La política pública de combate al narcotráfico emprendida por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de «abrazos no balazos», no solo ha causado estragos palpables en las calles de México, sino que es motivo de análisis y preocupación en el gobierno de Estados Unidos, –que encabeza Joe Biden- la primera potencia del mundo y el principal socio comercial de México.
Hay muchos datos contundentes en el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 (INCSR por sus siglas en inglés), elaborado por el Departamento de Estado y que fue enviado el pasado 2 de marzo al Congreso. Se menciona por ejemplo, que Rafael Caro Quintero, –fundador del Cártel de Guadalajara hoy Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, Ismael Mario «El Mayo» Zambada García –actual líder del cártel de Sinaloa, junto con «Los Chapitos» grupo conformado por Obvidio y Edgar Guzmán López así como su medio hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar son protegidos directamente por AMLO.
En él se evalúan las acciones de combate al tráfico de drogas, precursores químicos ilegales y lavado de dinero de más de cincuenta países con los que Estados Unidos tiene acuerdos internacionales para luchar contra estos delitos. De acuerdo con el reporte, actualmente México es una de las naciones en situación más crítica.
Se afirma que pese a que en 2020 la pandemia de COVID-19 prácticamente paralizó la economía del mundo, los carteles de la droga mexicanos aumentaron su producción y tráfico de drogas, sobre todo heroína, metanfetaminas y el terrible fentanilo; y multiplicaron sus operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano.
En contraste a ese crecimiento de operaciones ilegales, el gobierno de AMLO disminuyó los decomisos de droga y precursores químicos para su producción; destruyó menos plantíos de amapola y confiscó menos bienes y dinero.
«Estos carteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de su territorio”, quedó plasmado en letras en el reporte y es palpable con casos como lo ocurrido en el Estado de México y Tlaquepaque.
Si el gobierno de AMLO no mejora sustancialmente su combate a los carteles de la droga con datos verificables, advierte el gobierno de Estados Unidos, «México corre el grave riesgo de ser considerado como un país que probadamente no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas”.
Aunque en un inicio la pandemia del COVID-19 obstaculizó la actividad delictiva porque los cierres en fronteras y restricciones de viajes afectaron las rutas de tráfico y el suministro de precursores químicos, «los traficantes rápidamente adoptaron rutas y métodos alternativos, y la disponibilidad de drogas en muchas regiones alcanzó nuevos máximos históricos a finales de año”, explica el INCSR.
Como los carteles mexicanos son los principales traficantes de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos -el país con más consumidores de droga del mundo-, las cifras del daño que causaron en el 2020 es escalofriante.
En el reporte, el gobierno de Estados Unidos revela que en todo 2019 se registraron en ese país 72 mil muertes por sobredosis. En 2020, tan solo de enero a mayo, la cifra llegó a 80 mil.
El mayor número de muertes ocurrió justo en los meses de marzo, abril y mayo, cuando la pandemia estaba en su peor fase en Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, México se encuentra en la lista de 22 países donde ocurre la mayor producción y tráfico de drogas del planeta y que son tres organizaciones criminales las que mueven este mercado. Sus líderes son Rafael Caro Quintero, Ismael «El Mayo Zambada y «Los chapitos», quienes «por coincidencia» ahora son buscados por la DEA, instancia que ofreció hace unos días, 45 millones de dólares como recompensa a quien proporcione datos exactos para su captura.
Y es que en esta información se menciona que dichos narcotraficantes mantienen contratos con el presidente López Obrador y que Joe Biden, en su afán de debilitar y acabar con el «narcogobierno» que existe en México, puso precio a sus cabezas; extraoficialmente se dice que dichos líderes criminales han hecho sobornos que van desde los 50 a 100 mil dólares a altos jefes militares y funcionarios del gabinete presidencial –aunque no se menciona a quienes en específico- para que los dejen trabajar a gusto.
En dicha lista también se encuentran Afghanistan, las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistan, Panamá, Perú y Venezuela.
Bolivia y Venezuela, en 2020 y 2021, han sido calificados como países que de manera comprobada han fallado en cumplir los acuerdos internacionales para combatir las drogas.
México podría ser el tercer país que entre en la lista negra, y para el gobierno de Estados Unidos estar en esa categoría no es un juego.
En el informe al que hacemos referencia en esta columna, se considera al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, uno de los principales cómplices del tráfico de cocaína del continente Americano.
«Este mes de marzo, un tribunal de EE. UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína. En respuesta, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena….”
De acuerdo con el diagnóstico realizado, los carteles mexicanos se han fortalecido en el último año por diversas razones.
Por un lado, existe un deficiente control de precursores químicos en México, lo que permite fabricar drogas letales como el fentanilo y contrabandearlas a los Estados Unidos.
