El término “izquierda política” tiene sus raíces en la Revolución Francesa de 1789. Durante las sesiones de la Asamblea Nacional, los diputados que defendían cambios radicales, como la abolición de la monarquía y los privilegios de la nobleza y el clero, se ubicaban a la izquierda del presidente de la Asamblea. Por el contrario, quienes respaldaban el orden establecido y la monarquía ocupaban los asientos de la derecha. Desde entonces, la izquierda ha sido asociada con el progresismo, las reformas sociales y la intervención del Estado en la economía, mientras que la derecha ha sido identificada con la defensa de las tradiciones, la propiedad privada y el libre mercado.
En el caso de México, el gobierno de izquierda encabezado por el partido Morena ha mostrado una evolución en su postura ideológica. Inicialmente, la administración de Andrés Manuel López Obrador promovió la política de seguridad “abrazos, no balazos”, sin embargo, esta cambió tras la presión ejercida por Estados Unidos, especialmente con la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos. Así, la estrategia se transformó en una política más activa de persecución de narcotraficantes, liderada por Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al parecer detendrá más narcotraficantes este gobierno que el de López Obrador.
Al mismo tiempo, figuras clave del gobierno, como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, han sido firmes defensores del libre mercado dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Paradójicamente, el gobierno de derecha de Estados Unidos ha intentado proteger su mercado interno imponiendo aranceles a productos mexicanos que no estén dentro del (T-MEC), lo que demuestra que en la actualidad las ideologías políticas no siempre se reflejan claramente en sus políticas económicas y comerciales.
Los Programas del Bienestar: Un Pilar de la Administración
Uno de los aspectos más criticados por la oposición ha sido la creación y expansión de instituciones y programas del Bienestar en México, tales como el Banco del Bienestar, la Secretaría del Bienestar, IMSS-Bienestar, Gas Bienestar, Pensiones del Bienestar y el Sistema de Universidades del Bienestar. El uso del término “bienestar” no es casual, ya que remite a políticas similares impulsadas en el pasado, como la Comisaría del Pueblo para el Bienestar Social creada por Vladimir Lenin en Rusia en 1917.
Desde 2018 hasta 2024, el gobierno de López Obrador destinó aproximadamente 6.5 billones de pesos a programas sociales, lo que representó un incremento del 30% en comparación con el sexenio anterior. Sin embargo, esta práctica de transferencias monetarias no es nueva en la historia. En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, el sistema Speenhamland (1795) subsidiaba con fondos públicos los bajos salarios de los trabajadores agrícolas para garantizar un ingreso mínimo. Este esquema fue abolido en 1834 con la Ley de Pobres.
Asimismo, en Alemania, bajo el mandato del canciller Otto von Bismarck en el siglo XIX, se implementaron ayudas económicas para los trabajadores como una estrategia para contrarrestar el auge del movimiento obrero socialista. Dinamarca, por su parte, estableció un sistema de pensiones de vejez en 1891, otorgando asistencia económica a personas mayores de 60 años sin recursos. Un año después, en 1892, se introdujeron las primeras prestaciones familiares y ayudas por desempleo.
Programas del Bienestar: Ayuda Social o Compra de Votos
Uno de los principales cuestionamientos a los programas sociales en México es su posible uso como herramienta de clientelismo político. Se argumenta que los beneficiarios de estos apoyos pueden temer perderlos si votan por otro partido, lo que podría influir en sus decisiones electorales. La compra de votos no es un fenómeno reciente: en la República Romana del siglo I a.C., los políticos organizaban esquemas masivos de soborno electoral, repartiendo dinero y regalos a los votantes. Estas prácticas alcanzaron tal magnitud que los candidatos se endeudaban para financiar los sobornos, lo que contribuyó a la inestabilidad económica y a la guerra civil romana del 49-45 a.C.
Durante el siglo XIX, en Inglaterra, antes de la reforma electoral, los aristócratas y candidatos ricos sobornaban abiertamente a los electores. En Estados Unidos, también era común que los caciques locales ofrecieran whisky, comida y dinero a cambio de votos. En México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) implementó durante gran parte del siglo XX estrategias similares, repartiendo despensas, dinero en efectivo, materiales de construcción, empleos públicos y otros favores para consolidar su base electoral.
Recortes y Futuro de los Programas Sociales
A pesar de la expansión de los programas del Bienestar, el presupuesto para ciertas instituciones ha sido reducido. En 2025, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) contarán con 1,748 millones de pesos, lo que representa una disminución del 10.4% respecto a los 1,948.9 millones de pesos asignados en 2024. Estos recortes podrían afectar la capacidad del país para gestionar los flujos migratorios, particularmente en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.
México se encuentra en un momento en el que la política del bienestar se ha convertido en un pilar de la administración federal, pero también en un punto de debate sobre su impacto a largo plazo ya que es muy probable que sea difícil de mantener en el futuro. Mientras algunos ven estos programas como un instrumento de justicia social, otros los consideran una estrategia para mantener el control político. Lo cierto es que la historia demuestra que las ayudas sociales han sido una herramienta del gobierno en distintas épocas y países, con efectos variados según el contexto y la ejecución de las políticas.
Además, el gobierno mexicano enfrenta tantos problemas heredados como actuales. PEMEX está al borde de la quiebra, con una deuda de 97.6 mil millones de dólares; la refinería Dos Bocas, en la que se han invertido 20,168 millones de dólares, aún no refina petróleo a toda su capacidad( 1,144 barriles diarios de gasolina PEMEX Magna) para agosto de 2024; y el Tren Maya, con un costo de 25 mil millones de dólares, no es rentable se estiman (46 años) para ser rentable. A esto se suma el aparente genocidio en Teuchitlán, donde se han hallado 1,300 objetos pertenecientes a las víctimas, aunque aún se desconoce el número exacto de fallecidos.
Por otro lado, la crisis de derechos humanos sigue agravándose: 10,058 personas desaparecieron en 2024, mientras que 733 mujeres fueron víctimas de feminicidio. La falta de apoyo a las madres buscadoras y a los familiares de desaparecidos es evidente. En el ámbito económico, el gobierno de Trump ha impuesto una revisión mensual de aranceles y amenaza con un 25% de impuestos, que ya apico sobre el acero y aluminio mexicanos.
Estos problemas, en su mayoría heredados del gobierno de López Obrador, se suman a otras crisis pendientes, especialmente en materia de violaciones a los derechos humanos. En cualquier otro país con un gobierno responsable, una situación de esta magnitud justificaría la declaración de un estado de emergencia para atender la problemática de manera urgente.
Francisco J D´Angelo Ohep
Es Director Legal de la ONG VENEMEX Asociación de Venezolanos en México.
Master en Derecho Internacional por la Universidad Iberoamericana.
www.venemex.org
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