Por Eduardo Ibarra Aguirre
Si se respetan los criterios que en materia de comunicación social fueron dados a conocer por el presidente Andrés Manuel y el director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, con seguridad pasarán a formar parte de la historia negra de la pervertida relación Estado-medios, el conjunto de criterios, normas y sobre todo prácticas enraizadas y que pueden sintetizarse en la frase “No pago para que me peguen”.
Atribuida con razón la máxima al presidente José López Portillo, pero seguida al pie de la letra por sus antecesores y superada con creces por los sucesores desde Miguel de la Madrid (quien tenía a Rafael Cardona como escribano en Excélsior para que atacara a sus adversarios desde la comodidad del seudónimo) hasta Enrique Peña Nieto.
No redacto de oídas ni por lecturas siempre ilustrativas, sino por experiencia propia como editor de la revista Forum, fundada en agosto de 1991 y de la que me ocupé desde el 92 y hasta octubre de 2010, cuando desapareció bajo la consigna de Maximiliano Cortázar de no entregarle publicidad, quien vigilaba que sus órdenes y las de Felipe Calderón se acataran. Una docena de medios, honrosamente encabezados por Forum, no tenían acceso a la publicidad. “Estás proscrito”, me mandó decir un comunicador oficial.
Y antes hubo hostigamiento de los secretarios de la Defensa Antonio Riviello y Enrique Cervantes durante 1993-2001, enseguida el gobernador mexiquense Peña Nieto canceló una pauta por la cabecita de portada en el número 167 (junio de 2007): “Operación venganza de Peña N.” (Sobre los sentenciados de Atenco), con la firma de Pablo Cabañas Díaz y también el Instituto Nacional Electoral por “publicar una foto que no favorece al consejero presidente Luis Carlos Ugalde”. La excepción fue el gobierno de Vicente Fox Quesada, a pesar de que en junio de 2010 (número 90) aseguramos: “Fox no la ocupará” y tras el titular la silla presidencial.
Pero hablamos de los criterios que publicados en el Diario Oficial de la Federación constituyen materia obligatoria en cuanto a la distribución equitativa de la publicidad oficial: transparencia para que se sepa quién es quién en los pagos, promoción en base a campañas y no anuales como siempre fue, reducción presupuestal del 50% (4,711 millones de pesos) respecto a 2018 con el derrochador Peña, cantidad que no se moverá “no se va a pedir ninguna ampliación y se va a mantener por primera vez lo aprobado en el Congreso”.
Más aún, la nueva política de comunicación social no utilizará los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio, ni el presupuesto será un mecanismo de coerción o castigo, éste “tendrá una distribución horizontal” y el gobierno evitará la concentración en unos cuantos medios “como sucedió en el pasado, “que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes, expuso López Obrador en la mañanera del miércoles 17 en Palacio Nacional.
Ramírez Cuevas, el titular del ramo, preciso que a la hora de la distribución de la publicidad tomarán en cuenta el alcance, el share (la participación de la audiencia en el total de la gente que está con aparatos encendidos) y el rating (porcentaje de personas alcanzadas por un programa de la población potencial que podía verlo). En los medios impresos será la participación de lectores sobre el total de respuestas, esto tiene que ver con los tirajes, con las ventas. En ningún caso un solo medio concentrará más del 25% de los recursos destinados a una campaña y a diferencia del pasado, se utilizarán los tiempos oficiales al 100% como hasta hoy.
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