Por Eduardo Ibarra Aguirre
La estrategia del gobierno de la cuarta transformación para enfrentar la inseguridad pública que atenaza al país desde el octenio de Carlos Salinas (1986-94), y no a partir del sexenio de Felipe Calderón quien fue rebasado con la guerra con que buscó legitimarse en Los Pinos, como antes lo hizo la Hormiga Atómica, “podría arrojar resultados en un plazo de seis meses, cuando los programas sociales operen plenamente y entre en funcionamiento la Guardia Nacional”. Además de poner fin al contubernio entre delincuentes y autoridades.
La afirmación del presidente Andrés Manuel fue presentada en el puerto de Veracruz, descubierto hace cinco siglos y gobernado ahora por Fernando Yunes Márquez, el hijo de papi Miguel Ángel, no es ni con mucho tan categórica para que analistas como Elisa Alanís y Marcela Gómez Zalce la saquen de contexto para concluir que López Obrador se “puso la soga al cuello” (Julio Astillero, Radio Centro, 22-IV-19).
El “podría” de AMLO fue condicionado a la conjunción de tres elementos indispensables (GN, programas sociales y fin del contubernio) los que seguramente de no producirse alejarán el objetivo anhelado por los mexicanos, con excepciones que están a la vista, la oposición partidista y legislativa, más la primera que la segunda, que insiste en políticas ratoneras, y los estrategas como Jorge Castañeda que no acaban de asimilar la espléndida derrota de julio de 2018 y en un desplante adolescente grita que “no hay estrategia nueva”, todo se reduce a “un cambio de uniforme” (Es La Hora de Opinar, 22-IV-19).
Por segundo día consecutivo (22 y 23) AMLO adjudicó la inercia de la violencia criminal que ya produjo el primer trimestre más mortífero en dos sexenios, a la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto al que no mencionó por su nombre como es habitual. “Va hacia arriba desde la época de Calderón, en que se desató. ¿Qué estamos haciendo? Estamos empezando a estabilizar, que ya no continúe la tendencia al crecimiento. Estamos estabilizando”.
Y el 77.5% de los encuestados por Opinión Pública, Marketing e Imagen para SDP Noticias estiman que los hechos de Minatitlán “son heredados de políticas anteriores” y 22.5% que “son responsabilidad de la actual administración”. Cierto, no se pueden alterar tendencias predominantes durante tres décadas o 12 años en cuatro meses, ni aquí ni en China.
Todo ello en el contexto de la emblemática matanza de Minatitlán –en la que muchos colegas sobreactúan–, y la tardía e insuficiente “reacción presidencial” por un “error grave de comunicación” al decir de los analistas con menos fobias hacia AMLO. De las filias no comentamos hoy. El hecho es que este fin de semana el presidente visitará Mina (donde vive Cecilia Méndez Zamora) y Coatzacoalcos, la tierra de Fausto Fernández Ponte.
El titular del Ejecutivo federal lo explicó en su estilo que tanto irrita a los adversarios y en ocasiones con razón: “Lo que pasa es que los de la prensa fifí… empezaron a decir que por qué yo no respondía… Me andan cucando. Puse un tuit sobre el Sermón de la montaña, y eso les molesta también mucho, parece mentira. Y les molestó más el de los hipócritas, el de los sepulcros blanqueados, porque la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Querían que yo dejara eso. Sí, pero yo soy dueño de mi silencio y no voy a ser rehén de nadie”. ¡Sopas!
Observo fuera de lugar y momento el espaldarazo al gobernador Cuitláhuac García quien acaso lo merece, sólo que importaban más los compromisos y tareas para afrontar el reto de Mina y dejar muy claro que todo tiene un límite, que existen rayas trazadas por el Estado y que el crimen organizado, incluido el de cuello blanco, no puede y no debe traspasarlas sin pagar un costo muy alto.