Opinión. CARLOS RAMOS PADILLA
El presidente en una abierta terquedad insiste en una reforma al Poder Judicial sin entender lo peligroso que esto resulta. Sus ideas reformistas rayan en lo absurdo al pretender disminuir o desaparecer la fuerza de los poderes de las Unión. Ya logró doblar por completo al legislativo aplicando una de las fórmulas más nocivas y anacrónicas del pasado: el mayoritario.
Así como muchos se dejaron comprar para votar sin meditar en la trascendencia de la decisión, así algunos personajes, la mayoría de diputados morenistas, permanecen sumisos ante el presidente sin considerar los fuertes daños que en un futuro cercano se pueden registrar. Una de las reformas más importantes es la del Poder Judicial de la Federación. De siempre AMLO ha exhibido su abierto rechazo a la Suprema Corte de la Nación, su misóginia, su afán de control, su urgente idea por concluir con su autonomía y la propuesta de imponer impartidores de la ley a su modo e interés personal.
El presidente ha luchado por desaparecer a la autonomía universitaria, a los órganos autónomos y demeritar la categoría y fuerza del Poder Judicial, nada más insensato para una democracia libre y ejemplar. Eliminar al INAI es suponer que estaremos aislados de la información más relevante que nos interesa a todos. Es saber cómo son los manejos de nuestros recursos.
Es proteger nuestros datos personales. Es evitar, como lo hace a su antojo el presidente, que se “reserve” la información por años. Por ello estas dos instituciones deben prevalecer además de otras que con su quiebre, o no el INE, dan marcha atrás a avances significativos logrados por la misma sociedad.
El antes IFE ciudadanizado fue secuestrado por los políticos y sus partidos y ya vimos las consecuencias. Se cuidan o destruyen entre sí sin dar importancia al mandato social. Eso pretende ocurra en la Suprema Corte hoy bajo la presidencia de una mujer, Norma Piña, de excelente es cartas de presentación y de innegable honorabilidad. Poner a un supuesto debate la reforma judicial es un mero discurso mediático que a nada conduce.
Los más sabios, doctos y preparados personajes e instituciones en la materia han dejado muy clara su posición de rechazo. Lo mismo ha ocurrió con los órganos autónomos que por escrito han demandado atención de Claudia Sheinbaum. Estamos pues llegando a un esquema inútil de confrontación en donde incluso está en juego el historial laboral de miles de trabajadores. Aseveraciones como aquella de “no me salgan con que la ley es la ley”, o “no denuncien es perder el tiempo “ retrata en fondo y forma el por qué de las pretendidas modificaciones.
Si hay lugar a corrupción dentro del Poder Judicial que se ofrezcan los elementos,se abra la investigación correspondiente, se denuncie y se sancione. Si se trata de buscar celeridad, compromiso y cumplimiento, que se modifiquen las mecánicas de trabajo para evitar burocratismo. Pero no se puede acusar de ilícitos e irregularidades de un poder a otro cuando el sancionador tiene mucho que explicar de las fuertes sospechas de corrupción en sus filas.
No necesita México de instituciones amputadas, cojas, manipuladas, arrollidadas a elecciones o encuestas disfrazadas. Los personajes deberán llegar al cargo, a cumplir con sus responsabilidades cumpliendo con códigos de honor, mostrando méritos,eficiencia , honorabilidad y talento, mucho talento. Proponer sus nombramiento por apuestas o tómbolas callejeras es un primitivismo insultante. Sabemos que hay legisladores que no saben ni cuántos articulados presenta la carta magna o que son asquerosamente neófitos de las leyes, y ahí están, por conveniencia del patrón. Debemos defender a las instituciones no mandarlas al diablo, buscar su perfección, su calidad, su fuerza, eso nos hará mejores.
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