En las audiencias que ha convocado la Cámara de Diputados se ha propuesto «activar» o «reglamentar» el artículo 29 de la Constitución, con el objeto de encarar el problema de la violencia y la intervención de militares en funciones de policía.
Lo más llamativo y sorprendente es que esa propuesta ha procedido de defensores de derechos humanos, los cuales coincidieron en dicho planteamiento durante la audiencia de la mañana del jueves 10 de enero en San Lázaro.
El artículo 29 de la Constitución fija la regla para «restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías». Ni más ni menos. Cualquiera supondría que un defensor de los derechos humanos siempre estaría en contra de decretos para limitar libertades. Ahora, por lo visto, estamos empezando a caminar sobre un sendero de lo nunca antes visto… ni imaginado.
Ese artículo constitucional está redactado para hacer frente a invasiones extranjeras o revoluciones armadas internas: la guerra de verdad. Es difícil entender de qué manera sería aplicado ahora con el propósito de continuar esa «guerra» declarada hace 12 años por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.
Las personas que están proponiendo «activar» una declaración de «invasión» o «perturbación grave de la paz pública» se manifiestan, al mismo tiempo, en contra de la creación de la Guardia Nacional y la incorporación a ésta, por un tiempo limitado, de efectivos procedentes del Ejército y la Armada.
Ya se ha repetido que esa Guardia sería un cuerpo policial civil dirigido desde la secretaría de seguridad, aunque con disciplina militar, a diferencia de las corporaciones policiales que hemos tenido hasta ahora y que infortunadamente han fracasado en el cumplimiento de sus funciones básicas.
Mas no se está pensando en una institución para reprimir las protestas sociales y políticas con el pretexto de garantizar «la paz pública» o «el orden público», ya que estos conceptos no serían parte de las funciones de la Guardia Nacional. Esto quiere decir que la propuesta de creación de ésta se encuentra absolutamente alejada de todo lo que tenga que ver con restricción o suspensión de derechos y garantías o con represiones en contra de manifestaciones populares.
Entre la «activación» del artículo 29 de la Carta Magna y la idea de formar una Guardia Nacional no existe contacto alguno porque sendos elementos se ubican en los extremos propositivos: la primera serviría para cercenar libertades de la gente, mientras que la segunda estaría buscando exclusivamente que esa misma gente pudiera vivir sin tantas amenazas a su propia seguridad.
Sin embargo, la presencia y dirección temporal de efectivos del Ejército y la Armada en la nueva Guardia Nacional, es algo que crea justificada desconfianza. Esto se debe a que, por definición, la seguridad pública es una función de instituciones civiles. El problema es que hoy en día el país adolece de un notorio déficit de policías que efectivamente lo sean. Tampoco, por otro lado, se puede retirar súbitamente al Ejército y a la Armada de muchos lugares del país acosados por una exacerbada crisis de violencia.
La idea es que los militares regresen a los cuarteles y que exista suficiencia en los cuerpos policiales. Esto conlleva la condición de que la policía deje de ser parte del sistema de corrupción que ha imperado, pues, si no fuera así, todo seguiría igual o peor por más agentes de policía que ingresaran al servicio.
El proceso de transición entre una Guardia Nacional con una fuerte presencia de soldados y marinos, y aquella que se busca formar como institución de policía civil profesional, disciplinada, inspeccionada y controlada, no podría ser tan rápido como se quisiera. Por tanto, lo que principalmente se debate en la Cámara de Diputados es de qué manera y con qué plazos tendría que darse esa transición.
Pero lo que está por completo descartado es «activar» cualquier mecanismo para «restringir» o «suspender» el ejercicio de derechos y garantías constitucionales.
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