Por Ramón Zurita Sahagún
Comentaban secretarios de Salud de sexenios pasados que el modelo del Seguro Popular era muy adecuado, siempre y cuando los gobernadores de los diversos estados no desviaran los recursos destinados a esa institución.
Era un secreto a voces que se ha confirmado en los tiempos recientes que el presupuesto no se ejercía en ese terreno y que los mandatarios estatales hacían y deshacían con dichos recursos, siendo los proveedores de medicamentos los que resultaban perjudicados al pasar sus adeudos de una a otra administración estatal.
Eso mismo propició que los laboratorios y distribuidores incrementaran sus ganancias a costa del erario, pues a falta de pagos, inflaban los precios, para obtener ganancias, sin importarles, en muchos casos, si les cubrían o no las deudas del pasado.
Varios estados resintieron en el pasado problemas en el sector salud. Se recuerda como en el cambio de gobierno en Tabasco, de un gobernante priista a uno del PRD, la crisis de pagos a trabajadores y proveedores, ocasionó que la entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan acudiera a Tabasco unos días antes de la toma de posesión del nuevo gobernador para paliar los efectos de dicha crisis, donde la carencia de medicamentos para curación y de pagos de los trabajadores hundía en caos a la entidad.
Seis años después el efecto fue el mismo, la esposa del gobernador saliente, fue retenida, para que el gobierno pagara salarios y atendiera la crisis de salarios y medicamentos en los hospitales del estado.
En Veracruz sucedió algo similar, cuando se dio la alternancia de un gobierno priista a uno surgido del PAN y ante la escasez de pagos a proveedores de medicamentos, los empresarios tomaron el palacio de gobierno para exigir sus pagos.
Surgieron versiones que se consideraron leyendas urbanas, en las que se asentaba que durante el gobierno priista, se alteraban soluciones y medicamentos que eran cambiados por simple agua azucarada, lo que desató una polémica, donde finalmente no se logró aclarar el asunto.
Como esos estados, otras entidades del país resquebrajaron sus esquemas de salud, ante el abuso de los gobernantes que dejaban abundantes deudas en materia de medicamentos y en otros casos como en Chiapas y Campeche, se construían hospitales que no contaban, en algunos casos, con equipo y en otros si lo tenían, pero no médicos o al revés.
Quintana Roo revelaba dispendio en todos los sentidos, con pagos exorbitantes para los consentidos del gobierno en curso.
En otras entidades del país, el fenómeno se repetía, ya que era patética y abusiva la forma de operar, por lo que en esta ocasión, decidieron innovar en la materia.
Y es que el diseño del Seguro Popular fue objeto de críticas severas, aunque la realidad mostraba que las deficiencias venían de las acciones de los gobernantes y no del modelo ejecutado.
Con todo y ello se decidió adoptar otras medidas que permitieron la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el que presenta fallas de todo tipo e incluso carece de personal adecuado para operarlo, aunque se establece que para el rimero de diciembre entrará en vigor al 100 por ciento la gratuidad en los servicios que presta y los medicamentos que deberá proporcionar.
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