Por Eduardo Ibarra Aguirre
No pocos comentaristas e incluso expertos en las fuerzas armadas, coinciden en la existencia de un creciente malestar en éstas, después del llamado jueves negro (17-X-19) de Culiacán, magnificado como si no existiesen precedentes como el de Allende, Coahuila, donde del 18 al 20 de marzo de 2011 fueron asesinados por Los Zetas más de 300 habitantes, niños incluidos, con el apoyo de cuerpos policiacos y la ausencia de Jorge Torres López, gobernador interino en sustitución de Humberto Moreira para que presidiera el PRI. Autoridades que ignoraron 1 451 llamadas telefónicas de auxilio y hechos ocultados por Felipe Calderón y Enrique Peña con la alcahuetería de la mediocracia, los expertos y comentaristas que por fortuna hoy se muestran sumamente interesados por los graves hechos de la capital de Sinaloa. Todo esto en una población de 23 mil habitantes y a 50 kilómetros de la frontera con Texas.
Analistas como Héctor Aguilar Camín no tienen empacho en reconocer sin inmutarse que especulan, pues carecen de información bien por la naturaleza misma de las fuerzas armadas de México o porque el mando castrense del presidente Andrés Manuel la niega. El historiador y novelista de plano le llamó al programa donde se despeinaron Jorge Castañeda, Leo Zuckermann y sobre todo Macario Schettino, “Es la hora de especular” en lugar de Es la Hora de Opinar. Y el doctor Macario todo lo redujo a un problema de entrega de más recursos públicos al Ejército y juró que para eso es el aeropuerto Felipe Ángeles, “y quien piense que se construirá se equivoca”. Así se puede entender el apodo de “cretino” que le aplican.
Algunos expertos plantean que las fuerzas armadas “necesitan mayores recursos y personal operativo para darse abasto en las numerosas tareas” que les encarga el gobierno. “Enfrentan un fuerte desgaste”, asegura César Gutiérrez Priego (Excélsior, 29-X). En tanto que Javier Oliva Posada estima que es una institución que “está siendo sobrexpuesta y en esa proporción está la incapacidad, inutilidad o insuficiencia de las autoridades civiles en la materia”. Ambos prevén que no se negarán a cumplir cualquier tarea encomendada, aunque pueden empezar a registrarse deserciones. A este investigador muy cercano a la Sedena de Peña, le escuché afirmar que en Tlahuelilpan, Hidalgo, hubo 500 muertos y no 137 como informaron las autoridades, durante las explosiones del 18 de enero. Imposible no registrar que el doctor fue dirigente del Revolucionario Institucional con “mi amigo Roberto” (Madrazo Pintado).
Esto es, que en la disputa política envuelta en análisis académico no existen límites cuando se trata de abrirle paso a las oposiciones partidistas que no atinan a desempeñar un papel significativo más allá del Congreso de la Unión.
Lo cierto es, si nos atenemos a lo afirmado por el general Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Sedena, el 3 de octubre durante un encuentro de autoridades mexicanas con representantes de Estados Unidos, que: “La Secretaría de la Defensa Nacional vive un proceso de desgaste muy fuerte, lo que ha obligado a redoblar los esfuerzos para cumplir con las tareas asignadas, que incluyen combate al narcotráfico (intercepción aérea, terrestre y de localización y destrucción de enervantes), huachicoleo, operaciones de contención de migrantes, tareas de ayuda humanitaria (Plan DN-III-E), además de labores de construcción de nuevas instalaciones como el aeropuerto de Santa Lucía, lo que ha colocado a la institución castrense en una situación en la cual el personal que posee sólo le permite tener despliegues operativos de un mes (La Jornada, 27-X).
Nada más, pero nada menos. Y esto plantea nuevos y mayores retos para el general secretario, el almirante secretario y el comandante supremo de las fuerzas armadas.
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