Pablo Gómez
El Estado español ha sido uno de los más duros e intransigentes para admitir la independencia de sus conquistas. Peleó con todo lo que pudo contra la independencia en América, resistió hasta el final para retener a Cuba, para sólo mencionar al llamado nuevo continente.
Catalunya ha buscado ser libre del dominio español pero por lo visto no lo será, al menos de momento, porque España no le reconoce el derecho de autodeterminación y porque las maniobras políticas de respuesta a esa negativa han resultado malas experiencias para la causa independentista. El referéndum del 9 de noviembre de 2014 (9-N) y la elección parlamentaria catalana del 27 de septiembre de 2015 (27-S) han sido votaciones contrarias a la separación de Cataluña de la España monárquica, es decir, del llamado Estado español. La primera porque la asistencia a las urnas fue relativamente baja, la segunda porque los partidarios de la independencia no alcanzaron la mayoría de los votos emitidos. Los dos principales responsables de ese fracaso son Artur Mas y Oriol Junqueras, líderes de Convergencia (CDC) y de Esquerra Republicana (ERC), quienes han encabezado la confección de la estrategia.
La cuestión en Catalunya es el derecho de autodeterminación que no admite la vieja España cuya democracia no le ha llevado a superar la impronta del imperio. Mas y Junqueras pactaron entre ellos y con algunos otros grupos una vía de autodeterminación sin pasar por la previa conquista del derecho sino a través de un método que podría considerarse revolucionario pero en el siglo XXI que aún no registra revolución alguna. Por lo visto, Catalunya no iba a ser la primera. El 9-N se quiso refrendar el carácter de nación de Catalunya y su derecho a ser lo que ella misma decida. El 27-S se quiso adquirir en elecciones ordinarias declaradas plebiscito un mandato para promulgar en forma unilateral la independencia del país. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: España no le reconoce a la nación catalana su derecho nacional fundamental: ser lo que ella misma decida. Toda afectación a la integridad del Estado español debe ser dispuesta por este mismo sin que sus partes integrantes puedan ejercer derechos por sí mismos. Así ha sido siempre. Esto es diferente en Canadá y Gran Bretaña pero España se sigue negando a reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos proclamada por las Naciones Unidas. España es indivisible para siempre, punto. Sin embargo, se ha dividido muchas veces.
Las consultas populares que se han llevado a cabo en Quebec y Escocia, así como el derecho a la secesión de Irlanda del Norte que puso fin al largo conflicto civil, no son reconocidas por España porque ese imperio no admite nada diferente al derecho de conquista. El españolismo es la ideología del imperio español. Los gobiernos radicados en Madrid siempre han sido extranjeros en Catalunya como también en Euskadi y en Galicia, digan lo que digan los ideólogos de ese españolismo al que se unieron en algún momento de la historia y sin explicaciones los socialistas que, por lo que se observa, no están dispuestos a dejar de ser españoles imperiales por más de izquierda que se digan ser.
A toda evidencia reciente, Cataluña no dejará de ser parte de España pero, sin derecho a la autodeterminación esa pertenencia seguirá siendo impuesta. Si la vieja España se rejuveneciera siquiera al nivel del viejo imperio británico —lo cual sería muy poco–, Catalunya decidiría ser parte de España pero con la conciencia de que en el momento en que cambiara de opinión podría convertirse en el Estado independiente al que tiene derecho.
Por lo pronto, las filas del independentismo se verán afectadas porque Artur Mas no tiene suficiente fuerza para gobernar después del fracaso de su estrategia, como así lo reconocieron en su momento los líderes de Quebec y Escocia. ¿Otra imposición más a la dolida Catalunya sólo para sostener a un líder hasta donde se pueda? Las acusaciones contra Mas por desobediencia y otros delitos supuestamente cometidos durante la jornada del 9-N, promovidas desde Madrid, se dirigen contra el movimiento de independencia pero no deberían ser suficiente motivo para sostener a Mas en la presidencia porque eso mismo se convertiría en un elemento perjudicial para la causa nacional catalana. Catalunya no tiene ni tendrá padre de la patria, vivimos otros tiempos.
La elección del 27-S convertida en plebiscito no fue reconocida como tal por el gobernante Partido Popular, de derecha, y el opositor Partido Socialista, como tampoco por Ciudadanos, de pretendido centro liberal, y ni siquiera por la otra formación emergente, Podemos. Para todas esas fuerzas políticas de España la votación no iba a ser un plebiscito si acaso el bando claramente independentista obtenía la mayoría de sufragios emitidos. Pero como no fue así, entonces esas mismas fuerzas sí han reconocido la elección ordinaria como mandato plebiscitario y reclaman su victoria. De esa forma funciona el montaje español de la democracia.
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
