Por Eduardo Ibarra Aguirre
Si los datos que brinda la jefa de Gobierno son veraces, esto es, que la movilización que colapsó durante cinco y hasta 12 horas a 22 avenidas de la Ciudad de México, fue protagonizada por el 0.4% de los concesionarios de taxis, en tal caso estamos ante un exitosísimo movimiento que con todo y ser más que minoritario sienta en la mesa de las negociaciones al subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, representantes de la Secretaría de Comunicaciones, así como de las autoridades capitalinas con dirigentes del Movimiento Nacional Taxista.
Dice más Claudia Sheinbaum, que la razón de los bloqueos, igual que el 4 de septiembre pasado, es porque “están enojados debido a las acciones que ha realizado la actual administración para acabar con la corrupción y garantizar la seguridad y la calidad del servicio”. A su juicio, “se terminó con el coyotaje” al digitalizar la revista vehicular y las licencias de conducir tipo B, con lo que se cerraron los centros de corrupción de El Coyol y La Virgen, el registro obligatorio de operadores y el desarrollo de una aplicación con botón de auxilio, que se ampliará para pedir el servicio mediante los celulares. Y sentenció que “la corrupción no se negocia”.
El monero Hernández –de los mejores junto a Helio Flores y Trino, despedido de El Financiero sin que se le ocurriera responsabilizar al presidente Andrés Manuel, como está de moda hacerlo–, apunta a Héctor Serrano Cortés (secretario general de Gobierno de Miguel Ángel Mancera en 2012-15 y secretario de Movilidad en 2015-17, y diputado federal), https://www.jornada.com.mx/2019/10/08/cartones/1 (“Mafia ruletera. No sólo estoy libre, también impune”). Imposible omitir que entre los que manejan flotillas de taxis se encuentra el expresidente del Revolucionario Institucional y actual diputado Enrique Ochoa Reza, entre otros.
Todo esto no explica la pertinencia de las demandas del MNT, haciendo a un lado los daños causados arbitrariamente a millones de capitalinos y que los dirigentes reconocen y tratan de justificar, así como el mal servicio que brindan y el malestar ciudadano con éste, aunque alegan que en ocho años la tarifa es la misma. “Las protestas se nos salieron de control, pues el acuerdo no era bloquear avenidas”, justifican y se victimizan: “Algunos dijeron que estarían dispuestos a perder la vida en este movimiento”. ¡Ah!
Los acuerdos pactados en Gobernación contemplan que los que colapsaron la ciudad –según ellos 150 mil taxistas apoyaron el movimiento en 28 entidades, cuando existe registro periodístico de cinco ciudades de cuatro estados–, son: no realizar más bloqueos y podrían prestar sus servicios a través de una plataforma digital similar a las que originaron su protesta, e iniciar un estudio jurídico que analice si son legales las aplicaciones que los concesionarios consideran injusta competencia, como son Uber, Didi y Cabify. La idea es armonizar las disposiciones legales para que el transporte de este tipo se ofrezca en igualdad de condiciones.
“Las plataformas en sí mismas no son ilegales, pero sí lo es prestar el servicio de alquiler sin tener la concesión para ello y que es como actualmente funcionan”, enfatizaron los dirigentes del pequeño pero muy exitoso grupo MNT.
Llama la atención que los choferes (“socios”) de Uber, Cabify y Didi, así como los propietarios de flotillas de taxis privilegian la precarización del trabajo y niegan derechos laborales básicos. Es urgente, entonces, la protección de los trabajadores, a quienes ni unos ni otros suelen reconocer.
El hecho de que los taxistas tradicionales compartan la situación laboral de los choferes recién llegados, debería moverlos a dejar de verse como enemigos y registrar que es mucho lo que pueden avanzar unidos.
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