De nueva cuenta estimados y bien ponderados lectores, el presidente –de membrete- Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de burlas y humillaciones en el extranjero. En esta ocasión cuando el pasado viernes 8 de septiembre viajó a Colombia para participar con su homólogo sudamericano Gustavo Francisco Petro Urrego, en la Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, éste, lanzó una serie de indirectas que por supuesto incomodaron bastante al tabasqueño. Tal parece que eso no le cayó como «anillo al dedo».
El encuentro efectuado en la ciudad de Cali, estaba programado para que ambos mandatarios platicaran sobre las iniciativas de paz que hay en marcha en ambos países y sobre el cambio de paradigma mundial con las drogas y así sucedió, pero, Gustavo Petro aprovechó para desquitarse de cuando AMLO se burló de él y del escritor Mario Vargas Llorsa por su «conservadurismo», en una de sus conferencias mañaneras, efectuada en 2022.
Gustavo Petro, de manera muy elegante le dio a entender a AMLO que era un «narcopresidente»e hipócrita con el pueblo mexicano:
«y ese mismo político que ordenaba hacer eso, se abrazaba en la noche en los clubes con el más grande narcotraficante de Colombia, yo afirmaba en mis discursos que los senadores de la República hacían por las mañanas las listas de quienes iban a ser asesinados y por las noches, hacían leyes de la República. El 35 por ciento del Senado de la República en la época paramilitar, eran los paramilitares que eran la organización narcotraficante más grande del mundo, 35 por ciento del Senado de la República fue a parar a la cárcel».
En esta intervención que fue registrada en video, el mandatario colombiano continuó:»Estados que se estaban volviendo narcoestados, ese es el producto de la guerra contra las drogas, claro, ante en Viena, las convenciones, hablando con los norteamericanos en Washington o allá en Bruselas, todos son anti narcotraficantes. Saludan al jefe de la política antidrogas de los Estados Unidos, por la mañana, cogen el avión y por la mañana se abrazaban con Pablo Escobar en las noches con las niñas; hipocresía».
AMLO –aunque muchos nom lo acepten- ha sido catalogado como el peor presidente que ha tenido México desde que se conformó como país. Y esta es parte de la historia de su nefasto mandato:
El 1° de diciembre de 2021, la plaza central de la Ciudad de México, el Zócalo, comenzó a llenarse de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador (amlo). Hacía dos años que no había una convocatoria popular de tal dimensión.
Los autobuses llegaron desde todo el país, algunos organizados por distritos gobernados por el partido de amlo, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y por algunos sindicatos. Luego de horas de espectáculos musicales, apareció el presidente. Sus seguidores estaban felices de ver a alguien a quien admiran como político y como autoridad moral. En su discurso, destacó las políticas impulsadas por el gobierno y los planes para el futuro. «En tres años», dijo el presidente, «ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo».
Mientras sus partidarios celebraban y el presidente proclamaba su respeto por la Constitución, un grupo mucho más pequeño se reunía a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Puertas afuera del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los estudiantes habían organizado una ocupación para protestar contra el rector designado por el gobierno al frente de la institución en noviembre de ese año. El CIDE es una prestigiosa universidad pública que se especializa en la formación en el área de las ciencias sociales. Mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) tiene más de 200 mil estudiantes, el CIDE tiene solo 400.
Fue fundado en 1974, durante el mandato del presidente nacionalista de izquierda Luis Echeverría, para formar a expertos que pudieran aconsejarlo en temas de política económica.
En la década de 1990, sin embargo, se volvió conocido por sus profesores que completaban doctorados en el exterior, lo que en algunos casos incluía formación en economía de mercado. amlo alega que durante la época neoliberal que con tanta frecuencia critica la institución terminó «aborreciendo el servicio público».
Los estudiantes del CIDE no lo ven del mismo modo. Cuando llegó el nuevo rector en el otoño pasado y transgredió prácticas habituales en la universidad respecto de la promoción y la retención de su plantel docente, iniciaron una huelga. A muchos les preocupa que, en un contexto en el que amlo tiende a equiparar el servicio público con el apoyo a su gobierno, haya un riesgo real para la libertad académica de quienes se involucran en investigación o defensa de causas que difieren de los planes y las políticas del gobierno. Estos temores están relacionados con otros ataques al ámbito académico.
