Pablo Gómez
Ha entrado de nuevo el Instituto Nacional Electoral en una crisis. Un consejero electoral, es decir, con voto, ha denunciado que desde hace más de un año existía un acuerdo formal entre los consejeros de que fuera renovada la comisión para procesar el nombramiento de los integrantes de los organismos electorales de los estados. Sin embargo, dicho convenio no fue respetado y se mantuvo sin cambio dicha comisión. Para ese consejero, José Roberto Ruiz Saldaña, en el INE existen funciones metalegales a cargo de un grupo encabezado por Marco Antonio Baños.
El asunto importa pues Baños fue el presidente de esa comisión cuando se nombraron los nuevos organismos de los estados y éstos resultaron a modo de la mayoría de los gobernadores, es decir, la reforma electoral quedó en nada en tan importante aspecto. Ahora, todo seguirá igual porque predominan los intereses oficialistas en el supremo órgano electoral administrativo del país. Y Ruiz Saldaña nos señala el mecanismo: Baños dirige a un grupo de cinco consejeros y consejeras que, con la actitud permisiva del sexto voto, el del consejero presidente Lorenzo Córdova, tienen una mayoría en el órgano de gobierno del INE.
Eso mismo había sido dicho en una de las crisis anteriores, cuando el 18 de febrero ocho partidos (todos menos los dos oficialistas) se levantaron de la “herradura de la democracia” para denunciar la actitud permisiva del Instituto frente a la violación cínica, reiterada y alevosa del Partido Verde (así llamado) de adelantar su campaña electoral desde septiembre de 2014 con una batería de televisión, anuncios de calle, cineminutos, regalos de bolsos escolares, boletos de cine, tarjetas de descuento, envolturas de tortillas y cuanta otra cosa se les ocurrió a los diseñadores de la campaña de ese partido de defraudadores, único aliado formal de Peña Nieto.
Antes, se había presentado una crisis cuando el nuevo sistema de reportes contables en línea de los gastos de los partidos no funcionó como lo manda la ley porque el INE decidió encargar el diseño a una compañía que resultó técnica y económicamente incapaz, luego de lo cual no hubo responsables administrativos de las decisiones catastróficas.
Otra crisis se presentó luego de que el Tribunal Electoral obligó al INE a cumplir con la ley en relación con esa descarada campaña electoral anticipada del Verde (así llamado). Primero, se ordenó la conclusión del procedimiento abierto por el PRD mediante una queja, con lo cual se censuró la negativa del consejero presidente, Córdova, de cumplir con los términos legales. Después, el 19 de diciembre de 2014, vino la revocación de la negativa de la comisión de quejas del INE de suspender cautelarmente los ilegales espots del Verde (así llamado) y, a continuación, todo lo tuvo que hacer el tribunal porque el INE seguía en la actitud permisiva frente al oficialismo hasta que se vio precisado a imponer una fuerte multa a ese mismo Verde (así llamado) por no obedecer una orden de suspensión de su propaganda ilegal, cuyo origen no había sido el Instituto, por cierto, sino el tribunal, aunque el INE tuvo que aplicarla.
La crisis inmediata anterior a la actual se produjo cuando el sistema de cómputos distritales arrojo más del 100 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual tuvieron que interrumpirlo. La explicación de lo que había ocurrido fue muy simple pero la causa no ha sido revelada. Además, según cuentas, el INE eliminó del listado de electores a más de 60 mil ciudadanos o, dicho de otra manera, canceló las casillas donde ésos podrían votar con lo cual ni siquiera aparecieron en la suma total en los cómputos distritales. Al tiempo, muchas actas de cómputo dicen mentiras cuando registran como computadas la totalidad de las casillas sin tomar en cuenta las no instaladas, las robadas, las desaparecidas, etcétera. Y, para colmo, el consejero presidente no ubicó en el orden del día de la sesión subsecuente del Consejo General el tema del problema cibernético pero declaró que nadie quería minimizarlo. Quizá porque lo que se buscaba era olvidarlo. Lo tuvo que incorporar al debate el PRD, quien hacía más preguntas que daba respuestas mientras la reiteración de nimiedades estaba a cargo de los consejeros electorales en lugar de que el aparato ejecutivo diera las explicaciones en tanto responsable único de todo lo ocurrido.
Así funciona actualmente el INE.
Las crisis, en suma, empezaron con el nombramiento de los organismos locales electorales, cuando el PRI se llevó más del 80 por ciento del pastel. Siguieron con la campaña anticipada del Verde (así llamado) tolerada durante cinco meses por el INE. Continuaron con las órdenes provenientes del tribunal para detener al Verde debido a las ilegalidades cometidas por el INE en el manejo del asunto. Se prolongaron con el retiro del Consejo General de ocho partidos políticos con la demanda de imparcialidad y legalidad.
Generaron mucha desconfianza cuando no funcionó el sistema electrónico para el cómputo distrital. Y remataron con la noticia de que el INE, ilegalmente, no ofreció posibilidad de votar a más de 60 mil ciudadanos. Por último, pero a reserva de otra crisis nueva, la mayoría de consejeros se negó a cumplir un acuerdo de renovar la comisión de OPLES (organismos electorales de los estados) poniendo de manifiesto una vez más que en el IFE opera una red que ejerce funciones “paralegales y pararreglamentarias”.
El tema pertinente lo enunció el consejero Ruiz Saldaña: “Una interrogante válida es si los partidos políticos desean ir a 2018 en esas condiciones”.
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