El financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo uno idéntico a otro.
El jueves 12 de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos, votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.
En el fondo, esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PAN y el PRI incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.
Las reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también el llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos.
Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.
El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial.
La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una insistente promesa de Morena y su candidato a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple.
Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.
Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y, además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.
La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos pero, en México, la norma es constitucional y para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT.
El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.
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