En 2021, el gobierno mexicano fue criticado en medios internacionales por su manejo de un caso de corrupción contra algunos científicos que habían recibido apoyo estatal: rechazó decisiones de la Corte que favorecían a los científicos y los amenazó con aplicar leyes muy severas que normalmente se utilizan contra narcotraficantes. Estudiantes y profesores por igual temen que el gobierno de amlo los haya colocado entre sus blancos y que esté utilizando la política de austeridad para atacar a instituciones que percibe como hostiles a sus propósitos.
El «Amlofest» y la ocupación de los estudiantes en el CIDE difícilmente fueron comparables en escala, y el contraste entre ellos sugiere algo sobre la naturaleza del gobierno de amlo. Aunque el presidente sigue disfrutando de niveles de aprobación cercanos a 60%, su índice de desaprobación creció de un escaso 14% en 2019 a 39% en febrero último.
Mientras el gobierno conserva su popularidad entre amplias franjas de la población, las acciones del presidente han alejado a un número creciente de votantes. AMLO juzga casi todo de acuerdo con cómo afecta su imagen. Durante una de sus conferencias de prensa matinales, alardeó sobre el hecho de que sus índices de aprobación netos están en segundo puesto en el escenario mundial, sólo superados por los de Narendra Modi, al parecer sin advertir que la comparación podría ser poco favorecedora, dadas las características del gobernante indio. amlo se reserva el derecho de decidir quién pertenece al auténtico pueblo y quién es parte de la élite egoísta.
En su lógica de «conmigo o contra mí», se presenta a los críticos –incluidos no solo académicos sino también periodistas y activistas de varias causas– como motivados por la defensa de sus privilegios y del viejo régimen. Muchos de los simpatizantes de AMLO se hacen eco de estas críticas; por ejemplo, el periodista simpatizante de Morena Gibrán Ramírez desestimó la ocupación del cide tildándola de «picnic».
AMLO es el primer presidente mexicano de izquierda desde la transición del país a una democracia competitiva a finales de la década de 1990. Cuando fue elegido en 2018, muchos esperaban que reduciendo la extrema desigualdad y la corrupción, como lo había prometido, según él, su presidencia iba a profundizar y expandir la democracia.
Aunque a algunos les preocupaban sus rasgos «populistas», los movimientos populistas no son totalmente enemigos de la democracia: pueden sumar nuevas voces a la política, dar poder e integrar a grupos marginados y desmantelar redes de privilegio. Pero estos movimientos también pueden imbuir a líderes carismáticos de poder simbólico, atacar a las instituciones independientes y a los movimientos sociales, y construir nuevas redes de privilegio basadas en la lealtad.
En los años transcurridos desde su elección, estas tendencias opuestas del populismo han coexistido en el México de AMLO. Pero en el último año hubo episodios más frecuentes y más serios en los que excedió los límites del liderazgo democrático y abrazó la personalización de la autoridad represora como la mejor manera de impulsar su proyecto político.
Las elecciones de medio término celebradas en junio de 2021, que en general fueron percibidas como un referéndum sobre la gestión de amlo, fueron la primera oportunidad para que su coalición (Morena se asoció con dos partidos pequeños) disputara muchos de los poderosos gobiernos de los estados del país. La coalición logró buenos resultados y obtuvo 11 de los 15 estados en disputa.
Por otro lado, perdió terreno en la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso mexicano. Los principales partidos del sistema político previo a amlo –los remanentes del Partido Revolucionario Institucional (pri), de larga trayectoria en el poder, el Partido Acción Nacional (pan), de derecha, y el Partido de la Revolución Democrática (prd), de centroizquierda– formaron un bloque opositor unido.
Lograron resultados lo bastante buenos como para privar a Morena de la supermayoría necesaria para aprobar enmiendas constitucionales. No obstante, Morena sigue siendo el favorito indiscutido –aunque tiene al Frente Amplio por México como acérrimo enemigo- para las elecciones presidenciales de 2024, en las que será representado por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum.
