La palabra empoderar se ha vuelto a usar pero ahora con el único significado de dar o lograr poder. Como parte de una plataforma política de la derecha, el empoderamiento es presentado como algo que conduciría a dejar atrás la discriminación de las mujeres.
En consecuencia, el oficialismo ha presentado su discurso sobre el empoderamiento y además ha metido de contrabando el término en una convocatoria. Miguel Ángel Osorio inauguró un seminario sobre el “empoderamiento económico”, es decir, el enriquecimiento, en el marco de lo que llamó “cultura igualitaria” que “deje atrás el machismo y los estereotipos que limitan las posibilidades de desarrollo de las mujeres”. A su vez, el Senado convoca a la inscripción de candidatas a recibir el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, cuyos méritos deben abarcar logros y aportes cuya “finalidad” hubiera sido “el empoderamiento de las mujeres y el logro de la Igualdad de Género”.
El empoderamiento como enriquecimiento o como acceso personal al poder político no podría verse como un propósito general de las mujeres porque el poder, en cualquier modalidad, se ejerce por parte de pocos individuos o por élites. Ninguna política que vaya en contra de la opresión de las mujeres en general y de las condiciones de discriminación que éstas han padecido podría privilegiar el acceso personal al poder porque éste no puede brindarse más que a unas cuantas.
Otra tesis que va de la mano del empoderamiento personal consiste en postular que el acceso de más mujeres al mando de empresas y gobiernos es, por sí mismo, un avance en la lucha por la igualdad de género. Es claro que en la medida en que las mujeres son apartadas de la toma de decisiones se hace prácticamente imposible que se abran paso aquellos enfoques surgidos de la propia condición de género, es decir, el lugar y la manera desde donde se observa y analiza la realidad. Pero también es evidente que no todas las mujeres que acceden a puestos elevados tienen compresión de la lucha histórica tendiente a eliminar la discriminación y toda opresión contra las mujeres.
Las pocas acciones afirmativas, entre ellas la paridad de género en las candidaturas de los partidos, son apenas un avance inicial de lo que debería hacerse también en muchos otros ámbitos, la mayoría de los cuales no se encuentran tan directamente vinculados al poder. Pero en otras esferas hay aún mayores resistencias a la participación de las mujeres en condiciones menos desiguales.
El empoderamiento no es una vía de solución del gran conflicto histórico de género por más que sea necesario que muchas mujeres tengan acceso a los selectivos y reducidos ámbitos del poder. Pero, en este plano, es aún más necesario que ellas sean feministas y sepan dar la lucha, de lo contrario tendremos mujeres empoderadas tradicionalistas o francamente reaccionarias, lo cual no ofrecerá nada nuevo y positivo. Ya se ha visto. En verdad, la mayor tarea política que podría incluir la participación de las mujeres en las funciones públicas es justamente la radical reforma democrática del poder.
Se requiere vencer las resistencias a la reivindicación y práctica de los derechos de las mujeres, lograr que los gobernantes (hombres y mujeres) abandonen el discurso que consiste en referirse al conjunto de tales derechos pero sin decir cuáles son y cómo han de conquistarse. Osorio, por ejemplo, no podría reivindicar el derecho de las mujeres al libre uso del cuerpo de cada cual, a la decisión sobre la maternidad propia, porque no está de acuerdo o, si lo estuviera, el gobierno federal no lo admitiría.
Dentro de este mismo análisis hay que decir que la violencia de género es parte de la vida social y de la organización del Estado, no se conforma de hechos aislados. Se requiere la aplicación cotidiana y sin trabas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde 2007, la cual obliga a las autoridades a ser activas, intervenir en la defensa de las víctimas, impedir actos violentos, atender a las mujeres amenazadas, declarar alertas de violencia de género, denunciar y perseguir a los agentes activos de los delitos, todo ello con una perspectiva en la que todo se deba analizar a partir de la condición en la que viven las mujeres. Pero esto es lo que no hacen gobierno federal, Ministerio Público, jueces, gobiernos locales y ayuntamientos. El atraso en estas materias sigue siendo muy grande en México. Esa y otras leyes son ignoradas por las autoridades mientras que es una pesada carga tratar de hacerlas valer, por lo regular con escaso éxito.
El discurso del empoderamiento personal privilegia un camino sólo para algunas pero las mujeres, como sus derechos y reclamos, deberían estar decisivamente presentes en todos los poderes políticos y económicos.
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