Opinión. RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Es cierto que los problemas de inseguridad y violencia no son nuevos en México, peo también lo es que, hasta ahora, ningún gobierno de las tres más recientes décadas ha encontrado una solución a dichos problemas.
Atrás quedaron los tiempos en que los gobiernos mexicanos se ufanaban de que el país no se habría de colombianizar.
El país sudamericano pasaba por una difícil etapa en que los cárteles imponían la ley del terror por todo el territorio nacional y la guerrilla amagaba al mismo tiempo.
Los tiempos han cambiado y en Colombia se ha reducido la violencia, mientras que en México sigue creciendo y el actual gobierno no ha encontrado una fórmula para reducir los índices de inseguridad y violencia.
Se han adoptado algunas medidas que no han contribuido en nada al descenso de los dos fenómenos y cada vez se reproducen los delitos y se suman unos más.
Nada que ver con aquello de que los crímenes y las masacres eran cometidos por los grupos en pugna de la delincuencia organizada.
Estos se han fragmentado y la disputa por los territorios en control de unos y anhelados por otros, se vuelven campos de batalla.
Cada semana aparecen informaciones de nuevas masacres que ya no se reducen a unos cuantos estados del país, sino que se reproducen en racimos en Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Sonora, Colima y otros más.
Los delitos que antes se circunscribían a narcotráfico, siembra y trasiego, secuestros y enfrentamientos entre ellos mismos, ahora se ampliaron a chantajes, extorsiones, cobro de piso y otros más.
En algunas entidades del país la pepena es muy grande y ningún comerciante parece salvarse de ser coaccionado, sin importar el tamaño de su negocio o el lugar en que se encuentre.
La Guardia Nacional ha mostrado poca eficacia, además de que carece de dientes para operar la detención de quienes infringen la ley, pero también de la prevención de los ilícitos.
Siempre llegan tarde a los sitios de los enfrentamientos, ya con los hechos consumados y hasta con un par de días de retraso.
Pero no solamente se trata de la prevención del delito, sino también se requiere de la investigación de los mismos y la oportuna detención de los responsables.
Son muchos los municipios, especialmente los pequeños, en donde no hay policía y donde existen carecen de equipo y capacitación adecuada para evitar masacres, robos, asesinatos, asaltos, extorsiones, secuestros y toda clase de delitos.
La acumulación de expedientes rezagados completamente es inmensa y hasta ahora no se conoce de algún caso en que se investigue y se logre la captura de los criminales.
Con excepción de un par de contados casos en que se actuó contra responsables de corrupción y desvío de recursos, nada más se ha conseguido en la lucha contra el clima o en la de erradicar la violencia y la inseguridad.
El quinto año de gobierno federal siempre es uno de los más difíciles, ya que la atención se encuentra puesta en la sucesión presidencial y muchos personajes olvidan sus responsabilidades en aras de sumarse al equipo que piensan será el ganador.
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Febrero del año próximo es la fecha prevista para la aprobación del Plan B de la reforma electoral, ya que es cuando inicia el nuevo período ordinario del Congreso de la Unión. Se piensa que no tendrá problemas para ser aprobada y se advertirá si queda tiempo para que la Corte emita un veredicto sobre la posible inconstitucionalidad de su articulado…Los próximos días se podría conocer las causas y los responsables del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Se espera que así sea, para evitar suspicacias de todo tipo.
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