Opinión. RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
No es la primera ocasión que un gobierno autoritario muestra sordera a las exclamaciones de protesta de sus gobernados.
El actual como las anteriores administraciones se cierra a los reclamos callejeros y ni siquiera atienden las decisiones judiciales.
Se amparan en que el pueblo les concedió su voto y la toma de decisiones corren por su cuenta.
De ahí la necesidad de apurar las cosas en el Congreso de la Unión, para aprobar la reforma judicial, confiados en que no hay poder humano que detenga el regalo que le desean hacer al Presidente López Obrador antes de que se vaya.
Saben que los votos los tienen y que ni siquiera habrá necesidad de discutir los dictámenes aprobados en comisiones.
La reforma judicial va, quieran o no los opositores, ya que su minoría no significa nada. En la Cámara de Diputados les sobra una mayoría calificada por mucho y en el Senado cualquier opositor que no llegue o no vote les dará esa aplastante mayoría.
Sin embargo, el meollo no está ahí, ya que eso se tiene asegurado, lo que quieren es evitar más manifestaciones o que estás crezcan y las protestas contagien a ciudadanos que se muestran parcos en participar y que, tal vez, eso les mueva a salir a las calles.
Y es que las protestas tampoco han significado nada, ni siquiera sirven para que las autoridades se interesen en el fondo de las protestas.
Durante el presente sexenio miles de ciudadanos han salido a las calles, sin que sus reclamos sean atendidos.
Las madres buscadoras son un ejemplo de ello, tampoco otro tipo de protestas y a la mayoría de ellos les dan atole con el dedo. Prometiendo que sus asuntos serán atendidos como tampoco solucionan los delitos por asesinatos, sean por la vía del crimen organizado o rencillas de todo tipo.
El asunto de la reforma judicial algunos lo ven como una revancha presidencial en contra de los ministros de la corte, luego de que no fue aceptada la prolongación del mandato del entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar y elegir a Norma Piña como la sucesora de Zaldívar, cuando la sucesora elegida desde fuera del clan de ministros era Yasmín Esquivel, cercana a la 4T y al propio Presidente López Obrador.
la decisión de los ministros fue vista con recelo desde Palacio Nacional y la situación empeoró cuando la presidenta de la Corte, Norma Piña se quedó sentada en la ovación que se le daba al Presidente de la República en ocasión del aniversario de la Constitución y la grieta se ensanchó cuando los ministros declararon inconstitucional el hecho de que la Guardia Nacional pasara a ser un apéndice de la secretaría de la defensa Nacional, lo que ahora ya se aprobó.
Fue entonces cuando se decidió ventilar que en el Poder Judicial hay muchos jueces corruptos y que la justicia se aplica a contentillo de los juzgadores, dejando un fétido olor a podredumbre.
Por eso el Presidente envió un paquete de reformas al legislativo el pasado cinco de febrero y confiando en que su partido obtendría la mayoría legislativa necesaria para ello, lo que ocurrió el pasado dos de junio.
Ahora los obsequiosos diputados y senadores le harán un regalo de despedida al Ejecutivo federal con la aprobación de la reforma judicial y al paso de los años se sabrá si fue acertado o no.
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Comenzaron a surgir los saltimbanquis de la política, los que ya en ejercicio de su cargo legislativo saltan al mejor postor. Primero fueron quince diputados que fueron prestados por MORENA al Verde que ya regresaron al redil, dos senadores del PRD que se anexaron a MORENA y ahora en el Congreso una perredista, otra priista y un panista dejaron a los respectivos partidos que los llevaron a esa instancia, para sumarse al carro triunfador de MORENA. Ni siquiera vale la pena mencionar sus nombres.
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Ramón Zurita Sahagún
www.revistapersonae.com
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