Final de sexenio y México vive nuevo récord de sangre y crimen, nunca habíamos estado tan secuestrados por el miedo y la inseguridad generada por los carteles delincuenciales, cuerpos policiales y uno que otro vividor militar que ven en esta confusión de mando y falta de gobernabilidad la oportunidad idónea para sacar raja económica y llenarse los bolsillos con algún “trabajito extra”.
El rotundo fracaso del combate al crimen de las dos últimas administraciones es innegable, empezando por la nefasta guerra de Felipe Calderón contra los capos de las drogas, secundada por la estulta estrategia de Peña Nieto de “ni los oigo ni los veo, luego no existen”, que ha derivado en más de 500 mil muertes y casi 100 mil desapariciones forzadas, secuestros, robos y ajusticiamientos públicos.
Ello a consecuencia de que el primero, Felipe Calderón Hinojosa, emanado del PAN, se lanzó a perseguir a las bandas criminales sin tener siquiera una estrategia definida, pues su único fin era legitimar su “Presidencia Espuria”; mientras que el segundo, Enrique Peña Nieto, hijo predilecto de Atlacomulco, ni transformación institucional ni trabajo de inteligencia, sólo lances mediáticos.
Así, lejos de disminuir la violencia, fueron los operativos impulsados por ambos Presidentes el combustible que alborotó el avispero, sólo para congraciarse con el Tío Sam. Veamos, al inicio de la administración de Calderón, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2007 registró 13 mil 808 homicidios dolosos, cuando en 2006 fue menor a 10 mil.
Para 2015 la cifra vuelve a dispararse en 17 mil 034, cerrando 2016 con 20 mil 792 casos, el año más sangriendo de la administración albiuazul. Y así vino el cambio de gobierno y lejos de que Peña Nieto garantizara la seguridad pública, cierra 2018 con niveles dantescos, pues entre enero y junio pasado, el crimen organizado perpetró 11 mil 241 ejecuciones en el País, un promedio de 60 al día.
Es precisamente esa faramalla propagandística la justificación de sus estrategias, Calderón lo instituyó en su famoso Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el concepto de “combate frontal” al narcotráfico como medio para recuperar la “fortaleza del Estado y la convivencia social”, fortaleza que parecía estar en márgenes aceptables, pero sin pie ni cabeza para retar al crimen organizado.
Para estos menesteres, Calderón habilitó como poderoso Secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, un hombre que más que resultados efectivos se encargó de armar conspicuos montajes mediáticos, violando los derechos humanos de víctimas y victimarios, lo que llevó a la liberación de una secuestradora confesa y plenamente identificada, la francesa, Florence Cassez.
Luego, vino la “gran estrategia peñista” de sacarse de la manga la Gendarmería y desaparecer la Secretaria de Seguridad Pública, cuyos efectivos quedaron subordinados a la Secretaria de Gobernación. El nuevo plan de seguridad ya no sería “reactivo” sino basado en la “planeación” y en la “prevención” del delito; sin embargo, ante la mala implementación y la corrupción voraz, la táctica fracasó.
Peña dijo al inicio de su mandato que “la prevención del delito y la participación ciudadana eran instrumentos esenciales de esta nueva política de Estado”, pero al final ni idea tenía de cómo enfrentar a los carteles de las drogas. En su pasado informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deja en claro que hay opacidad en más de 3 mil 366 millones de pesos enviados a estados y municipios.
Dinero entregado a través de los subsidios para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y de Policía Acreditable (SPA), política anticrimen que en los últimos 12 años se podría resumir en la impremeditación y el descabezamiento de los cárteles ajenos al favoritismo sexenal, provocando la proliferación de nuevas organizaciones delictivas, que azotan vastas regiones de nuestro país.
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De entrada el concepto de “pacificación” es un desventurado concepto, pues LOS MEXICANOS NO ESTAMOS EN GUERRA. Este belicismo es una postura unilateral del Gobierno- Presidente: primero Calderón, frustrado aspirante a soldado que armo está lucha mental para legitimar su Gobierno; y luego Peña, un improvisado y ambicioso funcionario, que la utilizó para dilapidar miles de millones.
Es por ello que el reto de AMLO– Presidente sin ambages, demagogias ni ocurrencias, es garantizarnos la viabilidad de una convivencia social libre de violencia; donde si bien es cierto son bienvenidas todas las ideas, frescas y maduras propuestas, la llamada Ley de Amnistía, Comisiones de la Verdad y la Mediación Social, no deben ser el eje fundamental de la estrategia.
En estricto rigor jurisdiccional, no deseamos planes de justicia alternativa ni mecanismos de acompañamiento mediático, necesitamos análisis académicos rigurosos y reflexiones sociales serias. La mal llamada Pacificación de la Nación, o mejor dicho “la Recuperación de la Paz Social”, nos obliga a cuestionar, que se pretende hacer y crear: ¿Olvido, Verdad o Justicia?, la tarea es titánica.
El daño es inmenso: miles de muertos, desaparecidos, mutilados y secuestrados; viudas, huérfanos y desplazados agraviados merecen más que la reparación del daño: económico, social y sicológico, no estamos para improvisaciones ni balandronadas. Somos víctimas colaterales de dos absurdos dementes, la Nación entera demanda una acción ejemplar para los culpables de hechos irreparables.
Perdón y olvido jamás, haber explíquenle a los millones de indefensos que han sido presas de estos sanguinarios?
Twitter: @Armando_Alcocer
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