El mayor problema no consiste en la filtración de informaciones sobre ingresos y patrimonios sino en el origen de los mismos. En Estados Unidos se proyectó la idea de que lo más grave no eran los malos manejos políticos del Comité Nacional Demócrata ni las mentiras de los colaboradores de Trump sino las intolerables filtraciones.
Así se han puesto las cosas también en México. La presidenta del PRD, en lugar de encarar una denuncia por enriquecimiento ilícito, exige que se persiga al filtrador de su inexplicado patrimonio. No pocos medios de comunicación le han seguido el juego. Mas lo peor es que un partido alguna vez inventado para unir a toda la izquierda hacia la conquista de un nuevo régimen político, se encuentra ya tan comprometido con el viejo sistema que sólo exige castigo a quien filtró pero no critica a quien ocultó un patrimonio que debió declararse y justificarse.
Se exigen «pruebas» de un «supuesto delito». Pero el enriquecimiento ilícito del Código Penal Federal (CPF) sólo requiere que se muestre el ingreso y el patrimonio (declarados o no declarados), luego de lo cual la acreditación de su carácter lícito corre por cuenta del servidor público. Es hasta cierto punto al revés de cualquier otro delito, pues en éste el servidor público es quien debe «acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño» (art. 224 del CPF). Para el investigador basta con conocer los bienes del servidor público y comparar ingresos lícitos con posesiones. Eso sería muy sencillo si en México viviéramos bajo un Estado de derecho, pero no es el caso.
Olvidemos la pena de cárcel, la multa y la inhabilitación que indica el Código. Imaginemos sólo el «decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar», como lo señala el CPF, con el cual tendríamos una sonada victoria en un país de tan precaria justicia.
Otro lamentable hecho consiste en que de repente se desveló algo que estaba oculto y quien había sido la responsable de tal ocultamiento acepta la existencia de un bien cuya procedencia lícita debería demostrar pero nadie se lo reclama. El problema es que, por un lado, no hay denuncia y, por el otro, la autoridad que debiera exigir el acreditamiento de la licitud de ese patrimonio que estaba oculto no se ha dado por excitada.
En cambio, algunos de los líderes perredistas, en lugar de convocar a su comité para realizar un examen del escándalo, hacen politiquería exigiendo a gritos la persecución del filtrador cuyo nombre adivinan.
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