos García; el periodista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en la nariz. Este es el «flamante alcalde» que tienen los habitantes de Cuajimalpa…¡¡¡Seguiremos informando!!!
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