El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional han pedido a la comisión de seguridad nacional del Congreso que promueva ante la
El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional han pedido a la comisión de seguridad nacional del Congreso que promueva ante la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República el examen del problema consistente en que políticos ligados a la delincuencia organizada obtienen candidaturas y desempeñan cargos de elección popular o gubernamentales. Este fenómeno es viejo pero hasta ahora no se han producido propuestas institucionales para contrarrestarlo. Alguna vez Miguel Ángel Osorio presentó a los presidentes de esos dos partidos algunas observaciones del Cisen sobre sus respectivos aspirantes a cargos de elección. Pero no existe un sistema, todo es circunstancial.
La PGR ha declarado que no tiene permitido dar a conocer elementos de averiguaciones en curso ni tampoco investigar sin “querella”, es decir, denuncia. Pero entonces, ¿por qué lo hace con irritante frecuencia a la menor insinuación de Los Pinos o de Bucareli? La respuesta brindada al PRD y PAN es francamente desesperante pues denota que al Ministerio Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los carteles. Sin embargo, lleva a cabo filtraciones a los medios, detenciones ilegales y arraigos cuestionables cada vez que lo decide, es decir, según conveniencias políticas. ¿No conviene prevenir institucionalmente a los partidos, incluyendo al PRI donde forma filas la procuradora? Por lo demás, quizá se equivocaron PRD y PAN al incluir a la PGR en su solicitud a la comisión del Congreso porque ésta con la mayor frecuencia no ata ni desata.
Por ejemplo, Humberto Moreira se gastaba más de 300 mil pesos al mes en España, al grado que la policía le investigó sus movimientos. La PGR lo ha exonerado de todo delito en México, pero nadie ha logrado explicar porqué el ex gobernador de Coahuila gasta tanto en su sustento personal. Y así sucesivamente. Este cuento de que el Ministerio Público tiene a su cargo perseguir al binomio crimen-política no se lo cree nadie en el país. Mas ese binomio es mucho mayor que la llamada infiltración del narco en la política pero cuando esta última surgió hace 70 años todo era tan paradisíaco para los políticos oficialistas que sus vínculos con elnarco resultaron naturales. Así lo entendió entonces el Ministerio Público y sigue.
El gobierno federal sigue culpando a los partidos (excepto al PRI, el que más) de sufrir la “infiltración” de la delincuencia organizada. Se ignora con evidentes propósitos políticos que los partidos carecen de instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos, a sus legisladores, ediles, gobernadores, etc. Pero apenas declara algo la PGR, los dirigentes partidistas se lanzan contra los indiciados (excepto cuando son del PRI), los linchan inmediatamente sin datos precisos de alguna posible relación ilícita, sólo para cubrirse. Aquí la presunción de inocencia es una frase, tal como ocurre en la PGR y con no pocos jueces penales. En realidad ningún partido por sí mismo está en condiciones de hacer trabajos de “inteligencia criminal”. Sólo el gobierno puede.
Sin embargo, ante esta tragicómica realidad, el gobierno no responde a los llamados a crear un sistema de prevención de uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada. Si esto ocurre cuando los personajes, es decir, los políticos, están al descubierto, imaginemos lo que sucede con individuos que trabajan de manera clandestina.
Han pasado nueve años desde que se declaró la “guerra” a la delincuencia organizada de fuera del Estado y de la empresa formal. Durante ese tiempo han muerto en esa “guerra” decenas de miles de personas y se encuentran desaparecidas otras tantas. En realidad aquello no tenía ningún plan sino que era el discurso para justificar la presencia de los militares en las calles y para seguir sin buscar tener una policía de verdad y sin corrupción. En el fondo se trata de la renuncia a luchar contra el Estado corrupto que es la base sobre la que descansa el sistema dentro del cual se encuentra el narcotráfico y el binomio política-delincuencia. Felipe Calderón no hizo absolutamente nada para combatir la corrupción dentro del aparato del Estado; al contrario, la fomentó, como ya lo había hecho Fox. Este es el mayor fracaso histórico del PAN, aún mayor que el de sus inconsecuencias respecto de la democracia.