Los resultados en la Ciudad de México permiten entrever algunos de los cambios en la coalición presidencial. Su victoria en 2018 fue el resultado de un apoyo multiclasista, pero el año pasado perdió en la mayoría de las demarcaciones territoriales de la ciudad, el primer resultado de este tipo para un partido nominalmente de izquierda desde 2000.
Con una población de más de ocho millones, la Ciudad de México ha sido el bastión de la izquierda política del país; tanto AMLO como Ebrard se han desempeñado como sus jefes de Gobierno. En mayo pasado, sin embargo, camino a las elecciones de medio término, Ebrard y Sheinbaum resultaron dañados por el colapso de un trayecto elevado del Metro de la Ciudad de México, cuya construcción deficiente y pobre mantenimiento sugirieron que se había priorizado la conveniencia política por sobre la seguridad de los pasajeros.
Las derrotas de Morena en el área al poniente de la ciudad, que alberga algunos de los distritos más ricos, representan no solo la esperable hostilidad de las clases acomodadas, a las que amlo descalifica como «fifís», sino también la caída del apoyo entre los profesionales con mayores niveles de educación. Mientras tanto, su fortaleza en las zonas más pobres del oriente de la ciudad muestra la lealtad de esa raquítica porción de su base electoral.
Parte de la razón de esa lealtad son los nuevos programas sociales implementados durante la gestión de AMLO, que han producido logros limitados. El gobierno ha aprobado incrementos significativos del salario mínimo, en un país donde el salario promedio era más bajo en términos reales en 2019 que en 2005. La serie de aumentos salariales aprobados por Morena –que incluyen un incremento de 22% para 2022– suma 65% en términos reales.
Los proyectos insignia del gobierno para atacar la desigualdad y la pobreza mediante transferencias de dinero a estudiantes y jubilados, entre otros grupos, también le han ganado algún apoyo. Entre 2018 y 2020, hubo un incremento de 7 puntos porcentuales en la población mexicana en situación de pobreza, una cifra un poco más baja de lo que se esperaba debido a los efectos de la pandemia. Durante el mismo periodo, los beneficios derivados de programas sociales crecieron 56%; las transferencias de efectivo se cuentan entre las razones de esta contradicción aparente.
Otras reformas laborales introducidas por Morena han comenzado a tener efectos positivos. De acuerdo con los requerimientos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el partido introdujo nuevas reglamentaciones que permiten a trabajadores y trabajadoras presentar quejas, anular contratos fraudulentos y formar sindicatos independientes sobre bases más favorables. Se trata de reformas significativas y democráticas. Durante las administraciones PRI, partido que gobernó México durante la mayor parte del siglo XX, sindicatos poderosos obtuvieron posiciones de privilegio en sectores claves a cambio de lealtad política.
Fueron pilares fundamentales del régimen y sus dirigentes se enriquecieron, pero solo una minoría de trabajadores resultó beneficiada. Una representación sindical más democrática tiene el potencial de crear una nueva cultura del trabajo en México.
Como ejemplo, en febrero de 2022 el personal de una planta de General Motors situada en la ciudad de Silao, que ensambla camionetas Chevy y gmc, votó mayoritariamente a favor de unirse a un sindicato independiente, lo que ponía fin al convenio negociado por uno de los dinosaurios de la era del PRI.
Según el viejo convenio, los salarios alcanzaban un máximo de 23 dólares estadounidenses diarios y los trabajadores reportaban un maltrato frecuente, como la negativa a permitirles pausas para ir al baño. Los organizadores del sindicato independiente afrontaron intimidaciones y amenazas para obtener este logro. Su éxito es emblemático respecto de las posibilidades que se abren para el poder de los trabajadores bajo la nueva ley, en especial en el sector privado. Si este fortalecimiento del trabajo impulsado por la nueva legislación se consolida, ofrecerá una de las esperanzas más tangibles para una redistribución duradera de la riqueza en México.
