Otra vez, la solidaridad espontánea inundó el espacio público ante la tragedia. La fuerza destructora del sismo del 19 de septiembre de 2017 hizo que miles se movilizaran de muy diferentes maneras para ayudar a los directamente afectados. Pero, otra vez, la improvisación tuvo que sustituir la inexistente organización previa. Es que México prefiere tener un inservible servicio militar obligatorio que un servicio de protección civil que nos organice en forma permanente y, además, algo también muy importante, que organice al gobierno.
El proyecto de reforma constitucional sobre la protección civil se ha mantenido en el mecanismo de congelación del Congreso durante dos décadas. Es hora de rescatarlo, como damnificado que es de la ausencia de razones y explicaciones que prevalece en la lucha política mexicana.
El servicio de las armas se instauró con la República. Desde entonces es obligatorio acudir a tomar instrucción y alistarse cuando se llame a filas. Así sigue en la Constitución. En contraste, la protección civil está pensada como una estructura de gobierno con un supuesto voluntariado, pero no como un sistema nacional obligatorio. A veces es dable pensar que los organismos de protección civil de los tres niveles de la administración pública son sólo un renglón en los presupuestos.
¿Quién se encarga de revisar inmuebles y exigir respuestas gubernamentales y también de los dueños de las edificaciones? Pues «protección civil», pero, ¿lo hace efectivamente? No. Tendría que ser la gente organizada quien lo hiciera y quien luchara por una política de mantenimiento, mejoramiento y protección de toda clase de inmuebles, así como de instalaciones hidráulicas, comunicaciones y de otro tipo, donde se producen desastres. No pueden evitarse huracanes y terremotos pero pueden evitarse derrumbes e inundaciones. Con esa idea hay que trabajar intensamente, pero todo el año y todos los años.
Cuando ocurre la desgracia, todo tiene que improvisarse. En medio de un rescate hay que empezar por pedir picos, palas, implementos de primeros auxilios, agua potable y muchas cosas más porque, en las prisas, las autoridades se hacen bolas y porque nunca están preparadas. Recién nos enteramos de un complicado trámite que tuvo que hacerse para que cesaran inútiles sobrevuelos de helicópteros que impedían escuchar a los rescatistas, pues los jefes en tierra y los pilotos en el aire no tenían idea del trabajo que se estaba haciendo en las montañas de escombros, vigiladas desde arriba como si eso sirviera para algo.
Las fuerzas armadas ya son enteramente profesionales. Un servicio militar obligatorio podría dejarse para situaciones de conflicto bélico o peligro de guerra. Pero, mientras tanto, México parece estar en una guerra declarada por la naturaleza, pues no está bien preparado para hacer frente a lo inevitable: la catástrofe natural. También hay catástrofes provocadas por decisiones de autoridades ineptas o corruptas, pero frente a ello se requiere igualmente un servicio efectivo de protección civil.
Es preciso trasladar poder a la ciudadanía. Para eso es indispensable la creación de las instancias donde se organice la gente y se tomen las decisiones. El único impedimento que existe es el temor del poder burocrático de perder autoridad, lo cual, en realidad, sería magnífico.
Mientras tanto, hay que esperar la próxima catástrofe. En palabras de Peña Nieto, la siguiente «prueba dolorosa». Este subterfugio presidencial es denigratorio. ¿Quiénes están viendo el desastre como recurrente «prueba dolorosa», en lugar de preparar al país para encarar lo que ha de venir? Varios, entre ellos, él mismo.
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