Por: Francisco J D´Angelo Ohep.
Serguéi Magnitsky, abogado ruso, representaba al fondo de inversiones británico Hermitage Capital Management en Rusia durante el robo de 250 millones de dólares. Bill Browder, director general del fondo, describió estos hechos en su libro «Orden de Embargo» en 2022. Previamente, en 2005, Vladimir Putin ya había declarado a Browder como amenaza para la seguridad nacional y lo expulsó de Rusia, lo que añadió complejidad al caso.
Esta historia, digna de cualquier empresario expropiado y robado por un régimen comparable con el de Maduro en Venezuela, en donde las empresas de Hermitage fueron expropiadas y el dinero pagado en impuestos en el año 2006 por la cantidad de 250 millones de dólares, fue solicitado en devoluciones pagados a otras compañías. Por tanto, Hermitage Capital fue declarado culpable por este fraude, gracias a la intervención de funcionarios rusos y mafiosos, el dinero terminó en cuentas de compañías en New York y en paraísos fiscales a nombre de un amigo de Putin, el músico Serguéi Roldugin.
Fue entonces el abogado Magnistky, quien valientemente probó el delito, pero más tarde fue arrestado, torturado y envenenado tras un año de detención, lo que resultó en su muerte en 2009. Toda la historia se encuentra bien documentada en el libro, donde las investigaciones apuntan a Putin, además, con un saldo en intentos de homicidio y lavado de dinero con ramificaciones en Europa y Estados Unidos. No obstante, Putin no se percataba de que este asunto afectaría a dictaduras que él apoya en el sur global, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, debido a la evidente violación de Derechos Humanos y falta de justicia en estos países.
Como resultado de este caso, surgió un consenso en el Congreso Norteamericano, dando lugar a la creación de la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad en Derechos Humanos, aprobada en el año 2012. Inicialmente, esta ley se aplicó exclusivamente a funcionarios rusos involucrados en la custodia y muerte del abogado Magnisky. Posteriormente, su alcance se extendió y aplicó también a funcionarios nicaragüenses del régimen de Ortega. Aunque en un principio la ley solamente era aplicable a funcionarios, se ha ampliado y actualmente aplica a colaboradores que se ha demostrado que han apoyado, financiado o respaldado a los individuos sancionados.
Los individuos sujetos a sanciones no se limitan únicamente a funcionarios rusos; también incluyen a figuras de Cuba, El Salvador, China, Guatemala, Guinea, Irán, Malí, Filipinas, Nicaragua, la Región Autónoma del Tíbet y, por supuesto, Venezuela, entre otras naciones. La Ley Global Magnitsky, aprobada en Estados Unidos en 2012, penaliza a aquellas personas que hayan perpetrado o estén involucradas en homicidios extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos. Con el paso de los años, esta ley fue adoptada por Canadá en 2017, la Unión Europea en 2020 y el Reino Unido en 2020.
Definitivamente, es una costumbre en el tercer mundo que los líderes gubernamentales eviten el cumplimiento de las leyes. Tanto esta práctica, como la denominación «tercer mundo», no es reciente, ya que fue utilizada por primera vez por el economista francés Alfred Sauvy en la década de 1950 en su artículo «Los Tres Mundos, un planeta», publicado por la revista francesa L’Observateur el 14 de agosto de 1952. En este contexto, el tercer mundo representa a las naciones subdesarrolladas, explotadas y supuestamente olvidadas por el primer mundo capitalista y el segundo mundo comunista. Los paíse del tercer mundo se caracterizan por la falta de democracia, oportunidades, respeto a los derechos humanos, acceso a empleo digno, alimentos y medicamentos, cuyos problemas han alcanzado dimensiones pandémicas, persistiendo y empeorando durante más de una década, aún sin solución. Ejemplos notorios son Venezuela, Nicaragua y Cuba, por lo que la Ley Magnitsky se dirige a los responsables del problema: los corruptos violadores de derechos humanos que gobiernan estas naciones y sus socios.
En México, la Ley Magnitsky se utilizó por primera vez el 17 de mayo de 2019 en contra del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, su esposa, sus hijos mayores de edad y cómplices. Bajo la jurisdicción de la ley, se les acusó por llevar a cabo graves actos de corrupción, desvíos de activos estatales y aceptación de sobornos por parte de organizaciones narcotraficantes mexicanas como el Cártel De Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sin duda, cuando hablamos de corrupción y violacion a los derechos humanos, el régimen en Venezuela encabezado por Nicolás Maduro Moros, es campeón en las Américas. Dado que, este régimen ha acumulado el mayor número de sanciones, entre ellas, incluyendo al mismo dicator. Asimismo, entre los sancionados se encuentran: Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de Maduro; Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta del régimen; Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa; Gómez Adán Coromoto Chávez Frías, embajador de Maduro en Cuba y hermano de Hugo Chávez; Tarek William Saab Halabi, Fiscal General designado por una Asamblea Constituyente ilegal; así como funcionarios de otros poderes bajo el control del régimen, como Maikel José Moreno Pérez, presidente actual del Tribunal Supremo de Justicia, el ex Vicepresidente de Maduro Tareck Zaidan El Aissami Maddah y decenas de otros funcionarios que, en lugar de una carrera administrativa, tienen un prontuario policial internacional.
Cabe mencionar, que existe un caso de un fotógrafo venezolano llamado Miguel José Leone Martínez, quien ha sido señalado en medios de comunicación por ser amigo del famoso boxeador mexicano Saúl “El Canelo Alvarez”. En este caso, se acusa a Leone por reclutación de modelos y participantes de concursos de belleza, en su mayoría venezolanas, para forzarlas a la prostitución en México y otros lugares. En mi opinión, es la demostración de cómo la degradación moral de un país tiene efectos globales. Cabe destacar que este oscuro personaje también ha sido objeto de sanciones.
La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, representa un avance en la lucha contra los dictadores y sus cómplices. Dicha ley, hace un llamado de atención a la falta de un sistema judicial independiente, sólido e institucional en países tercermundistas, evitando así que las dictaduras lleguen y se mantengan en el poder.
El autor Francisco J. D´Angelo Ohep, es Director Legal de Venemex, Asociación de Venezolanos en México, A.C, abogado por la Universidad Santa María de Caracas, Máster en Derecho Internacional por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y Doctor Honoris Causa.
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