En otras áreas, la centralización del poder en el Ejecutivo y la falta de transparencia debilitan el potencial de las reformas. En los programas sociales, todo, desde el registro de beneficiarios hasta los efectos sociales de las transferencias en efectivo, está envuelto en la opacidad. Contrariamente a lo que afirma la retórica del gobierno, el gasto social es de hecho más bajo y menos progresivo de lo que fue con el presidente anterior. La evolución de los sindicatos claves del sector público no es tampoco muy alentadora.
El sindicato de trabajadores de Pemex, la compañía petrolera estatal, fue famoso durante décadas por su corrupción, y sus dirigentes disfrutaban ostentosamente de sus condominios en Miami y Cancún. En 2019, el líder histórico del sindicato fue obligado a dimitir, pero la oficina del fiscal general (que es formalmente independiente, pero percibida como aliada del presidente) ha dejado caer o ha frenado las investigaciones judiciales, pese a los claros indicios del caso en su contra.
Muchos se preguntan si la importancia estratégica del sindicato ha llevado a AMLO a tolerar prácticas antidemocráticas mientras sus líderes se mantengan favorables al gobierno. Los trabajadores de Pemex, que votaron prácticamente al mismo tiempo que los de la planta de gm en Silao, lo hicieron con el resultado contrario: consagraron a un colaborador cercano del líder depuesto, en una elección en la que los candidatos independientes denunciaron intimidación y uso del clientelismo.
Pemex es central para los planes de AMLO de desarrollo regional en el sudeste, la zona más pobre del país. También es clave para su objetivo de lograr la «soberanía energética». Con este fin, su administración está otorgando a la empresa, profundamente endeudada, inyecciones de capital, créditos fiscales y generosos aumentos presupuestarios. El gobierno federal también rehabilitó antiguas refinerías, comenzó la construcción de una nueva planta y adquirió otra en Texas.
El objetivo de la soberanía energética está también detrás de la propuesta presidencial de una reforma constitucional que transformaría de manera drástica el mercado nacional de energía eléctrica relegando a las empresas privadas y fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía estatal de energía. Según el gobierno, la legislación energética existente –resultado de una reforma constitucional previa de 2013– crea un «desorden regulatorio»15 y despilfarra miles de millones de dólares en subsidios a empresas privadas.
La aún secretaria de Energía Rocío Nahle sostuvo que un mercado energético bajo control privado deja a los consumidores indefensos frente a las fluctuaciones. La reforma propuesta corregiría esta situación devolviendo al Estado el control de la electricidad, garantizando el suministro a todos los consumidores y reduciendo los riesgos para la seguridad nacional.
Si se aprueba la reforma, que en este momento está trabada en el Congreso, las plantas de la cfe tendrán prioridad por sobre las privadas para subir su energía a la red de distribución. Esto representaría un golpe para las plantas de energía renovable, que se encuentran mayoritariamente en manos de empresas privadas.
Además, la reforma establece que la cfe será legalmente responsable por la generación de al menos 54% de la electricidad en México, muy por encima del 38% actual. Las plantas existentes no bastan para satisfacer esa necesidad, lo que con toda probabilidad significa que habrá un mayor recurso a combustibles fósiles. El Climate Action Tracker evalúa las acciones y las políticas mexicanas para la reducción de emisiones en la categoría de «muy insuficientes», y la apuesta de amlo por la energía no renovable solo empeorará la situación.
La reforma energética propuesta, que fue rechazada en la Cámara de Diputados el 18 de abril, también proponía suprimir organismos a cargo de regular la producción de energía, que el gobierno percibe como límites al poder presidencial, y establecería un monopolio estatal sobre la explotación de los enormes yacimientos mexicanos de litio.
La búsqueda de este tipo de cambios es representativa de la creciente centralización del poder en el gobierno federal y de la sistemática desconfianza de amlo hacia los organismos públicos, las empresas y los actores políticos que no están bajo su control directo. Tras anunciarse el rechazo a la ley propuesta, llamó «traidores a la patria» a los diputados de oposición que habían votado en contra.
