Opinión BEATRIZ PAGÉS
La reforma electoral presentada por el gobierno tiene un claro objetivo: impedir que haya alternancia en el 2024. López Obrador enfila todos los recursos del Estado para que Morena se mantenga en el poder y pueda imponer a su sucesor.
De la A a la Z la propuesta es un catálogo salido de las peores dictaduras electorales. Más que una regresión, su aprobación pondría a México en la órbita de los países unipartidistas con presidencias vitalicias y donde los órganos electorales están controlados por el autócrata.
López Obrador debe haberle dado a Pablo Gómez, —titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y uno de los autores de la reforma—, una instrucción precisa: desaparecer al INE, someter al tribunal electoral y aniquilar a los partidos de oposición.
La iniciativa huele al más rancio y funesto autoritarismo. Gómez seguramente pidió asesoría al gobierno de Nicolás Maduro para que le ayudaran a armar un modelo antidemocrático tipo chavista donde el ciudadano sería un engranaje más de la maquinaria electoral al servicio del régimen.
El presidente aspira a ser el gran elector. Pretende institucionalizar el “dedazo” para decidir quién debe sucederlo, ser gobernador o diputado. Quiere hacer del nuevo órgano electoral una oficina apéndice de Palacio Nacional y tener un consejero presidente que sólo esté atento a sus instrucciones.
Eso explica por qué quiere eliminar a los OPLEs (organismos públicos locales) y centralizar la organización de las elecciones en un órgano federal que esté bajo su control. Eso explica también la idea de que los consejeros sean elegidos mediante voto popular y a sugerencia de tres instancias gubernamentales sometidas a su mandato: el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo Federal.
Se trata de una iniciativa que quiere entregar a Morena el monopolio del poder y de la sucesión presidencial. De ahí que busquen eliminar el financiamiento ordinario a los partidos de oposición a sabiendas de que Morena seguirá siendo subsidiado por el gobierno. Se trata de convertir al PAN-PRI y PRD en partidos parias en vías de desaparición.
Lo que más destaca de la reforma es que no hay una sola línea para impedir la participación del crimen organizado en los procesos electorales. La elección del 2021 demostró que Morena está cada vez más cerca de ser un “narco partido” y la propuesta oficial abre precisamente las puertas para que cada asociación política se convierta en una “lavadora de dinero” al hacerlas depender especialmente del apoyo social o ciudadano.
Esto refuerza la sospecha de que el gobierno pretende ganar el 2024 con ayuda de los grupos criminales que se han beneficiado de la política de “abrazos no balazos” y que le dieron a Morena la mayor parte de las gubernaturas que estuvieron en juego hace un año.
Si la reforma electoral de López Obrador es aprobada, la democracia mexicana quedaría atrapada entre dos hegemonías. Entre el autoritarismo del presidente y el poder del crimen organizado. Es evidente que fue redactada para impedir la alternancia y garantizar la continuidad de un régimen fracasado. Se trata de reventar el 24 al costo que sea.
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