Apuntó que los trabajos a realizar deberán ser adecuados a sus capacidades físicas, psicológicas y criminológicas.
“Hoy la sociedad tiene que mantener con sus impuestos a quienes le han causado daño y eso tiene que terminar. No es justo que mientras millones de mexicanos honestos se levantan todos los días a trabajar, haya personas que delinquieron que viven sin trabajar”, puntualizó.
Señaló que las autoridades pueden firmar convenios con la iniciativa privada para que las empresas establezcan centros de trabajo en las cárceles y desde ahí se maquilen productos, siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Asimismo, dijo que los convenios en cuestión deberán establecer beneficios económicos y fiscales para las empresas participantes.
“Esta iniciativa busca tener reos ocupados, en vez de estar extorsionando por teléfono o profesionalizándose en el delito, además de que dejarían de ser una carga para los contribuyentes, al tiempo de que tendrían la oportunidad de entender el valor del trabajo, capacitándose y adquiriendo habilidades de tal manera que cuando salgan, puedan incorporarse al mercado laboral, en vez de regresar a la vida delincuencial”, añadió.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación. El contenido de esa propuesta de inmediato refleja la ignorancia y el desconocimiento que tiene la diputada panista sobre el tema del Sistema Penitenciario de la CDMX.
Actualmente, Andrés Ponce Aceituno,
titular de dicha instancia actualmente adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la red de colaboradores corruptos que tiene a su lado, pone a trabajar a los reos para que generen “jugosos” dividendos que van a parar a los bolsillos de esos funcionarios y otra parte se utiliza para pagar las campañas políticas durante los periodos electorales.
¿Y en que los pone a trabajar?, seguramente se preguntará esa “brillante diputada” panista cuando lea esta columna; y la respuesta es simple, les renta celulares para que desde la “comodidad de sus celdas”, hagan extorsiones telefónicas, orquesten asaltos y secuestros; vendan droga en los penales, ropa, comida, pan, renten cobijas para otros reos, cobren derecho de piso y todo eso lo tienen que hacer si es que quieren ganar dinero para llevar una estancia más tranquila y sin sufrir represalias por parte de los mismo funcionarios carcelarios.
Diputada América Rangel, crea usted que los internos ya no están de ociosos como en otros tiempos, actualmente si no hacen los trabajos que les encargan a la fuerza simplemente son castigados, golpeados y hasta les fabrican delitos para que sus condenas sean más largas.
Fíjese usted, tan solo en el Reclusorio Preventivo Oriente, hay contabilizados 3 mil aparatos celulares, que son rentados a reos en 300 pesos diarios, échele lápiz para que vea que únicamente de ese rubro salen 900 mil pesos diarios que obvio una parte se les da a los internos y el resto a va a parar a manos de las autoridades penitenciarias. Ahora bien si se tomara en cuenta la ganancia que dejan el resto de los temas que he mencionado, pues estaríamos hablando de millones de pesos diarios que saldrían de un solo penal.
Y conste que no estoy defendiendo a los internos, simplemente estoy planteando una total y absoluta realidad que fomentan las mismas autoridades penitenciarias que son más corruptas y mafiosas que las personas vestidas de beige.
Con todo respeto señora diputada, mejor dígales a sus asesores que se metan un poco más a fondo a los temas para que usted pueda obtener mejores iniciativas de ley, que tengan buen fundamento y sin que tenga la necesidad de dar “palos de ciego” en la tribuna.
En este sentido le pregunto, por qué no mejor propone una iniciativa para que las personas que deseen integrarse como funcionarios al Sistema Penitenciario no sean impuestas por dedazo, sino que sean seleccionadas para ocupar cargos, con base en sus estudios, es decir que mínimo tengan una licenciatura en derecho y sean capacitadas constantemente con cursos relacionados al sector, porque ¿le confieso algo? la mayoría de los actuales servidores públicos carcelarios no tienen más que la secundaria terminada y el titular Andrés Ponce Aceituno es un odontólogo que nomás no da una.
APUNTES FIDEDIGNOS
En otro tema, les cuento que desde hace varias semanas, diversas organizaciones han denunciado una presunta red de extorsión al interior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
en donde señalan que figuras públicas y funcionarios de esta dependencia encabezan una manipulación de casos.
Los datos apuntan a que este fenómeno impacta negativamente en las familias que buscan una solución legal justa, ya que en muchos casos se priorizan intereses económicos y políticos.
Cabe señalar que según datos del “Informe de Avances de los Indicadores Nacionales 2024” del Sistema Nacional Anticorrupción, el 82 por ciento de los encuestados considera que la corrupción es el principal problema que afecta al sistema judicial en México.
En tanto, información de la organización México Evalúa, precisan que en más del 80 por ciento de los casos judiciales existe algún grado de irregularidad o manipulación.
Entre los casos denunciados se encuentran aquellos en donde se afecta a los menores de edad, pues según las organizaciones la Fiscalía capitalina permitió que esa red de corrupción manipulada procesos judiciales relacionados con custodias y pensiones alimenticias.
Incluso se acusa a presuntos defensores de derechos humanos, de utilizar su posición e influencias, para manipular casos de divorcio, coordinar estrategias para victimizar a una de las partes en conflicto, utilizar la herramienta de presión….¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!
DUDAS, COMENTARIOS, ACLARACIONES Y AMENAZAS:
con el propósito de reducir el ocio y generar ingresos para pagar su propia manutención dentro de estos espacios.
quien busca adicionar una fracción a la ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. Apuntó que con esto se “podría cambiar el rumbo de nuestro sistema penitenciario”, pues “a partir de ahora, reo que no trabaje, no come”.
la manutención de cada uno le cuesta al erario alrededor de 17 mil pesos mensuales.
titular de dicha instancia actualmente adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la red de colaboradores corruptos que tiene a su lado, pone a trabajar a los reos para que generen “jugosos” dividendos que van a parar a los bolsillos de esos funcionarios y otra parte se utiliza para pagar las campañas políticas durante los periodos electorales.
en donde señalan que figuras públicas y funcionarios de esta dependencia encabezan una manipulación de casos.
