La temporada electoral ha empezado con la iracunda acusación de las dos oposiciones (PRI y PAN), ahora más unidas, de que el gobierno va a condicionar la vacunación al voto del próximo 6 de junio en favor de Morena.
La especie cae en la estulticia. Nadie puede condicionar una vacuna a cambio del voto, pues si la inmunización se hace antes de votar, no hay devolución posible; si se hace después, ya no hay objeto. Tampoco es dable condicionar la entrega de un bien –la vacuna— que por fuerza ha de ser distribuido hacia todos y todas, conforme a la norma sanitaria, pues sólo de esa forma podría lograrse la inmunización social que se busca. Los prianistas creen que vacunar es como prometer despensas o comprar votos con pago diferido, es decir, hacer “operación tamal”.
Los programas sociales focalizados, de manufactura priista y continuados por el PAN, podían incluir condicionamientos porque era posible suspenderlos o restringirlos en las localidades donde los resultados electorales no fueran satisfactorios para el operador, es decir, el gobierno. Pero las vacunas jamás fueron condicionadas. El exitoso sistema mexicano de vacunación no fue diseñado con propósitos electorales porque un intento así hubiera sido absurdo: el Estado corrupto no lo alcanzó, algo un tanto insólito. Una peculiaridad de la vacunación para prevenir la enfermedad Covid-19 es que se requiere garantizar la custodia del biológico, es decir, muchos servidores públicos movilizados, bastante más que el personal paramédico que lo aplica. Todo esto, sin embargo, es inútil tratar de explicárselo a los jefes de la alianza política opositora.
Los programas de la 4T son o tienden a ser universales, por lo cual no están vinculados a los resultados de las votaciones ni tampoco se reparten en forma indirecta a través de organizaciones clientelares.
Más allá de aquellos fuegos artificiales, la característica meramente política de las próximas elecciones no consiste en la nueva enfermedad contagiosa, la cual conforma un marco general de la coyuntura nacional, sino en la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, la cual le está siendo muy difícil de explicar a sus propios autores.
El punto 10 de la coalición “Va por México” propone “restituir la democracia”. ¿De qué se habla? ¿De reavivar los fraudes electorales? La lucha contra estos la ha estado haciendo la 4T, que es consciente de que los defraudadores se encuentran justamente en el bando contrario, son los de antes, los de siempre.
La nueva coalición PAN-PRI promete también simples deslindes: rechazar cualquier cambio que implique reforma en la administración pública y en el sistema político. La acusación de líderes priistas y panistas consiste en que López Obrador ha concentrado mayor poder, pero no señalan cuándo y cuánto, ya que las facultades presidenciales no han aumentado sino disminuido con las reformas realizadas por la 4T, desde prohibir la condonación presidencial de impuestos hasta cancelar el poderoso embute a los medios de comunicación.
Las oposiciones suponen que las conferencias de López Obrador, por sí mismas, le brindan a éste un poder extraordinario, lo cual es una afirmación hilarante. El punto, sin embargo, consiste en que, como opositores, les resulta difícil discutir con un presidente que gobierna en público, en lugar de hacer lo que ellos han practicado siempre: el refugio en lo oscurito, el territorio de la transa y la negociación subrepticia.
La tesis de que la democracia deber ser “restituida” no explica cómo debe ser. Ello obedece en realidad a que no se busca una democratización sino regresar a los métodos de gobierno de ellos mismos, los cuales han sido criticados y repudiados por un amplio porcentaje de la ciudadanía. En México, ninguna vuelta atrás brindará democracia porque antes siempre fue inexistente o precaria.
Los opositores coligados también ofrecen “desterrar la corrupción”, como si el Estado corrupto no fuera un síndrome heredado de los sucesivos gobiernos de priistas y panistas, que, ahora, por fin, está siendo combatido.
“Va por México” no va a ninguna parte al postular que en México existe un “gobierno autoritario, homicida y dictatorial”. Los opositores se cierran, de tal manera, a cualquier acercamiento luego de las elecciones, pues nadie podría ir a buscar acuerdos con unos dictadores homicidas, ni siquiera sentarse junto a ellos. Pase lo que pase el día de las próximas elecciones, los integrantes de la flamante coalición opositora se tendrán que comer sus propias palabras.
Los contrastes entre el discurso opositor y la realidad cotidiana son demasiado grandes como para considerar a aquel como un intento viable de engaño político. En México, nunca como ahora había existido tanta libertad de difusión por cualquier medio. Tenemos un amplio campo para el debate en la tolerancia. Sencillamente, no hay represión política, fuera de actos arbitrarios de algunas autoridades locales o menores. En el sentido contrario a las afirmaciones de los opositores, el hecho de que el jefe del gobierno debata en público, sin intermediarios ni hipocresías, es un avance democrático en un país donde predominó la simulación en un marco de atraso político y precariedad ciudadana.
Llena de generalidades, la plataforma PAN-PRI no ofrece nada nuevo, pero incluye un planteamiento panista, ahora modificado, en materia de política social. La principal propuesta del PAN en 2018 fue la “renta ciudadana mínima” para 58 millones de personas (Población Económicamente Activa), que equivaldría a 3 billones de pesos al año, igual cantidad que los ingresos totales tributarios federales. Nadie le hizo caso a esa promesa de imposible realización. Ahora, en alianza con el PRI, el PAN promete el “ingreso básico alimentario” para 25 millones de personas que, a salario mínimo, importaría 1.3 billón de pesos anual, el 30% del gasto programable total del gobierno federal. Les va a ocurrir lo mismo porque no hay manera sensata de obtener esos fondos en el corto plazo. Pero aunque se lograra juntar tal cantidad mediante un plan extraordinario de recortes al gasto y despidos masivos, así como con un aumento de impuestos al consumo, los viejos partidos harían un programa social focalizado, forma preferida por los priistas de siempre y sus discipulos panistas, para crear sistemas clientelares con contornos muy definidos y políticamente controlables.
Las “10 soluciones por México”, presentadas por PAN y PRI, aparecen como repeticiones de un guion ya conocido, un querer volver a gobernar como lo hicieron sucesivamente, pero ya por completo juntos, sin disimulos, con el programa de siempre, bajo el régimen político de antes. En el momento actual, no hay en el país una fuerza de relevo con un programa nuevo: la opción política opositora es lo más viejo de México.
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