Otra vez se abrió el debate sobre la tragedia de Iguala. Gracias a los expertos organizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno ha tenido que admitir que debe seguir investigando todo. La cuestión no sólo consiste en lo frágil de la versión de que los 43 estudiantes desaparecidos hayan sido asesinados y cremados en el basurero de Cocula, producto de confesiones de detenidos que no son ya la reina de las pruebas. También existen muchas lagunas, acontecimientos soslayados o de plano ignorados por el Ministerio Público.
En el informe presentado por la comisión creada por el PRD para redactar un informe político sobre Iguala se descalifica la “verdad histórica” de Murillo Káram en varios de sus puntos. La versión del basurero de Cocula no es tratado en ese informe porque todos elementos siguen ocultos para el público y sólo los pudo consultar el grupo de la CIDH. Pero todo lo demás está mal. El autobús que dio vuelta a la derecha al salir de la estación en Iguala. Los autobuses que se siguieron de frente y que fueron atacados por la policía municipal. ¿Por qué? Nada de esto se explica en la “verdad histórica”.
El reporte del PRD también recoge las declaraciones de agentes policiales y estudiantes rendidas ante el Ministerio Público de Guerrero al día siguiente de la tragedia. Ahí se relatan las agresiones de los policías, los muertos, los heridos. Ahí aparece el bloqueo final de la calle por donde transitaban los autobuses a una cuadra de la salida a la carretera y la lluvia de balas que mataron a varios jóvenes. Ahí aparecen los militares y los policías federales. ¿Por qué tanto interés en que no abandonaran Cocula unos autobuses? La PGR no da cuenta de nada de esto.
Más que una explicación sobre los hechos, lo que hizo Murillo en su informe fue un ocultamiento de actos y situaciones. Sobre los militares, el entonces procurador sólo dijo que nadie estaba inculpando a los soldados, lo cual era cierto, pero ¿por qué no explicó que varios militares salieron de su cuartel y fueron a los lugares de los hechos?
A la fecha, el mando del Ejército no ha querido dar ningún informe sobre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente. Es como si las fuerzas armadas fueran fantasmagóricas pues no le rinden cuenta a la sociedad cuando se han atropellado derechos humanos. Al respecto, dice la Constitución que la protección más amplia corresponde a las personas cuando se deben interpretar los derechos humanos. Hay que poner por delante a la gente y nunca a entes públicos o privados. No puede haber protección a agentes para que no rindan informes castrenses o de seguridad pública cuando de por medio están los derechos humanos. Esto no lo quiere entender Peña Nieto, lo cual es condenable.
La autoridad está obligada a averiguar todo y a informar todo. No debe ocultar nada. ¿Por qué lo hace? Esta es la pregunta más interesante.
A propósito de los ocultamientos, hay periodistas que les encanta que les oculten información y se enfadan cuando alguien dice que la autoridad no ha dicho todo o que lo dicho es erróneo. Algunos han escrito que el informe de los expertos es falso o probablemente falso, en especial las conclusiones de un especialista en fuegos de apellido Torero. Este perito dijo que no era necesario ir a Cocula pues lo que debía analizar estaba en el expediente que le enviaron. Sin embargo, fue, dijo, a corroborar algunos datos. Su conclusión no corresponde con las confesiones de uno o dos detenidos, pero hay periodistas que defienden la prueba confesional y afirman que en Cocula participaron 100 peritos mexicanos que ahora están siendo rebatidos por un solo perito peruano. ¡Qué ofensa al país!
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