La investigadora especializada en relaciones internacionales Natalia Saltalamacchia describe el enfoque de amlo en política energética como «autonomismo»: la convicción de que los países más débiles deberían concentrarse en expandir su autonomía para satisfacer objetivos nacionales, no intereses extranjeros. La misma idea se aplica a la política exterior de la administración de AMLO.
El presidente cita con frecuencia a Benito Juárez, estadista liberal del siglo XIX, quien afirmó: «El respeto al derecho ajeno es la paz». En la práctica, esto significa una suerte de indiferencia hacia las condiciones internas en otros países. Esta indiferencia no es ideológica: AMLO buscó tener buenas relaciones con Donald Trump, así como ahora busca tenerlas con los líderes cubanos. El resultado es que hoy México tiene una postura en política exterior que se asemeja a la que caracterizaba a los gobiernos del pri, que con frecuencia buscaban mediar en conflictos regionales.
Durante el año pasado, el país ocupó la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue anfitrión de una cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Esta última es un grupo que algunos Estados latinoamericanos –en especial los no democráticos, como Venezuela, Nicaragua y Cuba– esperan construir como alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA), sin la presencia de Estados Unidos. En un discurso en la cumbre de septiembre, AMLO llamó a poner fin a la «política de bloqueos y de malos tratos» y promovió «asociarnos por el bien de América, sin vulnerar nuestras soberanías».
También hizo un llamamiento a construir algo similar a «lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea». Sin embargo, la Unión Europea, a cambio de la inclusión, impone restricciones significativas a las estructuras legales y la política económica. Como lo ha señalado Martha Bárcena Coqui, ex-embajadora de México en EUA, la UE es un ejemplo supremo de «cesión de soberanía nacional a una organización supranacional».
Las sanciones impuestas por EUA han sin duda causado sufrimiento a la población de Cuba y Venezuela (y podría argumentarse que han fortalecido a sus gobiernos en lugar de debilitarlos). Y en teoría, es útil para un país como México estar disponible para albergar negociaciones sensibles, como las mantenidas entre el gobierno venezolano y la oposición.
Pero AMLO muchas veces interpreta los esfuerzos por proteger la democracia como interferencias a la soberanía. Así, por ejemplo, advirtió en contra de las sanciones a Nicaragua luego de las elecciones ilegítimas de noviembre de 2021 y estuvo en desacuerdo con las propuestas para prohibir a los medios de comunicación estatales rusos luego de la invasión a Ucrania.
«Tenemos buenas relaciones con todos», declaró. Otra iniciativa reciente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido ampliamente elogiada, incluso por muchos críticos de AMLO. En agosto, anunció que iniciaría acciones legales contra los fabricantes de armas estadounidenses por contribuir a la violencia y la inestabilidad en México. Entre 2014 y 2018, 70% de las armas rastreadas en México provenían de EUA.
La demanda, que fue aceptada por un tribunal de Massachusetts, acusa a los fabricantes de producir en forma deliberada armas que son atractivas para el mercado mexicano y los grupos criminales. Los compradores de armas ilegales y los contrabandistas aprovechan las normas en extremo laxas estadounidenses para adquirir armas y luego traficarlas hacia el sur.
«Así como los imputados no pueden volcar residuos tóxicos u otros contaminantes para envenenar a los mexicanos del otro lado de la frontera», afirma la demanda, «tampoco pueden poner sus armas de guerra en manos de los carteles, causando un daño grave y reiterado, y después reclamar que se los exima de responsabilidad. Los expertos legales no esperan que esta demanda tenga éxito, pero aún así puede aumentar la conciencia sobre la responsabilidad por la violencia armada en México como algo compartido y quizás generar cierta presión comercial y política.
AMLO tiende a identificar a los países con sus gobernantes y no con sus ciudadanos, lo que quizás nos dice algo de cómo piensa México. En ocasiones, describe su liderazgo como si estuviese por encima de otros principios o instituciones de la democracia. Esto no implica que él o México se hayan vuelto autoritarios. Hay divisiones dentro de su partido que no puede controlar y algunas de sus propuestas están trabadas en el Congreso.
