Si bien la prensa planteó dicha vulneración a la ciberseguridad del Ejército (que ha derivado en delicadas revelaciones), no fue el Secretario General quien respondió ante ello, sino el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con lo que adoptó un papel de «padre abnegado» que sale en defensa de su amado hijo.
Con una notoria molestia porque dicho tema continúe en la agenda pública, el Jefe del Ejecutivo también conocido como «El Mesías Tropical», defendió al Secretario General, demeritando por enésima ocasión, todas las filtraciones que revelarían irregularidades, corrupción y vínculos con el crimen organizado del Ejército mexicano.
El tabasqueño insistió en tachar al hackeo masivo como un fracasado intento de “politiquería” por parte de sus opositores para desestimar la imagen de su Gobierno. De ahí que se negó a ahondar en el tema, así como en la controversial negativa de Luis Cresencio para comparecer la respecto ante la Cámara de Diputados: “Que se busquen otro asunto”, exhortó.
“Quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema (del hackeo masivo), que fue un rotundo fracaso. Salió puque. (…) Si van a echar escándalo, que tenga sustento”.
A finales de septiembre, el grupo hacktivista Guacamaya obtuvo miles de documentos confidenciales obtenidos de los archivos de la Defensa Nacional. Desde entonces, el Ejército mexicano se ha mantenido en el ojo del huracán por el sinfín de irregularidades reveladas.
Presuntos vínculos con el crimen organizado, contratos ilícitos con dependencias o figuras políticas ó negligencia en sus labores han sido algunas de las tantas acusaciones contra los cuerpos castrenses. Mismas ante las cuales Luis Cresencio Sandoval no ha brindado explicación o resolución alguna. En ocasiones, son funcionarios de otras dependencias quienes abogan por él, tales como el presidente o el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
No obstante, la defensa de López Obrador se han caracterizado por el exceso de despreocupación ante el hackeo masivo, considerado como una de las vulneraciones digitales más graves a la Defensa Nacional. Con esa misma confianza fue volvió a negar la veracidad de las informaciones:
“Quisieran que siguiéramos hablando de esto. Que se apliquen y se busquen otro asunto. (…) Es politiquería. Es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores”, señaló, insinuando que no volvería a hablar de ello en las mañaneras. “De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera”.
“Están utilizando cualquier información, ya la Guacamaya se volvió zopilote”.
La incertidumbre por el silencio de Luis Cresencio movió a varias y varios diputados a solicitar su comparecencia ante el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Si bien es cierto que el discurso de Luis Cresencio – y del Federal – presume de apertura al diálogo y transparencia, el General Secretario condicionó el encuentro para realizarlo en su oficina en el Campo Militar no.1, aunque días después terminó por posponerlo.
Ante ello, el 18 de octubre (fecha para la cual se había calendarizado la reunión), legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) mandó una nueva solicitud de comparecencia a fin de que el Secretario aborde el tema del ciberataque.
Este miércoles 19 de octubre, Luis Cresencio acudió a la Cámara de Senadores junto a otros integrantes del gabinete de seguridad. No obstante, la presencia del militar –dicen- meramente representativa, pues Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la única que habló ante los legisladores.
APUNTES FIDEDIGNOS
Un Juez Federal le negó el amparo a Rosario Robles, con el cual la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) buscaba que fuera cancelado su proceso de vinculación por el caso de la Estafa Maestra. Entre los argumentos de la ex funcionaria se encontraba que el delito atribuido por la Fiscalía General de la República (FGR) ya no estaba vigente en las normas federales cuando fue inculpada.
Fue el tercer Juez de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, quien resolvió que la infracción por uso indebido del servicio público no fue derogado, tal como lo presentó la defensa de Robles.
Del mismo modo, Mejía Ojeda calificó de correcta la decisión de Ghanter Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, de no decretar el sobreseimiento de la causa penal número 314/2019 en febrero de este mismo año. En dicha causa, la también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fue acusada de haber pasado por alto el desvío de más de 5 mil millones de pesos de las secretarías que tuvo a su cargo.
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