La negativa del gobierno de Peña de colaborar con los partidos para prevenir candidaturas ligadas a los narcos refleja la manera como funciona el Estado corrupto mexicano. Mientras, las mayores tareas del momento son desaforar a Lucero Sánchez, meter a la cárcel a Kate Del Castillo y extraditar a Guzmán Loera.
y la Procuraduría General de la República el examen del problema consistente en que políticos ligados a la delincuencia organizada obtienen candidaturas y desempeñan cargos de elección popular o gubernamentales. Este fenómeno es viejo pero hasta ahora no se han producido propuestas institucionales para contrarrestarlo. Alguna vez Miguel Ángel Osorio presentó a los presidentes de esos dos partidos algunas observaciones del Cisen sobre sus respectivos aspirantes a cargos de elección. Pero no existe un sistema, todo es circunstancial.
La PGR ha declarado que no tiene permitido dar a conocer elementos de averiguaciones en curso ni tampoco investigar sin “querella”, es decir, denuncia. Pero entonces, ¿por qué lo hace con irritante frecuencia a la menor insinuación de Los Pinos o de Bucareli? La respuesta brindada al PRD y PAN es francamente desesperante pues denota que al Ministerio Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los carteles. Sin embargo, lleva a cabo filtraciones a los medios, detenciones ilegales y arraigos cuestionables cada vez que lo decide, es decir, según conveniencias políticas. ¿No conviene prevenir institucionalmente a los partidos, incluyendo al PRI donde forma filas la procuradora? Por lo demás, quizá se equivocaron PRD y PAN al incluir a la PGR en su solicitud a la comisión del Congreso porque ésta con la mayor frecuencia no ata ni desata.
Por ejemplo, Humberto Moreira se gastaba más de 300 mil pesos al mes en España, al grado que la policía le investigó sus movimientos. La PGR lo ha exonerado de todo delito en México, pero nadie ha logrado explicar porqué el ex gobernador de Coahuila gasta tanto en su sustento personal. Y así sucesivamente. Este cuento de que el Ministerio Público tiene a su cargo perseguir al binomio crimen-política no se lo cree nadie en el país. Mas ese binomio es mucho mayor que la llamada infiltración del narco en la política pero cuando esta última surgió hace 70 años todo era tan paradisíaco para los políticos oficialistas que sus vínculos con elnarco resultaron naturales. Así lo entendió entonces el Ministerio Público y sigue.
El gobierno federal sigue culpando a los partidos (excepto al PRI, el que más) de sufrir la “infiltración” de la delincuencia organizada. Se ignora con evidentes propósitos políticos que los partidos carecen de instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos, a sus legisladores, ediles, gobernadores, etc. Pero apenas declara algo la PGR, los dirigentes partidistas se lanzan contra los indiciados (excepto cuando son del PRI), los linchan inmediatamente sin datos precisos de alguna posible relación ilícita, sólo para cubrirse. Aquí la presunción de inocencia es una frase, tal como ocurre en la PGR y con no pocos jueces penales. En realidad ningún partido por sí mismo está en condiciones de hacer trabajos de “inteligencia criminal”. Sólo el gobierno puede.
Sin embargo, ante esta tragicómica realidad, el gobierno no responde a los llamados a crear un sistema de prevención de uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada. Si esto ocurre cuando los personajes, es decir, los políticos, están al descubierto, imaginemos lo que sucede con individuos que trabajan de manera clandestina.
Han pasado nueve años desde que se declaró la “guerra” a la delincuencia organizada de fuera del Estado y de la empresa formal. Durante ese tiempo han muerto en esa “guerra” decenas de miles de personas y se encuentran desaparecidas otras tantas. En realidad aquello no tenía ningún plan sino que era el discurso para justificar la presencia de los militares en las calles y para seguir sin buscar tener una policía de verdad y sin corrupción. En el fondo se trata de la renuncia a luchar contra el Estado corrupto que es la base sobre la que descansa el sistema dentro del cual se encuentra el narcotráfico y el binomio política-delincuencia. Felipe Calderón no hizo absolutamente nada para combatir la corrupción dentro del aparato del Estado; al contrario, la fomentó, como ya lo había hecho Fox. Este es el mayor fracaso histórico del PAN, aún mayor que el de sus inconsecuencias respecto de la democracia.
La negativa del gobierno de Peña de colaborar con los partidos para prevenir candidaturas ligadas a los narcos refleja la manera como funciona el Estado corrupto mexicano. Mientras, las mayores tareas del momento son desaforar a Lucero Sánchez, meter a la cárcel a Kate Del Castillo y extraditar a Guzmán Loera.
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