Por Eduardo Ibarra Aguirre
En el gobierno de la cuarta transformación quedarán canceladas las condonaciones de impuestos antes de que concluya 2019, mismas que durante 18 años (con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) beneficiaron a un grupo de empresarios, anunció el presidente Andrés Manuel.
Para tan plausible propósito, López Obrador anunció que firmará un decreto mediante el cual renunciará a esa facultad, y en septiembre próximo, junto con el paquete presupuestal, enviará una iniciativa para la eliminación definitiva de esas condonaciones. Además dará a conocer el monto de las condonaciones aprobadas en cada uno de los tres sexenios anteriores. Recordó que el entonces recién creado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública reservó estos datos en el sexenio de Fox. Y recientemente varios de los empresarios beneficiados se ampararon ante el Poder Judicial para que no se dé el monto.
La oposición senatorial reaccionó con los reflejos primarios de los “contreras”, al establecer que “la medida violenta la Constitución e invade tareas del Legislativo”, en lo que coincidieron Miguel Osorio, del Revolucionario Institucional; Mauricio Kuri, por Acción Nacional; de Movimiento Ciudadano, el eterno Dante Delgado, y por el Partido de la Revolución, Ángel Mancera, archimillonario a costa del desastre que dejó en la capital, incluida la doble contingencia ambiental que tiene semiparalizada a la ciudad, amén de la insuficiente reacción del gobierno de la Ciudad de México. Emergencia que ignoró la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con su marcha para ostentar que está ayuna de sensibilidad política y humanitaria.
Por fortuna México tiene grandes constitucionalistas como Diego Valadés quien consideró que la decisión presidencial “es muy buena”. Y explica el exministro de la Suprema Corte que la posibilidad de condonar impuestos es una facultad de ejercicio potestativo, lo que significa que el jefe del Ejecutivo puede o no ejercerla, a su arbitrio. Se trata de una facultad inconstitucional, adoptada en el periodo de la hegemonía de partido (“prácticamente único”, Carlos Salinas, dixit), porque permite que el presidente modifique la Ley de Ingresos.
De acuerdo con Iván Benumea y Javier Garduño, autores del estudio Privilegios fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos, publicado en 2016 por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, menos de 1% de los contribuyentes acumula más de 30% de las condonaciones fiscales, lo que exhibe una “clara concentración de dicha ayuda en beneficio de grupos minoritarios, sin que además haya certeza de si realmente la necesitan”. (La Jornada, 15-V-19).
En 2015, bajo el gobierno que presumió hasta la náusea “Mover a México”, a 15 personas morales se les perdonaron cobros de impuestos por 15 mil millones de pesos, esto es, 0.26% de los contribuyentes acumuló 31% del total de las cancelaciones de cobro.
Y en 2013, también bajo Enrique Peña Nieto, 15 contribuyentes fueron beneficiados con la condonación de sus créditos fiscales, a pesar de que ya habían recibido esa misma ayuda en 2007. Debido a lo anterior y sumando ambos años, el SAT dejó de cobrarles ¡46 mil millones de pesos!
De por sí los “machuchones” (los dueños de México y de la aldea global) no cumplen con Hacienda en sus obligaciones, invierten en paraísos fiscales y los gobiernos del PRIAN (1982-2018) les condonaban impuestos, y en otros casos les regresaban millonarias cantidades con o sin juicio de devolución de impuestos, a cargo de abogados como los del despacho del grandilocuente latifundista Diego Fernández de Cevallos y de sus colegas panistas.
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