Hay temas que acaparan la atención en los medios y redes sociales. Son los de sueldos, delegados del gobierno federal en los estados y uno que otro futuro nombramiento en el Ejecutivo.
Ya se sabe, a pesar de brincos, que los más altos sueldos de la administración pública van a ser rebajados; que ya no se cubrirán las pensiones ilegales y abusivas de los ex directores generales del sector paraestatal (art. 127), así como de los ex presidentes y sus esposas y viudas; que no habrá compensaciones escondidas; que los tabuladores serán verdaderamente públicos; que nadie podrá cobrar más de lo que tiene legalmente asignado (art. 127). Ya se sabe también que se van a cancelar las plazas de confianza creadas para complacer a amigos y cómplices, y que, en lugar de centenares de delegados del gobierno federal en los estados, sólo habrá uno por entidad. Por último, todos tenemos la información de que los cargos que no requieren confirmación parlamentaria, son de la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.
Pero hay temas legislativos mayores que casi no se están mencionando aunque se sabe que el Congreso abre sesiones el 1 de septiembre.
La Cámara de Diputados debe clausurar el departamento de regalos, a través del cual se agregan al presupuesto federal asignaciones al margen de toda meta y objetivo, es decir, sin programa alguno. De esa práctica vienen los «moches», cuando quien metió el concepto en el Presupuesto pasa a cobrarle al que está recibiendo el recurso.
Al mismo tiempo, el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos debe ser exclusivamente para aumentos de sueldos durante el ejercicio y ajustes de partidas ya incluidas en el mismo. El gasto discrecional debe ser sustituido por una política de modificación de programas y partidas sólo mediante ajustes propiamente presupuestales. En una frase, los gastos secretos del Presidente deben ser cosa del pasado, lo cual ha de ser un paso de gran calado en el combate al Estado corrupto que ha prevalecido en México.
El primer paso en materia salarial es asegurar que los incrementos anuales a los mínimos general y profesionales siempre se fijen por encima del aumento de precios registrado en el año anterior más un porcentaje que compense lo que durante los 12 meses anteriores se hubiera perdido por la inflación. Así mismo, ¿de qué tamaño debe ser el aumento de precios para obligar a un incremento antes de que se cumpla el año de su vigencia? La ley debe señalarlo, en lugar de que, como ahora, lo decida el gobierno.
Uno de los primeros puntos que deben cumplir los legisladores es eliminar su propio fuero y el de los demás políticos poderosos, lo que implica ponerlos a nivel de cualquier persona susceptible de ser sometido a proceso penal, si acaso llegaran a existir causas para ello. Esto es tanto más importante porque la eliminación del fuero se aplicaría también en delitos cometidos antes de asumir el cargo.
En cuanto al presidente de la República, éste puede ser ahora sujeto a proceso por delitos del orden común (art. 108, 2º ), pero sólo por parte del Congreso. Lo que ahora es preciso modificar es que se puedan abrir en su contra procesos penales en los tribunales ordinarios.
Lo que es aconsejable cuidar es que los titulares de los poderes públicos no puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se les someta a un proceso penal, sólo con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de tales poderes y evitar golpes de Estado por la vía policial-judicial. Sería un sistema semejante a la libertad bajo fianza a la que tiene derecho cualquier procesado. Luego de la condena, se revoca la inmunidad, se remueve del cargo y se ejecuta la sentencia. Este mecanismo impediría la impunidad, lo cual es la parte más importante.
Si el Ejecutivo «no va a ser tapadera de nadie», como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el Congreso tampoco debería serlo. Las comisiones investigadoras de las cámaras nunca han llevado a cabo su cometido porque están limitadas al sector paraestatal y carecen de capacidad para hacer comparecer a cualquiera bajo protesta de decir verdad. Una reforma en esta materia es urgente para trasparentar el funcionamiento del Estado mexicano, incluyendo contratos y cuentas, a través de mecanismos políticos permanentes y viables. Habría que inscribir a México dentro del control parlamentario que existe en muchos países, lo cual implica abrir todo lo público al escrutinio.
Como está ahora el calendario de sesiones ordinarias, el Congreso no va a poder agotar sus agendas legislativas y ocurrirá lo que ya hemos visto: nunca hay tiempo de discutir los temas más importantes que se dejan para el final. Además, no es aceptable que los legisladores trabajen 5 meses y medio pero cobren doce. Es fácil concluir que se precisa ampliar ese calendario.
Es necesario introducir en la Constitución la revocación del mandato de los cargos ejecutivos de elección popular, lo cual sería una nueva forma de resolver problemas políticos por vías civilizadas y populares, dos de las condiciones básicas de un sistema democrático.
En cuanto a las consultas populares, se requiere impedir que éstas sean arbitrariamente impedidas por la Suprema Corte, como ocurrió con la llamada reforma energética. En realidad, la Carta Magna sólo impide poner a consulta el presupuesto, las tasas impositivas y el financiamiento público. Así se convino en el Congreso y eso es lo que quiere decir el texto vigente. Ahora, es preciso remontar aquel percance de la democracia participativa y poner las cosas en su lugar.
En el plano fiscal no habrá aumento de tasas impositivas ni nuevos impuestos. Sin embargo, existe una lista de pendientes sobre aquellos decretos que el Ejecutivo ha emitido, por encima del Congreso y de la Constitución, para perdonar a algunos privilegiados el pago debido de sus contribuciones. Por motivos de justicia, no convendría dar largas al tema, pero también para no permitir que las políticas de otorgar privilegios sigan como si nada.
Se tiene que revisar de inmediato la reciente ley de propaganda oficial y volver a los proyectos anteriores para asegurar que en ese tema se cumpla la Constitución y se acabe con simulaciones y discriminaciones. En específico, ningún gobernante debe usar fondos públicos para hacer propaganda de su persona porque la Carta Magna lo prohíbe.
El financiamiento público de los partidos debe ser reducido ante la evidente exigencia popular, aunque sin desregular el financiamiento privado. Esto debería hacerse antes de que termine el año para aplicarlo en el ejercicio fiscal de 2019.
Hay más leyes urgentes que deben ser discutidas en el Congreso. Las listas se encuentran en manos de los futuros grupos parlamentarios y de muchas organizaciones sociales y civiles donde hay proyectos cuyo rezago es largo.
Medios y redes podrían abrir la discusión sobre tan importantes temas nacionales. Podrían, digo.
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