El oligopolio de medicamentos, materiales y equipo de salud es causa de altos precios y mucha corrupción. Es una expresión remanente de las décadas del dominio político del PRIAN.
El gobierno actual ha buscado vías para contrarrestar los precios de monopolio y las maniobras comerciales. Uno de esos caminos lo ha abierto el Congreso con la reforma de la Ley de Adquisiciones, aprobada el miércoles 29 de julio. Se trata de que únicamente la compra de medicamentos a través de organismos internacionales intergubernamentales no esté regida por esa ley sino sólo por los principios que al respecto señala la Constitución. La adjudicación directa contemplada en la legislación actual no es un mecanismo suficiente para dar base jurídica a convenios permanentes y a la apertura de un sistema de adquisiciones exclusivas por conducto de esos organismos internacionales. Era indispensable la reforma.
La mayoría de las oposiciones presentaron argumentos dirigidos a defender al oligopolio medicinal y sus prácticas. Se dijo que la reforma de la ley se dirige a sacar a las empresas mexicanas del mercado. Sin embargo, el sector público representa menos de la mitad de la demanda interna que alcanza unos 200 mil millones de pesos anuales. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde éste se erogan 80 mil millones. Además, México no podría adquirir más del 25% de su consumo interno mediante el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la clase de vacunas y medicamentos que se tramitan a través de su sistema. Asimismo, las empresas mexicanas productoras podrían participar en los procedimientos convocados por la OMS para colocar sus mercancías.
Con las nuevas operaciones de México dentro del sistema OMS/OPS, los precios de lo comprado dentro de tal mecanismo serían un 25% menores, según se ha estimado por las mismas organizaciones internacionales.
La defensa de las empresas de medicamentos no tiene ningún asidero a no ser la procura de un interés comercial ilegítimo. Las prácticas monopólicas de esas empresas son bien conocidas. En cuanto a quienes son meramente distribuidores, todo es mucho peor, pues ni siquiera producen, pero realizan las peores y más sucias maniobras, aunque también los está defendiendo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).
Hemos tenido aquí una fuente de corrupción pública, a pesar de las licitaciones, puesto que los pactos convenientes, como se sabe, llevan a buenos precios sólo para los vendedores cuando éstos se ponen de acuerdo. Por el lado del Estado, el sector salud ha sido una sede de corrupción ligada a las adquisiciones.
El mercado de insumos para la salud es aún más ganancioso porcentualmente, pues, en México, los dispositivos médicos de alta tecnología se venden, en promedio, al doble que en el resto del mundo, a través de intermediarios mayoristas (servicios integrales de salud). Esta es una manera de hacer negocios con muchos hospitales públicos de segundo y tercer nivel. Aquí ya no son sólo los medicamentos sino algo más complejo que afecta mayormente a la medicina social del país. Urge que el IMSS y el ISSSTE terminen con ese perverso sistema.
Además, en México, sólo el 12.1% de los medicamentos son genéricos, es decir, carecen de patente en vigor, por lo que hay libre producción, y el 13.2% es sin prescripción, pero el restante 74.7% es de marca, casi siempre de laboratorios trasnacionales. Esto es algo así como un campeonato mundial de medicamentos caros. Un agobiante sistema de monopolios legalizados.
El país en su conjunto destina a salud el equivalente al 6.5% del PIB. La mitad de este porcentaje es lo que se denomina gasto de bolsillo, es decir, se realiza directamente por las personas, fuera de la medicina pública. Esto habla de lo raquítico del sistema institucional. México es uno de los países con mayor gasto personal directo en salud.
Esto lleva a entender mejor el significado concreto de la lucha contra las prácticas monopólicas de las empresas de medicamentos. Si con la nueva legislación el sector salud, al comprar más barato, se ahorrara aunque fuera el 10 por ciento de lo que hasta ahora gasta, esa misma cantidad se podría usar en el fortalecimiento de unidades médicas y hospitales, así como en el suministro de medicinas.
El problema no se va solucionar por completo sólo con la reforma legal que se aprobó en el Congreso, pero ésta va a ser de una gran ayuda. Es un paso a favor de la atención médica como derecho de todos y todas. Es un avance en la lucha contra la corrupción. Es algo en pro del combate a los sistemas monopólicos que agobian la economía mexicana.
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