Edgar Tungüí, ex servidor público de la anterior administración y
quien cuenta con tres órdenes de aprehensión en México por el desvío
de más de 40 millones de pesos fue localizado en Madrid, España.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que la
información llegó hasta sus oficinas por la tarde de ayer, a través
del Sistema de Comunicación Mundial de Interpol, específicamente por
parte de la Oficina Central Nacional (OCN) Madrid, España.
De acuerdo con los datos revelados en sus redes sociales, Edgar fungió
como Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación
de la Ciudad de México, durante la pasada administración.
El referido ex servidor público cuenta con tres órdenes de
aprehensión, por su probable participación en el delito de uso ilegal
de atribuciones y facultades.
Dichos cargos los persigue la Fiscalía para la Investigación de los
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por lo que la FGJCDMX
solicitó su búsqueda internacional.
Por su parte, el Senador Miguel Angel Mancera, informó que estará
abierto a comparecer ante las autoridades para que se aclaren
responsabilidades.
Con la ubicación de dicha persona, Interpol Internacional solicitará
la publicación de la Ficha Roja respectiva y posteriormente notificará
a la Fiscalía General de la República su localización.
A través de dicha institución, se dará a conocer a la FGJCDMX, para
los efectos del procedimiento de extradición, a través de los
conductos diplomáticos correspondientes.
Fuentes oficiales revelaron a a esta columna que por el momento no se
puede confirmar su calidad de detenido, pero ya fue identificado por
las autoridades, por lo que no podrá escapar de la justicia.
De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la entonces
procuraduría capitalina estaba tras la pista de Édgar “N” por el
desfalco de 40 millones de pesos en el tema de la reconstrucción del
sismo.
Junto a éste, también habrían girado diversas órdenes de aprehensión
contra el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez.
“En ambos casos está totalmente documentado mal uso de recursos de la
reconstrucción. Ambos tienen órdenes de aprehensión y los ejecutará la
FGJ. Se pueden esconder, pero eso mostraría algo de responsabilidad”,
indicó.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, el desvío
de estos recursos durante la era de Miguel Ángel Mancera, habrían ido
a parar a las campañas electorales de 2018.
No son los únicos casos de corrupción que pesan sobre la gestión de
Miguel Ángel Mancera, pues en enero de 2021, Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una investigación que
descubrió una red de presunto lavado de dinero.
En aquella ocasión se habló de que el esquema funcionaba a partir de
la Secretaría de Finanzas de la capital. Entre finales de 2017 e
inicios de 2018 se otorgaron contratos a cuatro empresas para que
desarrollaran funciones que la dependencia hacía por su cuenta.
Las empresas se encargaron, a partir de su subcontratación, de
realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre
la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX.
Las cuatro instituciones se encontrarían relacionadas a su vez con
otras ocho empresas. En total se realizaron 12 movimientos de más de
1,500 millones de pesos mexicanos, los cuales quedaron registrados en
transferencias y depósitos a diferentes cuentas bancarias.
Por lo visto, Miguel Ángel Mancera, se encuentra nuevamente en la mira
de las autoridades. Esta vez por un presunto desvío de recursos por
más de 1,500 millones de dólares en los que estarían implicados 35 ex
funcionarios de su administración.
Hasta ahora, informó la fiscal General de Justicia de la Ciudad de
México, Ernestina Godoy, se ha detenido a 12 sospechosos del ilícito y
se encuentran abiertas 23 carpetas de investigación.
Entre los ex servidores públicos señalados se encuentran personas con
cargos de secretarios, subsecretarios, delegados, diputados, entre
otros.
La funcionaria explicó que se investigaron y procesaron “hechos graves
de corrupción de funcionarios de la anterior administración que
rebasan los límites de la responsabilidad individual, hemos
reconstruido mapas completos de operaciones financieras y
administrativas públicas y privadas”.
Sobre todo, las investigaciones develaron la implantación y operación
de una maquinaria de desvío sistemático de miles y millones de
recursos de la hacienda pública de la Ciudad de México,
Godoy también resaltó que las acciones por las que se señala a los ex
funcionarios no fueron producto de un error humano. Más bien, se trató
de una serie de “actos planeados y ejecutados con conciencia plena de
su ilicitud”.
Señaló que se trata de uno de los hechos de corrupción más grandes de
los que se tiene registro en la capital del país. “Tenemos evidencia
que soporta cada una de estas afirmaciones”, dijo y agregó que la
fiscalía tiene la responsabilidad de hacer justicia y recuperar el
patrimonio de la ciudad.
La administración de Mancera ha estado envuelta en polémica durante
los últimos meses. El pasado 27 de enero, Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una investigación que
descubrió una red de presunto lavado de dinero.
En aquella ocasión se habló de que el esquema funcionaba a partir de
la Secretaría de Finanzas de la capital. Entre finales de 2017 e
inicios de 2018 se otorgaron contratos a cuatro empresas para que
desarrollaran funciones que la dependencia hacía por su cuenta.
Las empresas se encargaron a partir de su subcontratación de realizar
la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la renta
(ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX. El primero de los
contratos que delegó dichas funciones se firmó mientras Miguel Ángel
Mancera todavía era Jefe de Gobierno de la capital mexicana.
Las cuatro instituciones se encontrarían relacionadas a su vez con
otras ocho empresas. En total se realizaron 12 movimientos de más de
1,500 millones de pesos mexicanos, los cuales quedaron registrados en
transferencias y depósitos a diferentes cuentas bancarias.
Los documentos que revelaron esta información forman parte de la
Unidad de Inteligencia Financiera, institución que determina estas
acciones como “esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado de
desvío de recursos públicos”.
En el centro de la trama se encuentran dos personajes: Rigoberto
Contreras Cortés y Martiniano Rodríguez. Ambos funcionaron como el
nexo entre varias de las empresas que se vieron beneficiadas por los
contratos otorgados por la Sefin. Dos de estas incluso aparecieron
anteriormente en otros reportajes donde se les señalaban actividades
sospechosas.
APUNTES FIDEDIGNOS
El equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicó
una investigación en la cual se revela una red que presuntamente operó
como estrategia para lavado de dinero durante el gobierno de Miguel
Ángel Mancera en la Ciudad de México.
El esquema funcionó a partir de la Secretaría de Finanzas (Sefin) que
a finales del 2017 e inicios del 2018, otorgó contratos a 4 empresas
para que desempeñaran funciones que la Sefin antes hacía por su
cuenta.
Estas cuatro empresas, según narran Íñigo Arredondo y Valeria Durán,
periodistas de llevar a cabo la investigación, se encargaron a partir
de su subcontratación de realizar la solicitud de devoluciones sobre
el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores
de la CDMX. El primero de los contratos que delegó dichas funciones a
estas 4 empresas, se firmó mientras Miguel Ángel Mancera todavía era
Jefe de Gobierno de la capital mexicana.
Estas cuatro empresas estaban relacionadas a su vez con contras ocho.
En conjunto, las 12 hicieron movimientos de más de 1,500 millones de
pesos mexicanos entre ellas. Incluso registraron transferencias en
dólares y depósitos en cuentas bancarias, una de ellas en Ginebra,
Suiza, conocido paraíso fiscal…¡¡¡Seguiremos informando!!!
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