Que el candidato ubicado en tercer lugar forme parte de un complot para desbancar al que va en segundo sitio, sin duda es comprensible. El problema reside en los métodos aplicados. En México se vale usar el aparato de justicia para combatir a los adversarios más odiados o más estorbosos, aunque esa conducta siempre haya sido ilegal. Sin embargo, aquí, como en cualquier otra parte, esa es una forma infame y condenable de actuación.
Lo que resulta del todo impráctico es que el aspirante priista, José Antonio Meade, diga que es preciso separar la procuración de justicia del poder político. ¿Por qué lo dice? Parece una ironía, pues no podría considerarse una crítica de la manipulación que ha hecho Enrique Peña de la PGR, la cual siempre ha sido defendida por el priismo. Además, ¿para qué proponer a estas alturas una reforma declarativa que ya ha sido introducida en la Carta Magna?
El episodio del fiscal carnal, cuando Peña quiso dejar a uno de sus amigos en la próxima Fiscalía General de la República, está aún fresco en el registro político nacional. Como consecuencia, el país no tiene procurador ni fiscal anticorrupción. La procuración de justicia se encuentra en un desastre mayor que antes de la reciente reforma de la Carta Magna para otorgarle expresa independencia orgánica.
José Antonio Meade ha hecho su pronunciamiento, de por sí desfasado, precisamente en el momento en que el gobierno está usando como ariete propagandista –quizá también penal—a la Procuraduría,
aprovechando el pueril error cometido por el abanderado del PAN de ir a decirse inocente, sin que nadie lo citara, a aquella guarida del poder político que es la PGR.
Si el gobierno busca en verdad que su candidato avance al segundo lugar debería hacerse a un lado de la lucha electoral, dejarlo solo, porque con su injerencia lo único que logra es despojarlo más aún de credibilidad. Esto tendría que incluir lo más difícil: cancelar el flujo de dinero hacia el PRI para la compra de votos. Sin embargo, es de suponerse que lo dicho por Enrique Peña sobre este tema sólo abarca los dimes y los diretes, pero no los recursos para la coacción y compra de los tan necesarios sufragios. El PRI no funciona sin mucho dinero. Meade no es excepcional, se sabe, pues ya fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual opera como central del clientelismo electoral ilícito.
Quien se ha tirado al piso al ser acosado por la PGR es el aspirante panista, Ricardo Anaya. Sin embargo, de pronto, él olvidó que en 2005 su propio partido, en alianza con el PRI (PRIAN, se dice), organizó desde Los Pinos, Gobernación y la PGR el desafuero de López Obrador, con el propósito de someter a éste a proceso penal e inhabilitarlo como candidato. Que Vicente Fox, los suyos y sus ansiosos aliados hubieran tenido que echarse atrás, sólo fue producto de la afortunada combinación de tres elementos: una movilización popular de protesta como no se había visto, la decisión de AMLO de no exhibir fianza e ir a la cárcel y el sencillo acuerdo de un juez para regresar el defectuoso expediente a la PGR. El PAN usó con fines políticos a la Procuraduría, tal como lo había hecho el PRI y, antes de éste, los generales cuando gobernaban el país.
En el cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968, no sólo hay que condenar la violencia sangrienta sino también aquella que consiste en el uso del aparato de justicia para encarcelar a los críticos y opositores del régimen. Antes y después de ese año, muchos movimientos (telegrafistas, telefonistas, maestros, ferrocarrileros, médicos, campesinos, universitarios, entre otros) fueron perseguidos con el uso de la PGR. Bajo instrucciones presidenciales verbales, se emitían órdenes para encarcelar, las cuales a menudo se cumplían. El PAN nunca protestó porque no se le aplicaba esa perversa utilización de la justicia. Las cosas han cambiado pero sólo en su grado mas no en su sistema.
No obstante que la Constitución ya define expresamente a la procuración de justicia como un órgano público autónomo (ya lo era aunque sólo en la norma), es preciso hacer otras reformas, en especial, romper el punto nodal de la trama con un Presidente de la República que respete la independencia del Ministerio Público y obligue por vías políticas a los 32 gobernadores a hacer lo mismo. De otra manera no habrá muchos avances.
Esto se puede entender mejor si se analiza la génesis del problema. Desde 1917, cuando el Ministerio Público fue elevado de rango, la entonces nueva PGR no formó parte integrante de la Administración Pública, según el artículo 90 de la Constitución, sino que era formalmente una entidad independiente. Sin embargo, el problema mayor de la reforma propuesta por Venustiano Carranza y aprobada por el Constituyente de Querétaro fue que se confirió al Presidente de la República la facultad de designar y remover libremente al procurador. Al abolirse la Secretaría de Justicia en aquel mismo Constituyente, el
renovado impulso presidencialista condujo a dejar las cosas en mal estado porque surgió un Ministerio Público con enorme poder, pues en lo sucesivo los jueces ya no pudieron hacer investigaciones, las cuales se reservaron al vigoroso procurador, puesto y depuesto por el Señor Presidente. Si a esto agregamos la existencia de jueces de consigna, tal como siguen abundando, el país se metió, al respecto, en una peor situación. El Estado de Derecho se convirtió en una referencia más que en una realidad y se cocinó un inmenso caldo de cultivo de la corrupción. Así hemos seguido durante 100 años. Es mucho.
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