Tras la pandemia de 2021, las organizaciones no gubernamentales en México que trabajamos con personas migrantes fuimos testigos del aumento sin precedentes en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., más de 7.2 millones de personas cruzaron la frontera sur entre enero de 2021 y enero de 2024, durante la administración del presidente Joe Biden.
Con el tiempo, quedó claro que este fenómeno no era espontáneo. Gobiernos como Cuba, Nicaragua, Colombia y Venezuela incentivaron la migración como una estrategia geopolítica. A esto se sumó la aparente permisividad del gobierno de Biden y la actitud pasiva del gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Hoy, enfrentamos las consecuencias de esa combinación de intereses y omisiones.
En el caso venezolano, millones huyeron de la dictadura de Nicolás Maduro, quien, al promover la salida masiva de su población, aligera la presión interna por servicios básicos colapsados y reduce el descontento social. Esta migración forzada, además de aliviar tensiones internas, se convierte en un elemento de presión política hacia Estados Unidos.
Con el regreso de Donald Trump al escenario político y sus propuestas migratorias radicales, los venezolanos en Estados Unidos —muchos de ellos aún sin estatus legal— enfrentan un futuro incierto. Entre las medidas que ha anunciado se encuentra la eliminación del programa de parole humanitario a partir del 24 de abril, lo que afectará a más de 532 mil personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Asimismo, se prevé que Trump no renovará el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos —o incluso lo cancele— a partir del 7 de abril de 2025, afectando a cientos de miles de personas que dependen de este beneficio para trabajar y permanecer legalmente en el país.
En 2019, un precedente judicial detuvo la eliminación del TPS a otras comunidades. El juez William Kuntz, en Nueva York, falló contra la administración Trump, alegando que la decisión de terminar el TPS tenía motivaciones políticas raciales y formaba parte de una estrategia de la Casa Blanca para reducir la inmigración no blanca. Hoy, los venezolanos esperan que la justicia nuevamente detenga la eliminación de este estatus.
La nueva estrategia migratoria de Trump ha reavivado el uso de una ley casi olvidada: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798. Esta norma permite al presidente, en tiempos de guerra o conflicto, detener o deportar a ciudadanos de países enemigos sin juicio formal. Esta ley fue usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para detener y deportar a alemanes, italianos y japoneses ahora se aplica a venezolanos. Aunque Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, Trump la invocó en marzo de 2025 para justificar la deportación acelerada de presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.
Esta medida ha sido duramente cuestionada: muchos de los deportados no tienen vínculos comprobados con el crimen organizado, algunos estaban protegidos legalmente por el TPS o como solicitantes de asilo, y no existía una condena judicial. A pesar de ello, fueron detenidos sin juicio. Un juez federal ya ha bloqueado algunas de estas deportaciones, considerando inconstitucional el uso de esta ley en este contexto.
A esto se suma un polémico acuerdo entre EE.UU. y El Salvador, mediante el cual este último país acepta albergar en sus cárceles a migrantes deportados, sin importar su nacionalidad, a cambio de una compensación de 6 millones de dólares. La legalidad y ética de esta medida también están siendo debatidas por organizaciones de derechos humanos y expertos legales.
En resumen, los venezolanos migrantes viven atrapados entre dos fuegos: la dictadura que secuestró a Venezuela y los gobiernos que, en su afán por contener la migración desordenada, están dispuestos a sacrificar principios fundamentales del derecho y la democracia. Por supuesto, quienes cometen delitos deben rendir cuentas ante la ley, pero esto debe hacerse siempre bajo el debido proceso legal. De lo contrario, corremos el riesgo de que las democracias actúen como las dictaduras que decimos combatir.
Francisco J D´Angelo Ohep
Es Director Legal de la ONG VENEMEX Asociación de Venezolanos en México.
Master en Derecho Internacional por la Universidad Iberoamericana.
www.venemex.org, Fotografia de Felipe Jacome, serie “Caminantes” 2021.
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