Por Eduardo Ibarra Aguirre
La organización británica con un capítulo en México, Artículo 19 denunció el domingo 21 que dos sujetos allanaron el domicilio de la defensora de los derechos humanos (de los niños y las mujeres) y periodista Lydia Cacho para robar equipo de trabajo y material periodístico, además de matar a una perra que protegía la casa y otra fue envenenada.
Los agresores irrumpieron al domicilio en Puerto Morelos, Quintana Roo, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma. Sustrajeron equipo de trabajo como una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil y 10 discos duros con información relacionada con casos de pederastia. Por fortuna, Cacho Ribeiro tiene respaldos de seguridad en el extranjero. Junto al robo, desordenaron su recamara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior.
Para el organismo civil se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión.
Como usted recordará, en diciembre de 2005 Lydia María fue secuestrada en Cancún, trasladada a la capital poblana y sometida a tortura, todo a cargo de un grupo que ella define como “una red que compra y vende niñas de diferentes países para explotarles en México, que lava dinero y financia campañas de gobernadores” (http://www.forumenlinea.com/index.php/27-revistas/forum-en-linea-372/687-la-historia-incomoda-que-no-quieren-contar)
Es un recuento resumido de lo que denomina “13 años de batalla contra la delincuencia organizada y el sistema político/judicial. Este 22 de junio de 2019, en plena 4T, de nuevo nombrada fiscal, Sara Irene Herrerías publicó una carta de cuatro folios en El Universal, respondiendo a un artículo de la periodista Elisa Alanís, admitiendo que ‘hay una red que protege a Mario Marín en Puebla y por ello no pueden detenerlo desde el 14 de abril, día en que salió la orden de aprehensión’”.
Por el contrario, a lo largo de los años retiran delitos del expediente, logrando ceñir el caso a “un juicio individual por tortura en mi contra; así ocultaron la delincuencia organizada de un cartel político empresarial dedicado a la esclavitud sexual de chicas y al financiamiento de partidos políticos”.
Anuncia Cacho en el texto que “próximamente liberarán al comandante José Montaño Quiroz, policía poblano sentenciado por torturarme; él me advirtió cuando me torturó: ‘si me acusa y voy a la cárcel, la voy a descuartizar, aunque sea lo último que haga’. Succar Kuri prometió asesinarme también, lo hizo frente al juez cuando testifiqué en su contra en el penal de La Palma”. Concluye la activista social: “Las redes de esclavitud humana funcionan así: vinculadas con un sistema político inamovible en el que se anuncian pequeños logros y se ocultan grandes fracasos prohijados por los poderes en turno”.
El mensaje enviado por los acérrimos enemigos de niños y mujeres rebasa, a mi juicio, lo intimidatorio para generar un efecto inhibidor en el activismo, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión de Lydia, quien hoy es una referencia aquí y en la aldea, como pondera la ONG. “Iban por ella”, concluyen expertos en seguridad.
A pocos días del primer aniversario del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y a casi cinco meses de la disculpa pública del Estado mexicano en que se reconocieron las violaciones a los derechos de la periodista y se comprometió a lograr una reparación integral del daño y todas las medidas para garantizar su vida, integridad y libertad de expresión, todos estamos éticamente obligados a exigir a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, se cumplan las garantías de no repetición, se garantice su seguridad y vida, y se sancione a los responsables.
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