Y pese a todos los reveses para su administración, su popularidad personal es todavía inmensa. No obstante, su estilo de liderazgo está conectado al menos en parte con tradiciones más antiguas y antidemocráticas, en especial la creencia en que el jefe de Estado es la única solución posible a los problemas del país.
Una encuesta de marzo de 2022 mostró que el índice de aprobación de amlo había caído a 54%, todavía alto para la mayoría de los estándares, pero dañado por un escándalo reciente que debilitó su afirmación de que él y su gobierno «no son lo mismo» (como repite con frecuencia) que los gobernantes anteriores de México.
En enero, nuevos informes mostraron que uno de los hijos de amlo pasó de un estilo de vida de clase media a otro lujoso, al mudarse a una enorme casa en Houston. Luego se reveló que está trabajando para una empresa que es propiedad de los hijos de un empresario responsable de supervisar la construcción de uno de los megaproyectos de infraestructura de AMLO, el Tren Maya.
López Obrador reaccionó a la historia exponiendo información privada del periodista y demandando una investigación sobre sus ingresos y riqueza, así como detalles de sus socios de negocios y los miembros de su familia. Tal hostilidad hacia los medios ha crecido de manera incesante durante el gobierno de amlo, en el que ya es uno de los países más peligrosos del mundo para los comunicadores.
A lo largo de los tres primeros años de su gobierno, el discurso político de amlo ha cambiado en forma sutil: poco a poco ha abandonado sus dichos antioligárquicos sobre la mafia del poder, su expresión para referirse a la alianza entre los plutócratas monopólicos y los políticos corruptos, y en su lugar ha comenzado a hablar de los conservadores, un grupo identificado con vaguedad que incluye a empresarios, periodistas, intelectuales, feministas, activistas de derechos humanos y hasta a la «clase media» en su conjunto. Lo único que los une es que amlo los percibe a todos como «adversarios» de su gobierno. El mandatario mexicano solía ser conocido por su concepto inclusivo de «pueblo», pero durante su mandato ese grupo se ha reducido cada vez más.
La instancia más extrema de esta tendencia es su disputa con el Instituto Nacional Electoral (ine), el organismo público autónomo responsable de la organización de las elecciones. Las manipulaciones electorales fueron parte integrante del sistema político del país durante la mayor porción del siglo XX, pero una serie de reformas en la década de 1990 hicieron del INE un elemento importante en la democratización de México.
Sin embargo, amlo trata a la institución como un obstáculo; ahora la llama enemiga de la democracia en México. Los más altos funcionarios del ine han a veces devuelto la hostilidad de amlo adoptando un discurso que presenta el «populismo» (usado como un eufemismo para referirse a AMLO y a Morena) como una amenaza para la democracia.
La enemistad del presidente con las autoridades electorales se remonta a 2006, cuando perdió en su primer intento de acceder a la Presidencia por un margen de menos de un punto porcentual. Desde entonces ha estado convencido de que el ine (conocido como ife en esa época) cometió fraude electoral en su contra. La evidencia para este reclamo es insuficiente, y el ine ha sido también responsable de la organización de elecciones que terminaron en victorias para Morena, entre ellas la de AMLO en 2018.
El INE está en buena medida fuera del alcance de la autoridad personal de Andrés Manuel (se le otorgó autonomía constitucional desde 1996), pero sufrió recortes sustanciales en su presupuesto en el marco de su política de austeridad. Estas cuestiones llegaron a un clímax con la convocatoria sin precedentes a una votación nacional para una revocación de mandato, que tomó lugar en abril.
El plebiscito fue impulsado en 2019 por el propio oficialismo, que describió la votación como un instrumento de democracia directa para determinar si la gente «perdió la confianza» en AMLO. Dada la popularidad del presidente, el resultado de este ejercicio nunca estuvo en duda. (Con mucha abstención por parte de la oposición, 91% de los votos favorecieron que amlo «siga en el poder»). Pero aun con un resultado previsible y una participación inferior a 18%, la votación le permitió a AMLO llevar adelante el equivalente a una segunda campaña electoral para promover su imagen y la de su partido un año antes de las elecciones locales de este año y de los comicios presidenciales de 2024.
