Para buscar atronadores aplausos, el PRI ha propuesto que se cancele total y definitivamente el financiamiento público de los partidos políticos y se recorte la representación proporcional en el Congreso de la Unión.
En un momento en el que el partidismo en general y los partidos políticos, como entidades individuales, sufren descrédito, repudio e, incluso, descomposición, el PRI (léase Enrique Peña Nieto) ha decidido pegar un grito para que se escuche bien que él y su gente están del lado de los más resueltos demoledores del sistema de partidos, pero ahora bajo la atroz cobertura de ayudar a los damnificados. Sin embargo, ese discurso no le va a quitar al PRI su condición de partido más repudiado del país. Lo que busca Peña es poner a otros partidos contra la pared aunque sea dudoso que lo pueda lograr.
La propuesta priista para abolir el financiamiento público y desmochar la representación proporcional es engañosa porque implica que el Congreso la apruebe por dos tercios en ambas cámaras, pero esta mayoría no la alcanza el PRI ni con los partidos bonsai. Además, existe un principio en la Constitución (art. 105. i) en el sentido de que durante el proceso electoral, que ya inició, no se pueden introducir modificaciones legales fundamentales y, aunque esta sería una derogación de preceptos de la Carta Magna, habría que expedir luego una nueva legislación ordinaria que regulara el financiamiento privado de los partidos y la asignación de asientos en las cámaras. Para todo eso no hay tiempo ni oportunidad, por lo cual, no se podría expedir la reforma anunciada por el PRI antes de las elecciones del año próximo.
Mientras, el resto del financiamiento público del PRI de 2017, recortado por las multas en curso de pago, será donado a la Federación con el fin de que se incorpore a los gastos tendientes a atender a los damnificados de los sismos. ¿Quién pagará los sueldos de los empleados y de dirigentes de ese partido en lo que resta del año incluyendo los aguinaldos? De seguro, Enrique Ochoa, nominal líder priista, dividirá la nómina entre entidades públicas de gobiernos priistas y algunos empresarios ricos, pues al PRI no lo van a cerrar, todavía.
Como antes de las reformas electorales, los recursos de procedencia ilícita forman parte del sistema político. El financiamiento público de los partidos no ha inhibido las operaciones ilícitas que ocultan el rebase de topes de gastos, ni tampoco ha detenido a los gobernantes que canalizan fondos presupuestales hacia campañas electorales. Mas aquí la clave ha sido la impunidad, ya que no existe autoridad capaz de perseguir esos ilícitos, debiéndolo hacer. Es decir, no hace falta una ley sino que ésta se cumpla.
Sin embargo, lo que el PRI busca es un sistema en el que los partidos competitivos sean exclusivamente aquellos que puedan recibir enormes cantidades de dinero de los grandes ricos del país y, de seguro, habría que incluir entre estos a algunos de la llamada delincuencia organizada.
En cuanto a la representación proporcional, este sistema se estableció para que la mayor parte de los electores pudiera estar representada en congresos y ayuntamientos, lo cual, a su vez, permitiría un pluralismo electoral. Si en México sólo existieran 300 diputados de mayoría relativa (uno por distrito), quedaría sin representación al menos el 40% del electorado cuyo candidato no hubiera alcanzado la mayoría relativa en el correspondiente distrito. Eso es lo que ocurre en varios países con sistema electoral viejo y anacrónico como Estados Unidos y Gran Bretaña.
En efecto, el PRI desea el sistema electoral gringo, con sus contribuyentes de Wall Street, como dice el senador Bernie Sanders, que convierte a los candidatos triunfadores en lacayos del capital financiero.
Peña Nieto desea un sistema bipartidista de opciones netamente burguesas para eclipsar a las formaciones populares que, por consecuencia, no podrían competir en el marco de un incontrolable financiamiento privado concentrado en dos partidos que se repartieran las curules dentro de un sistema de representación de mayoría, tal como ocurre en Estados Unidos, donde sólo hay distritos uninominales y el financiamiento público, incompatible con el privado, es rehusado por los principales candidatos porque lo consideran pequeño para cubrir sus inmensos gastos.
Lo que busca el PRI es una regresión. Menos mal que no ha de ser para esta temporada, por lo cual, de momento, es pura propaganda. Lo peor estriba en que ésta se hace en nombre de los damnificados. Eso se llama manipulación de la desgracia y describe bien la estatura política de sus iniciadores.
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