Y por otro lado, empresarios y comerciantes de China, que envían los elementos para la producción de drogas sintéticas, para evadir controles en este país, ahora han pasado algunos de sus laboratorios a India, y mandan a México los precursores vía África.
Aunque México tiene leyes que, se supone, controlan la entrada de precursores químicos usados para la fabricación de drogas sintéticas, «esto no ha disuadido significativamente la producción local de drogas sintéticas”, se afirma en el reporte.
Y se afirma que México aún permite la libre importación y comercio de al menos tres ingredientes y sus variantes para producir el fentanilo.
Pese a que México pide documentación para la importación de máquinas para hacer tabletas y encapsular, no da seguimiento ni controla el destino final de la maquinaria una vez que fue importada y así ésta llega a manos de las organizaciones criminales.
El aumento de drogas sintéticas por parte de los carteles mexicanos en el último año está comprobado por el gobierno de Estados Unidos.
En 2019, en la frontera con México, se decomisaron vía terrestre 1.187 kilos del peligroso fentanilo; en 2020 decomisaron más del doble, 2.939 kilos. Por vía aérea en 2017 provenientes de México se incautaron 49 kilos, y en 2020, 71.
En contraste con el aumento de producción, se afirma, los decomisos del gobierno de droga y precursores químicos por parte del gobierno de México «siguen siendo demasiado bajos”, y la destrucción de amapola con la que se produce la heroína, ha disminuido notablemente.
De acuerdo al INCSR, entidades criminales lavan anualmente millones de dólares de ganancias provenientes del narcotráfico en el sistema financiero de México. Y en ese mismo sistema financiero se lava dinero proveniente de extorsiones, robo de combustible, fraude, tráfico de personas y armas.
Aunque algunas autoridades mexicanas han tenido algún progreso en investigar y bloquear cuentas relacionadas a lavado de dinero, debido a lineamientos de la Suprema Corte de Justicia esto solo es temporal y muchos de los afectados han podido ganar recursos legales para recuperar sus fondos.
En contraste, se asegura en el reporte, la Fiscalía General de la República en el 2020 no probó su eficacia en obtener una condena judicial contra los responsables del blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
También se afirma que para lavar sus recursos ilícitos muchas organizaciones criminales recurren a la falsificación de facturas y manipulan el verdadero valor del bien o servicio. Y aunque ha habido reformas legales para combatir estos delitos, estas aún no inciden en su disminución.
«El blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario de lujo sigue siendo una preocupación, especialmente como vehículo para blanquear el producto de la corrupción pública”, señala el informe.
Respecto al lavado de dinero, las conclusiones del reporte son contundentes: «por corrupción y falta de capacidad”, el gobierno de México no es capaz de evitar eficazmente el lavado de dinero en su sistema financiero.
En el duro diagnóstico hecho al gobierno de AMLO en materia de lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos reconoce la intención del presidente mexicano en combatir al crimen organizado y la violencia a través de programas sociales. Y señala que el gobierno de México ha avanzado en la realización del primer estudio de rendimiento de amapola en 17 años.
También señala que si bien «México no fomenta ni facilita, como política gubernamental, la producción de drogas ilícitas o distribución, ni participa (intencionalmente) en el blanqueo del producto de la venta de drogas ilícitas, la corrupción sigue obstaculizando significativamente los esfuerzos de México por el control de las drogas”.
«México debe hacer más para fortalecer los esfuerzos investigar y enjuiciar los delitos relacionados con las drogas y frenar la producción y el tráfico de heroína, cocaína, y especialmente drogas sintéticas”, señala el reporte.
«Estos carteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de su territorio”.
«México debe demostrar claramente su compromiso con el desmantelamiento de los cárteles y sus empresas criminales, y debe hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos”, concluye el informe.
APUNTES FIDEDIGNOS
Y hablando de temas escabrosos, les comento estimados lectores que han quedado al descubierto dos bandas criminales identificadas como «Los Julupesty» y «Los Ortega» que se encargan de asesinar, amedrentar y extorsionar y los integrantes de la comunidad gitana que habita en nuestro país.
Incluso, en complicidad con policías ministeriales se dedican a crear denuncias falsas en contra de los integrantes de dicha comunidad, principalmente si son empresarios, y una vez que los presentan ante el Ministerio Público, les exigen 5 millones de pesos para retirar la demanda en su contra y que no se vayan a la cárcel.
Los líderes de dichos grupos delictivos son los hermanos Juan Pablo y David Ortega Vélez, junto con su cuñado Jacobo Luvinoff. También se encuentran inmiscuidos en este asunto Tony y Cehel Julupesty y todos ellos, por supuesto que tienen antecedentes penales. Pero de esto hablaremos en una investigación especial. que ya se está «cocinando», mientras tanto….¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!
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