Al mismo tiempo, el referéndum revocatorio representó una carga significativa para el ine, que se sumó a su de por sí ajustado presupuesto. En diciembre pasado, el Consejo General del ine votó a favor de suspender momentáneamente la organización de la revocación hasta después de que la Secretaría de Hacienda girara los fondos necesarios. En respuesta, figuras destacadas de Morena pidieron a la oficina del fiscal general que encarcelara a los miembros del Consejo General y sugirieron que de ahora en adelante las elecciones sean organizadas por el gobierno federal.
Uno de los puntos principales de discordia respecto del INE son los salarios y los beneficios de los funcionarios del Consejo y de los asesores de la organización. Las reducciones presupuestarias, junto con el referéndum revocatorio, representan una forma indirecta de ejercer presión sobre el ine para bajar los salarios, pero el instituto se ha negado a ceder.
Tras la negativa de Hacienda a otorgar más fondos, el INE decidió organizar la revocación con solo un tercio de las sedes necesarias para un ejercicio de esta magnitud. «No lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia», comentó amlo. «Y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos, que se sigan dando la gran vida. No obstante, cualesquiera sean las fallas del INE, colocar las elecciones bajo control federal pondría realmente en duda la legitimidad de las elecciones venideras.
Durante los primeros años de su mandato de seis, amlo caminó en la cuerda floja haciendo equilibrio entre las tendencias opuestas del populismo: la extensión de la inclusión democrática y el fortalecimiento del liderazgo personal a costa de las instituciones democráticas. Ahora ha comenzado a tambalearse. Los elementos positivos de su gobierno –algunos de sus programas sociales, las nuevas leyes laborales, la demanda contra los fabricantes de armas– siguen siendo materia de elogio, aunque no sean necesariamente mejores que los que podría haber llevado adelante otra administración.
Otros elementos pueden ser polémicos, pero permanecen dentro del marco del desacuerdo democrático. Pero la resistencia de amlo a la transparencia y el escrutinio y su preferencia por el control presidencial son motivos reales de preocupación.
AMLO afirmó que el próximo plebiscito representará la democracia real y participativa: «En una auténtica democracia, el pueblo manda». Luego aclaró, a su modo que incluye y excluye a la vez, que la democracia es el «poder del pueblo, no de los intelectuales, no de los políticos, no de los periodistas, de los expertos, de los potentados, es el poder de todos». Sin embargo, sus palabras equidistan de la realidad política, social y económica que se vive en México.
APUNTES FIDEDIGNOS
Pablo Vázquez Camacho, quien fue nombrado Secretario de Seguridad Ciudadana por el jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama, en sustitución de Omar Hamid García Harfuch, ya tiene la «gran encomienda» de continuar con la recaudación de fondos provenientes del sistema penitenciario para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum y también la del hijo de la actriz y cantante María Sorte.
Vázquez Camacho ya se puso en contacto con el Subsecretario del Sistema Penitenciario, Omar Reyes Colmenares, quien ya gir´po instrucciones directas a sus colaboradores cercanos para que le aprieten las tuercas a los líderes de las bandas criminales que se encuentran presos en los distintos reclusorios capitalinos y le entren con más lana para apoyar esas campañas.
Tan solo con la renta de los teléfonos celulares, en el reclusorio oriente se obtienen 900 mil pesos mensuales, toda vez que se tienen contabilizados tres mil aparatos cuya renta individual es de 300 pesos semanales.
Echenle lápiz estimados lectores, y se darán cuenta de que las cuentas son verídicas, bastante claras y jugosas e insisto, esa cantidad se obtiene solamente de un reclusorio. y si esa cantidad la multiplicamos por 13 que es el número de cárceles capitalinas, pues nada más ni nada menos que se obtiene la estratosférica cantidad de 11 millones 700 mil pesos mensuales.
Esta es la suma que solamente del sistema penitenciario se va a destinar para apoyar a Sheinbaum y Harfuch y eso sin contar las millonarias aportaciones de otros sectores sociales del país y la CDMX….¡¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!!
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