Mientras Enrique Graue, rector de la UNAM, estaba diciendo que nunca, como ahora, México había sido un país tan profundamente desigual y, por otro lado, la Concamin señalaba que no se había logrado la prometida tasa de crecimiento de más del 5 por ciento y que la de 2017 será la más baja, en promedio, de los últimos 30 años, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hacía un llamado, dijo, a «desterrar este que algunos llaman irracional enojo social».
La frase es trascendental porque implica que el gobierno ya se ha dado cuenta de la indignación popular en su contra aunque ésta no sea racional, es decir, no sea producto del entendimiento de la realidad o no sea entendible en sí misma, por lo cual, su «destierro» (apartar de la mente un pensamiento o un sentimiento) se podría lograr –cree Peña—mediante la comunicación de los avances del gobierno. Asunto resuelto, se diría, con el muy meditado discurso del «Jefe del Ejecutivo».
Peña se ha empeñado de inmediato en esa empresa y dijo ser «el primero en demandar de manera comedida (…) que haya memoria entre nuestra población, entre nuestra sociedad, y sepamos también reconocer de avances, de logros y de beneficios» (sic). La sociedad (desmemoriada) ya no presenta demandas al gobernante sino que ahora éste hace solicitudes al pueblo, comedidamente, claro. Sin duda, algo profundo ha ocurrido en el país como para ubicar las cosas al revés.
Al tiempo, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmaba, sin titubeo, que «a México le ha ido bien», pese al derrumbe petrolero en producción y precios.
Todo lo anterior ocurrió el pasado lunes 12 de febrero, el día en que terminó el periodo de precampañas. Mas, por lo visto, fue también el de inicio de la campaña electoral del gobierno, ya sin candidatos en la palestra.
La arremetida publicitaria del gobierno se prolongará hasta el día de la votación, pero no tiene como propósito hacer propaganda oficial, la cual está prohibida por la ley en el periodo electoral, sino difundir su mensaje político a través de gacetillas pagadas de diverso tipo. Para eso hay dinero… mucho y sin control alguno.
El fracaso de la candidatura priista es el fracaso del gobierno de Peña. Esta circunstancia es reconocida con amplitud, pues no existe dentro o fuera del país analista, político, periodista o académico que considere que la gestión de Peña ha sido exitosa. Mas no se trata sólo del contraste entre lo prometido y lo realizado, sino del balance neto de un gobierno que se perdió en sus propios dogmas y terminó generando desastres.
El número de «nuevos empleos», que es el dato con el que Peña se glorifica, tiene un componente que no estaba antes en la estadística: la formalización de empleos ya existentes por efecto de los recientes cambios fiscales sobre los pequeños contribuyentes. Y tiene también algo estructural: casi todos son empleos de muy baja calificación y menor salario. En un marco general de estancamiento en términos reales, como el que mantuvo Peña estos cinco años como fiel heredero de sus predecesores, no se crean puestos de trabajo calificados más que en aquellas sub ramas integradas, como la automotriz, que han seguido creciendo.
Peña no habla del componente inducido que caracteriza la alta tasa de inflación, la cual rebasó por mucho el pronóstico oficial. Con el fin de promover gasolineras privadas y poner cara bonita para hacer licitaciones (entrega de yacimientos) entre las mayores compañías petroleras, se mantuvo un IEPS alto y móvil, cuyo nombre común es gasolinazo, extendiendo la carestía, con mayor salvajismo, al gas doméstico. Todo para nada: el IEPS sigue siendo «subsidiado» y las pérdidas económicas han sido mayúsculas para el país.
Dice el gobierno que las más recientes concesiones de crudo y gas le dejarán a México 159 mil millones de dólares. Todos ellos inventados porque, en realidad, se calcula que serán el monto de la inversión extranjera durante los próximos diez años, pero no serán ganancias del país ni se quedarán en México. De las últimas licitaciones que se hicieron, el ingreso del fisco será por un importe miserable de 500 millones de dólares, a cambio de concesiones por 20 años.
Que no se hable del escandaloso número de pobres mexicanos porque ese tema está clausurado en el gobierno, incluyendo a su candidato, debido a que convierte al país en algo impresentable. Tampoco se ha de hablar de que México es uno de los países socialmente más desiguales del mundo. Para ciertos sujetos y en ciertos temas, callar es mentir.
La «comunicación» de los «avances» logrados por el gobierno, ordenada por Peña, ha de ser una campaña política (electoral) de mentiras porque ese gobierno no conoce otro lenguaje, otra forma de ser. Es natural, por tanto, que el enojo social se vaya a incrementar.
Pero hay algo más. En la medida en que Peña lleve a cabo su campaña de «comunicación», la gente le creerá mucho menos. Hay que tomar en cuenta que la falta de credibilidad es uno de los problemas que el gobierno ha trasladado al candidato Meade. Por lo demás, él ya tuvo sus momentos en el gabinete actual y en el anterior, en los que pudo haber demostrado que conoce otra política.
José Antonio Meade sabe todo lo anterior. Y sabe más porque conoce al gobierno y es parte de sus tramas. Sin embargo, no puede reaccionar, está atado a Peña y a sí mismo, es una de las partes del fenómeno conocido como enojo social, aunque algunos otros le llaman hartazgo.
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